El COVID-19 ha dejado un deceso económico épico en la historia del mundo. En consecuencia, el presidente Iván Duque ha emitido una serie de medidas para hacerle frente al coronavirus: ya son más de cien los decretos emitidos por el mandatario de los colombianos.
“Lo que estamos logrando es que nuestro país siga protegiendo vidas y protegiendo la salud y al mismo tiempo recuperando esa actividad tan necesaria”, dijo Duque al emitir uno de sus últimos decretos para la reapertura gradual y económica del país.
Se trata del Decreto 749, con el que el gobierno amplió el aislamiento preventivo obligatorio hasta el 1 de julio, el cual contempla 43 excepciones para que las personas puedan salir a desarrollar diferentes actividades en medio de la pandemia por el COVID-19. Sin embargo, en la práctica prende las alarmas por un posible incremento de contagios en el país.
Ante esta situación consultamos al abogado Jesús Albrey González, experto en responsabilidad médica, quien nos explica cuáles serían las consecuencias.
“El gobierno ha demostrado en muchos escenarios dando un valor de protección por encima de otras consideraciones, pero creo que es una equivocación no reactivar esas actividades de manera gradual y mucho menos cuando la educación frente a protocolos de bioseguridad es casi nula y en esto juega un papel importante la pasividad que han tenido las ARL frente a sus obligaciones”, señaló González.
Y, segundo, no solamente el incremento de contagios tiene en vilo a las autoridades, la red hospitalaria es otro determinante para esta crisis. La Contraloría anunció que adelantan visitas a hospitales y centros de salud públicos en todo país, a fin de verificar el estado de los servicios que se están prestando en el marco del estado de emergencia económica, social y ecológica decretada por el gobierno nacional y que permitan aumentar la red de atención en pacientes graves con COVID-19.
