Así lo decidió el Juzgado Veinticuatro Penal Municipal con función de control de garantías que sancionó por desacato con 4.5 millones de pesos de multa y 3 días de arresto a un rector de un colegio público de Barranquilla a quien se le ordenó a través de un fallo de tutela dar respuesta a unas presuntas irregularidades y vulneraciones a la libertad de cultos en su institución educativa.
Se trata del señor Severo Ramírez Porras, rector de la Institución Educativa Distrital de Barranquilla - CODEBA, a quien se le ordenó a través de una sentencia de tutela que diera respuesta a la Veeduría Colombiana de la Educación Básica y Media, quienes le solicitaron atender una audiencia pública para revisar presuntas vulneraciones al Estado laico y a la neutralidad Iglesia-Estado en su plantel educativo.
Según la Veeduría Colombiana de la Educación Básica y Media, al revisar el plan de educación religiosa del plantel se evidenciaron logros, competencias y actividades que orientaban la asignatura hacia la promoción y exaltación del catolicismo desconociendo la pluralidad religiosa de los educandos y entrando al terreno del proselitismo religioso, todo esto en contravía de la laicidad que debe imperar en una institución pública.
Por medio de la Corporación Bogotana para el Avance de la razón y el laicismo se canalizaron quejas sobre un posible trato desigual a estudiantes no religiosos en la clase de religión.
Todo lo anterior coincidió con que la veeduría inició una investigación de oficio para evaluar las posibles vulneraciones de la libertad de cultos y de conciencia. Por tales hechos, la Veeduría estimó citar al rector a una audiencia pública, a la cual se negó responder y posteriormente un juez le ordenó atender.
Es importante señalar que si bien, la asignatura de educación religiosa es obligatoria en Colombia, esta no puede estar orientada a una religión y debe impartirse de manera imparcial, según el Decreto 4500 de 2006.
Así también, tras el desarrollo jurisprudencial se ha resaltado el deber de las entidades públicas de ser neutrales en materia religiosa y que eviten identificarse y promover una religión o un grupo de religiones en aras de garantizar el derecho a la libertad religiosa.
Por su parte, y pese a que se le dieron distintas oportunidades para dar cumplimiento al fallo, el señor Ramírez Porras omitió responder a los mismos a través del correo oficial de su institución educativa. Por los hechos anteriores, el Juzgado Veinticuatro Penal Municipal decidió imponer una multa de 4.5 millones de pesos y 3 días de arresto. Finalmente, el rector debe cumplir la orden judicial o podría afrontar sanciones más severas.
