El conflicto armado no internacional que sufre Colombia desde hace varias décadas, cinco por lo menos, es presentado por algunos académicos como histórico y estructuralmente insólito, lleno de dudas, tan prolongado en el tiempo que cada día sigue dejando víctimas dentro de las que se encuentran niños, campesinos, mujeres, jóvenes, ancianos, líderes sociales, etc.
Este conflicto armado no internacional había sido definido históricamente como dos contendores en los extremos y un pueblo en la mitad (André Scheller D'angelo), pero hoy la historia ha demostrado que ya no son dos meros contendores extremos y un pueblo en el medio. El Comité Internacional de la Cruz Roja ha reconocido la existencia de al menos siete conflictos de carácter no internacional en Colombia, claro y con el pueblo en el medio como la víctima.
Como se ha dicho hasta el cansancio, Colombia ha tenido varios procesos de paz, algunos exitosos, incluso hoy el presidente puede serlo gracias a ese proceso de paz y a la herramienta jurídica que se utilizó, el indulto.
Hemos levantado la voz en defensa de la paz como un derecho y una obligación que viene por mandato del artículo 22 de la Constitución Política, pero tanto el ego como el cáncer arrasa con todo lo que toca, obnubila el juicio de quienes a toda costa quieren negar que la única salida al conflicto armado en Colombia, sea este urbano, rural o mixto, es un proceso de negociación, reconociendo que estos actores del conflicto días tras día ejecutan hechos políticos. Es anacrónico el viejo discurso de quienes atribuyen estatus político solo cuando pretenden tomar el poder por las armas, o peor, cuando atribuyen a estos hechos, meros actos de gobernanza.
El sofisma del proceso de paz con las Autodefensas Unidad de Colombia, solo dejó más heridas abiertas, dudas, víctimas, descontrol y, por supuesto, el sentimiento de traición de los más de treinta y un mil combatientes que se desmovilizaron en aquel proceso, que vieron como lo negociado no fue cumplido y les quitaron lo único que podía darles seguridad jurídica en su proceso y de paso, seguridad personal: el reconocimiento como sediciosos.
Creyeron en el Estado y se sintieron traicionados, con un proceso de justicia transicional que lleva alrededor de 18 años, con ochenta y ocho sentencias individuales, seis macro sentencias de veintiuna establecidas, con procesos de restitución de tierras enredados, engorrosos, donde los combatientes, muchos de ellos ni siquiera fueron comandantes, han denunciado bienes como propios de aquella organización solo con el ánimo no ser excluidos de Justicia y Paz. Ni que decir de los comandantes que aceptaron la pena alternativa de ocho años, la cumplieron y algunos, llevan más de quince años en prisión y hasta fueron extraditados.
Pero ¿por qué traer esto a colación? Cuánto quisiera que la respuesta fuera sencilla, mas no lo es, pues ante semejante antecedente, ¿cómo exigirle a los actores del conflicto armado en Colombia, aquellos de los siete que reconoció el CICR, en el mes pasado, que la única salida para algunos de ellos, excepto las guerrillas, es el sometimiento?
¿Con qué autoridad moral el Estado (el de hoy, el de siempre), cataloga con quiénes negocia y a quiénes pretende someter con el engaño de no ser actores políticos o con el argumento de que solo ejercen gobernanza? Tuviese autoridad moral si después de los procesos de paz o de sometimiento disfrazados de paz se hubiesen ocupado de los miles de combatientes y territorios que quedaron a merced del abandono estatal, porque todos los que hoy existen, lo son precisamente por ese abandono.
Basta con mirar la historia de las disidencias de las guerrillas, del nacimiento de las AGC, de los grupos que operan en las ciudades para darnos cuenta de que la historia tiene más lazos que se mezclan de los que podríamos imaginar, con un punto en común para todos: nacen del mismo ego del Estado en reconocer que fallaron en anteriores procesos y que seguirán fallando sino reconocen lo que es evidente.
