Transcurridos los primeros días del año 2019, se cumple un nefasto récord de asesinar un líder social por cada día del año. El sexto día del año fue asesinada en su parcela de Santa Marta, Maritza Quiroz, reclamante de tierras y vocera de su comunidad. En un país acostumbrado a los homicidios selectivos de luchadores sociales la noticia de este crimen, podría pasar de agache; pero, para quienes reconocen el derecho de las víctimas, es un mensaje para quienes alzan su voz contra el Gobierno o buscan recuperar lo que les fue quitado por paramilitares y que pasó a testaferros (criminales) de “buena fe”, como lo diría María Fernanda Cabal.
La Ley 1448 de 2011 (Ley de Víctimas y Restitución de Tierras) que ya va para ocho años de estar vigente, ha logrado, según cifras oficiales la devolución de 330.000 hectáreas de las más de un millón que fueron arrebatadas por “empresarios”, “ganaderos”, “agricultores”, “palmeros” y “gente honorable, según los políticos de derecha, y que fueron obtenidas a través de pactos con grupos paramilitares que asesinaron y desplazaron comunidades enteras. Lo macabro del asunto de la restitución, consiste en que las pocas hectáreas que han sido devueltas a los campesinos, nuevamente, están siendo “recuperadas” a sangre y fuego por grupos de paramilitares y, como consecuencia de ello, en Colombia, se asesina un líder social, reclamante de tierras, por día.
Revisando la información oficial y la prensa, muchos de esos terrenos que, fueron arrebatados, están usados en producción de ganado, negocios forestales, cultivos de palma, caña de azúcar y quienes los usan, tienen grandes equipos jurídicos y también armados para evitar, a toda costa, que los campesinos recuperen el territorio que les brinda su sustento. Como consecuencia directo de ellos, los que no quieren devolver y que han devuelto, están conformando grupos que hostigan, amenazan y asesinan campesinos para quitarles de nuevo sus tierras.
El Estado que, somos todos, debe proteger a las víctimas.
