Ir a contra corriente por la carretera que roza la ribera del río Huancabamba, hacia el oriente; adentrarse en el Perú. A ocho horas de la ciudad costera de Chiclayo se encuentra San Ignacio, la única provincia del departamento norteño de Cajamarca con el adjetivo ecológica en su denominación: Municipalidad Ecológica Provincial.
La provincia está arrumada junto al Santuario Nacional Tabaconas Namballe, a una hora de la frontera con Ecuador. El descenso sinuoso al Amazonas se encuentra al oriente. El ochenta por ciento de sus habitantes, que sobrepasan cien mil individuos, viven en los caseríos que se ciñen a la meseta sobre la que se sienta la provincia. Su economía depende casi por completo de la agricultura.
Las paredes de las casas anuncian este o aquel color político. Hay elecciones en octubre y el alcalde espera reelegirse por quinta vez. No importa quien gane, la prioridad de todos es la vocación agrícola del suelo.
Hay esfuerzos públicos, privados y sociales unidos por la conservación de la naturaleza y la caficultura, que es realmente la base de la sostenibilidad económica de la provincia. Un tercio de todos los productores de café se han agrupado en cooperativas para defender sus parcelas y ayudarse mutuamente a incrementar la producción de granos de alta calidad. Utilizando métodos de siembra que no aumentan la presión sobre el bosque mantienen la oferta de agua que abastece a San Ignacio.
Organizaciónes ambientales como WWF y CARE han apoyado el mejoramiento de la producción de café financiando sistemas de irrigación y brindando capacitación para adaptar los cultivos a los efectos del cambio climático. El año pasado la plaga de la roya, que ha venido afectando los cultivos de café con más ferocidad, redujo la producción en un 50%. Para combatir el cambio climático la municipalidad cuenta con un avanzado centro experimental de café dedicado a la investigación y con un cultivo que está comenzando a cumplir la meta de producir 1,750.000 plantas de una especie resistente a la roya.
Defensores del bosque
La población de San Ignacio celebra cada cinco de marzo el día de la ecología. En esa fecha, en 1992, los campesinos se enfrentaron contra la empresa maderera Incafor en un altercado que dejó dos muertos y once presos por varios meses. Incafor en su momento recibió el respaldo de la policía a pesar de que talaba los bosques en la zona de amortiguamiento del Santuario. Sin embargo, la batalla la ganaron los campesinos defensores del bosque, quienes han fortalecido su organización para hacerle frente a nuevas amenazas.
Ahora hay dos empresas mineras explorando el subsuelo en busca de oro. Las autoridades municipales no se explican cómo puede el Ministerio de Energía y Minas tomar una postura contraria a la del sentir del pueblo, que ya una vez sufrió la escasez de agua debido a la tala en áreas cercanas a los nacimientos de los cauces. El Ministerio del Medio Ambiente fue creado en el 2008 para coordinar la política ambiental del Perú, pero aún no se coordina ni a sí mismo.
El tema de fondo es el ordenamiento territorial y las competencias de las entidades territoriales. Todos saben que alrededor de la minería giran los buitres más grandes y poderosos. La realidad es un balde de agua helada sobre la cabeza: no importa cuan unida esté la población de una provincia (o un municipio, en el caso colombiano) la última palabra sobre la minería la tiene el Gobierno Nacional.
Las políticas ambientales nacionales tienen que avanzar urgentemente. En Diciembre el Perú será sede de la vigésima Cumbre Mundial de Cambio Climático. Sería maravilloso que los negociadores se destaparan los oídos para escuchar a la gente de San Ignacio y de las otras 12 municipalidades ecológicas del Perú. Ellos representan la vanguardia localista de la lucha contra el cambio climático, que en incontables lugares del mundo toma la forma del rechazo a la actividad minera.
