En el año 2002, Álvaro Uribe Vélez —un político con raigambre en el Partido Liberal antioqueño que no registraba mayor intención de voto en las encuestas, sino hasta el rompimiento de los diálogos entre el Gobierno Nacional y las Farc— llegó a la Presidencia de la República con el apoyo del 53 % de los electoresque participaron en la primera vuelta (el 46 % de quienes estaban habilitados para votar en ese entonces).
El exdirector de la Aeronáutica Civil (1980–1982), exalcalde de Medellín (durante cinco meses entre 1982 y 1983), exconcejal de Medellín (1984–1986), exsenador de la República (1986–1994) y exgobernador de Antioquia (1995–1997), supo aprovechar el agotamiento del electorado colombiano con los estragos del Proceso 8000 y con los infructuosos diálogos del Caguán, para presentarse como un político con un “talante” diferente al de los desprestigiados presidentes Samper y Pastrana, y, por lo tanto,como un presidente que sería capaz de aplicar una fórmula mágica que denominó “mano firme y corazón grande”.
Esta fórmula mágica fue, por supuesto, más útil para captar una mayoría electoral, que para ponerle fin al conflicto interno arraigado durante más de medio siglo en Colombia.
En realidad, más que el agotamiento de los diálogos del Caguán, fue precisamente la degradación y la creciente complejidad del conflicto interno —hasta entonces relativamente funcional para las élites tradicionales y relativamente autónomo del narcotráfico— lo que permitió el ascenso del uribismo al poder nacional.
Una lectura cuidadosa de aquel momento electoral revela que los años 2000–2002 fueron particularmente cruentos. El quiebre coyuntural en las tendencias históricas del conflicto fue particularmente evidente en el número de ataques de la guerrilla (un fenómeno que los expertos en estadística llaman “desviación de la media”)
Visto desde el presente, tal fenómeno coincidía con la narrativa según la cual los diálogos del Caguán no fracasaron solo por falta de voluntad de las Farc, quienes obviamente abusaron del despeje territorial para delinquir y fortalecerse, sino además porque —como las mismas Farc le reclamaron siempre al Gobierno Nacional durante ese período— también fue el cenit de la guerra sucia orquestada por el paramilitarismo contra las guerrillas, la izquierda democrática y la población civil.
Con la llegada del uribismo al poder, esos topes altamente inusuales en el número de acciones violentas cometidas en el marco del conflicto armado regresaron, en mayor o menor medida, a sus cauces históricos. Los actos violentos cometidos por los paramilitares disminuyeron (salvo el desplazamiento forzado), pero los ataques de la guerrilla continuaron creciendo como venían haciéndolo, en promedio, desde hacía años.
Esto coincidió con la casi inmediata negociación que el gobierno de Uribe entabló con los grupos paramilitares, y que no estuvo exenta de los vicios que hoy el mismo expresidente le endilga —“erróneamente”— a los diálogos de paz entre gobierno de Juan Manuel Santos y las Farc en La Habana.
En aquel entonces, se negoció dentro de una zona de despeje y bajo unas condiciones de cese de hostilidades inverificables que dieron pie a que, por ejemplo, mientras que negociaban, los paramilitares y sus aliados narcotraficantes cometieran muchas de las peores masacres sufridas hasta entonces por la población civil. El proyecto de Ley de “Alternatividad Penal” y de referendo propuestos por el uribismo, que no solo proponían impunidad sino además participación política de los desmovilizados, tuvieron que ser detenidos y modificados profundamente por el Congreso, por las altas cortes y por el mismo pueblo en las urnas.
Fueron esos los tiempos en que llegaron a los más altos cargos del poder ejecutivo personajes como un director del DAS, hoy condenado por paramilitarismo y el asesinato del profesor Correa de Andreis, y un asesor del Ministerio de Defensa y subdirector del DAS, hoy condenado por paramilitarismo y el asesinato del comediante Jaime Garzón; entre tantos otros, condenados, imputados o investigados por paramilitarismo, parapolítica o narcotráfico. Muchos colaboradores cercanos de ese gobierno hoy son prófugos de la justicia.
Fueron esos los tiempos de los “falsos positivos”: el asesinato de jóvenes inocentes que fueron presentados como muertos en combate por cuenta de una nefasta política de incentivos a cambio de bajas al interior de la fuerza pública. Aunque los técnicos que presenciábamos ese desastre advertimos del previsiblemente terrorífico y espeluznante desenlace de dicha política (así como de las capturas masivas y de los soldados campesinos), el gobierno del uribismo no prestaba atención a las “minucias de política pública” de los técnicos, y entendía que los Derechos Humanos y el DIH no eran más que incomodidades o recursos de los, como irresponsablemente les llamaban a los periodistas críticos o a los activistas, aliados del terrorismo.
Por favor piense en estos recuerdos, y tantos más que en esta ocasión quedan entre el tintero (el “estado de opinión”, la instrumentalización política de las víctimas de secuestro, las crisis de la salud, de la educación, de la infraestructuray de las relaciones internacionales… en fin), tenga en mente estos recuerdos si el domingo 15 de junio tiene pensado votar a favor del uribismo, o no tiene pensado votar en su contra.
