La vida de David Gale (2003) es una película dramática de dirigida por Alan Parker y protagonizada por Kevin Spacey, Kate Winslet y Laura Linney. Está ambientada en Texas, Estados Unidos, y representa los álgidos debates alrededor de la pena de muerte. En Colombia se ha aprobado en sexto debate la cadena perpetua para violadores de niños en la Cámara de Representantes y a la propuesta solo le faltan dos debates en el Senado y que el presidente la sancione para convertirse en norma constitucional. Los defensores auténticos de esta iniciativa está convencidos que al aumentar las penas para un acto tan macabro y aberrante va a reducir la violencia contra los niños y las niñas. Sin embargo, y eso lo ejemplifica la película citada, no hay evidencia empírica ni científica ni estadística que los delitos y crimines disminuyan al aumentar el castigo. Los sectores de la política tradicional, los de siempre, no les importa las razones auténticas que hayan tenido Gilma Jiménez (QEPD) y Yohana Jiménez (promotora actual e hija de la difunta congresista), solo les llama la atención esa causa porque genera votos y recordación.
La opinión pública se deja llevar por hechos mediáticos como la violación y el asesinato de Rafael Uribe Noguera a la niña Yuliana Samboní; todavía se recuerda con odio y desprecio a Luis Alfredo Garavito, asesino en serie cuyo prontuario fácilmente llega una cifra de tres dígitos. Hay una exigencia más que de justicia, de venganza.
La opinión profunda de amplios sectores sociales, en todos los niveles, no pasa por la reflexión de derechos humanos. Para algunos, el hecho que una persona esté en la cárcel es indicio que deben cercenársele todos los derechos. Es como si haber roto el contrato social lo volviera la peor escoria. Hay personas que niegan en opinión el derecho a la salud de los reclusos de la cárcel de Villavicencio, azotada por el COVID-19.
Es por ello que avalan penas más crueles, profundas y severas, cuando en la mayoría de los casos quienes comenten estos atroces hechos en contra de los niños y niñas tienen serios trastornos mentales. Y en el mundo el incremento de penas no hace que el delito disminuya, porque el hecho delictivo no pasa por el raciocinio de que si se hace algo muy malo la pena va a ser muy severa.
Es claro que debe garantizarse el bienestar de la infancia y el respeto de todos sus derechos, pero esta iniciativa no es más de un populismo simple y punitivo que busca moralizar un debate que apunta contra los cimientos mismos del Estado de derecho y el respeto de los derechos humanos. Además, la justicia debe garantizar eficiencia, efectividad, eficacia e imparcialidad. Características que actualmente no certifica con probidad.
Y surge una serie de interrogantes aún mayores. El presidente ha dicho que está a favor de esta propuesta desde su campaña en 2018, buscando alienar a los diferentes sectores políticos y de la opinión pública bajo una bandera, simple, sencilla y populista. El uribismo en reiteradas y constantes ocasiones ha rotulado a los opositores políticos y periodistas como violadores y maltratadores de niños. Por ejemplo, a Daniel Samper Ospina y a todos los miembros de las FARC los ha tildados de abusadores de menores. ¿Quién garantiza que no se monte una serie de falsos positivos para encarcelar de por vida a detractores del urbismo? ¿Quién garantiza que con artimañas políticas no se tuerza la justicia y las decisiones que deberían ser en derecho?
En la misma línea del párrafo anterior, la Iglesia católica como organización ha encubierto y auspiciado el comportamiento lesivo que han tenido no pocos sacerdotes en su trato con los menores de edad. Spotlight (o En primera plana) es una película dramática estadounidense de 2015, ganadora del Óscar a la mejor película, dirigida por Thomas McCarthy y escrita por McCarthy y Josh Singer. Este filme recrea las investigaciones a las violaciones y abusos de aproximadamente 90 sacerdotes en la ciudad de Boston a centenares de niños. Los traumas psicológicos y afectivos que las víctimas han vivido son indecibles. En Colombia no es muy diferente y la Iglesia católica ejerce mucha influencia en el Estado y podría hacerlo en la justicia. ¿Quién garantiza que los sacerdotes violadores y pedófilos van a hacer condenados severamente? ¿Quién va a garantizar justicia en todos los casos?
