A raíz de lo surgido en el paro, en los últimos días ha circulado la idea de hacer una constituyente. Sin embargo, con una idea como estas, los opositores no se hacen esperar. Además, para la gente que escucha ambos puntos de vista es un poco difícil tomar una posición, pues no es muy claro qué buscaría y si realmente su creación respondería o no a lo que vivimos en la actualidad.
Antes que nada es importante aclarar que una constituyente es una convocatoria que realiza la ciudadanía para que un grupo escogido por votación popular redacte una nueva constitución que responda a las necesidades de una sociedad determinada. Ahora bien, esta idea ha tomado más fuerza en Colombia luego de que en Chile, como resultado de múltiples y multitudinarias protestas, iniciara la convocatoria para la constituyente y se decidieran los nuevos protagonistas del cambio legislativo.
Es importante aclarar que si bien hay países que siempre han tenido la misma constitución, como es el caso estadounidense, la constitución chilena había sido redactada en 1980, bajo la dictadura militar de Augusto Pinochet. Esta no poseía una división de poderes, militarizaba todos los aspectos fundamentales de la sociedad y no tenía la intención de salvaguardar al pueblo chileno.
Este no es el caso colombiano, en tanto que la constitución de 1991 proclama un Estado social de derecho, en el cual el principal objetivo es, o debería ser, salvaguardar los derechos de sus ciudadanos. Esta constitución redactada por diferentes partidos políticos del país, y que además incluyó algunos cambios de los que hoy en día se están pidiendo en Chile (como el reconocimiento de las culturas indígenas como sujetos de derechos y el trato igualitario independiente del género, religión, idioma, etcétera), tiene en consideración la diferencia y el papel de Estado para defender al ciudadano.
Así pues, la pregunta que cabe en este punto es: ¿realmente cuándo se iniciará la implementación de esta constitución? Si bien es cierto que todos se cobijan en lo que dice la constitución, quienes la hacen cumplir, o fingen hacerlo, están formados con la constitución excluyente y autoritaria de 1886. El país no necesita una nueva constitución, sino un grupo de personas dispuestas a hacerla cumplir y a realizar los cambios necesarios en ella, pues otro punto a favor de la actual constitución es su capacidad de modificarse y adaptarse a la sociedad actual; eso sí, con cambios que se ajusten a lo que la ciudadanía necesita y no a lo que un grupo de poderosos (económicos y políticos, que pretenden conservar sus privilegios e intereses) pide.
