Las campañas presidenciales y las campañas al Congreso, ni se diga, le dan atención marginal a los desafíos del desarrollo sostenible en un país como Colombia, caracterizado por su enorme riqueza natural. Pero además de sus riquezas, con una deuda acumulada al privilegiar un modelo de desarrollo insostenible, predador y cortoplacista.
No basta la difusión en campaña de declaraciones “políticamente correctas” y sí de un verdadero compromiso con un modelo de sociedad respetuosa con el entorno, bajo criterios de consumo responsable y de estímulo a una economía verde o de bajo carbono.
La exuberante naturaleza que disfrutamos los colombianos es el principal componente del patrimonio de nuestra nación. En consecuencia, el principio de que los recursos públicos son sagrados debería incluir a los recursos naturales por su carácter finito y sobre todo porque son sustento de la vida.
Para lograrlo, es necesario impulsar nuevos modelos de producción y consumo que reduzcan el desperdicio, la degradación de los ecosistemas, promocionen la justicia ambiental y una verdadera gestión pública orientada a la sostenibilidad ambiental, que se refleje en el presupuesto general de la nación y muestre nuestro compromiso con las generaciones futuras, para que ellas puedan disfrutar los mismos beneficios que hoy gozamos.
Se trata de una enorme tarea que requiere en primer lugar fortalecer el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y el Sistema Nacional Ambiental en su conjunto. Es necesario darles el peso político necesario para que no sean “avasallados” en el marco de las decisiones de Estado, bajo dudosos criterios de pragmatismo político, que lo único que nos han dejado es el aplazamiento de las decisiones clave y un país cada día menos sostenible.
Igualmente, es fundamental la revisión del alcance, estructura y funcionamiento de las autoridades ambientales regionales, que hoy responde a criterios clientelistas político-administrativos y no a un enfoque ecosistémico de la gestión ambiental. Como no podría ser de otra forma, en un sistema político transaccional entre los poderes Ejecutivo y Legislativo, esta discusión siempre ha fracasado entre las empresas electorales que tienen presencia en el Congreso. Esa revisión general de la estructura de las CAR será una de las formas de deshacer eficazmente el nudo de corrupción que las ahoga.
En ese sentido, preocupa que una región tan importante para nuestro país como la Amazonía siga siendo objeto de atención solamente por ser escenario de las múltiples guerras que hemos padecido: la guerra contra la guerrilla, la guerra contra el narcotráfico, la guerra contra el bosque inculto, etc.
Por el contrario, debería considerársela como una de las mayores oportunidades para nuestro país. No solamente por su extensión en el territorio nacional, sino porque hace parte de un gran complejo regional que compartimos 9 países y abarca más del 40% de Suramérica. La región Amazónica alberga el 40% de los bosques tropicales, así como el 10% de las especies conocidas del mundo.
Igualmente, la cuenca del río Amazonas es depositaria del 20% del agua dulce que discurre por la superficie del planeta. Por todo ello, juega un importante papel en la regulación del clima mundial y en ese sentido merece la construcción de un gran pacto nacional que le otorgue la importancia que tiene no solamente para sus habitantes, sino también para el país y para la humanidad.
Por todas estas razones es que reitero mi llamado para que declaremos como un principio de la gestión pública que los recursos naturales, así como los públicos, también deberían ser sagrados.
