Con el anunciado recorte al presupuesto del 41% de los recursos directos para el Departamento Administrativo de Ciencia, Tecnología e Innovación (Colciencias) que pasaría de 380.000 mil millones este año a tan solo 222 mil millones en año 2018, se le da un golpe mortal a la investigación y el desarrollo de la ciencia en el país. Con este hueco fiscal agonizaran todos los programas de investigación y el fomento a las ciencias que se adelantan hoy en las universidades e institutos de investigación e innovación estatal. El mensaje ahora es más claro, investigar en Colombia es una utopía, un ejercicio de tercos y un proceso que no paga, que no tiene sentido.
Esta es la comprensión que se infiere del mensaje del presidente Santos al reducir el presupuesto de funcionamiento de Colciencias, que además sea dicho es una contradicción total con la prospectiva del plan decenal de educación y la política de gobierno “Colombia la más educada de Latinoamérica 2025”.
¿Cómo podemos plantear ser más educados, sino podemos acercar las teorías investigativas a los campos prácticos de actuación de las poblaciones a través de las investigaciones contextualizadas que hoy se vienen realizando? Esta pregunta muestra como este recorte presupuestal es un golpe durísimo al desarrollo humano y social de la población porque recordemos que del PIB, Colombia solo invierte en investigación, apenas el 0.5 % comparado con Brasil que invierte el 1.6 %, Argentina el 1.2 % o incluso casi igual a Togo en África que invierte 0.37%, este indicador sumado al preocupante número de investigadores por millón de habitantes, en el cual tan solo llegamos a 180, mientras en Israel es de 8.200, en Finlandia de 7.000, en Estados Unidos de 4.000 y en Brasil de 800. Estos datos muestran la precariedad en la que el país se encuentra y porque es inaceptable el recorte presupuestal.
En un análisis en perspectiva de progreso social, vamos a retroceder una década y lo que ganamos en acercamiento a la paz, lo perdemos en comprensión de las realidades sociales que generan los científicos, investigadores y en fin todos los agentes que indagan asuntos tan importantes como la modificabilidad genética para el mejoramiento del biotípico de plantas, la producción de combustibles alternativos o simplemente la pertinencia social de un proyecto educativo.
No es solamente que disminuimos la generación de conocimiento, sino la profunda afectación en asuntos tan trascendentes como la paz en los territorios, la investigación educativa o la seguridad alimentaria.
Con el discurso reduccionista a la investigación se polariza los acuerdos de paz y se profundizan las pobrezas, porque se afecta una herramienta poderosa con la que también se puede dar un salto cualitativo, cuantitativo y social en términos de calidad de vida.
Investigar es pedagógicamente por defecto, mejorar en equidad, inclusión y consolidación de oportunidades para la transformación de las estructuras industriales, económicas, culturales y políticas de una nación.
Dado lo anterior, ahora seguramente se avecinan las movilizaciones de protesta con justos reclamos de las organizaciones académicas. Al unísono los movimientos estudiantiles, los intelectuales, los rectores, las asociaciones de universidades públicas y privadas o las comunidades científicas y de investigadores o los ciudadanos sensatos exigirán al gobierno nacional claridad en su política de investigación, desarrollo y educación. Desestimular la inversión en investigación en pleno siglo XXI es un crimen social y un daño al bien común del país. Por ello, señor presidente, como lo dijo Akio Morita “tenemos que hacer un beneficio, pero tiene que ser a largo plazo, no sólo a corto plazo, y eso significa que debemos seguir invirtiendo en investigación y desarrollo”. De lo contrario nos jodimos, montados en la locomotora del antiprogreso.
