En este periodo de pandemia los trabajadores de aplicaciones y plataformas tecnológicas de mensajería y domicilios han sido los más beneficiados, pues han podido cuadrar caja. Los vemos corriendo con sus maletas y pedidos por las calles vacías de las ciudades; eso sí, les ha tocado duro, de hecho, creería que son los únicos que no han ganado kilos de más en este periodo. Por su parte, las apps también han aumentado sus pedidos y sus utilidades: ganaron clientes, fidelizaron otros y les favorece el hecho de que la tecnología forme parte de la cultura del consumo de la nueva sociedad.
Sin embargo, ninguna plataforma o aplicación tecnológica parece querer asumir a sus colaboradores como sus empleados, porque entonces el negocio no daría... la carga prestacional de un trabajador con contrato formal está calculada en más del 60% del valor del sueldo pactado: esto porque debe provisionar para vacaciones, cesantías, primas e intereses, además mensualmente debe pagar los aportes respectivos para pensión, salud, caja de compensación y ARL. Es decir, esta carga prestacional prácticamente volvería inviable el modelo de negocio colaborativo.
Ahora bien, a quien sí le conviene que no se reglamenten las apps de transporte, mensajería y domicilios es a Rappi, el unicornio colombiano y empresario del año en 2018. Es el único de los empresarios que se ha ganado el premio sin asumir un solo centavo de la seguridad social de sus colaboradores, los cuales en su mayoría son venezolanos y cuya salud la pagamos todos los colombianos por medio del régimen subsidiado. Además, las consecuencias de los accidentes que les ocurren llevando un pedido, que aunque son laborales y los debería cubrir una ARL, son trasladadas también al régimen subsidiado en salud, que es atendido por los hospitales públicos.
Así pues, para la plataforma los pobres rappitenderos solo parecen ser un numérito más. No lo digo solo por lo anterior, sino también porque según denuncias los sancionan por todo, sin contar con que les cobran la maleta, la chaqueta, la cachucha y los demás accesorios; les exigen celular de última tecnología con plan; les piden tener bicicleta o moto en buenas condiciones; les solicitan estar disponible todo el tiempo y cumplir con un mínimo de servicios.
Rappi, siendo una de las grandes empresas colombianas, valorizada en US$2.200 millones de dólares, no parece querer asumir un solo centavo de la seguridad social de sus trabajadores, colaboradores, socios, intermediarios, usuarios o como los quieran llamar; por esa razón les apagaron la operación en Argentina desde agosto del año pasado, buscando con esa medida que las compañías garanticen que todos sus repartidores circulen utilizando casco, que la caja portaobjetos esté anclada a la moto o bicicleta y no en la espalda del repartidor, y que circulen con seguro de vida y accidentes. También que posean libreta sanitaria y que los vehículos cuenten con adecuada señalización para su uso en la noche.
Este tipo de sentencias internacionales se deben tener en cuenta ahora que van a reglamentar las apps de transporte y mensajería en Colombia, más teniendo en cuenta que como va la economía, el desempleo y la informalidad, trabajar en una aplicación o plataforma tecnológica se convertirá en la actividad más utilizada para generar ingresos. No se puede olvidar que con el COVID-19 las entregas a domicilio y la prestación de servicios a domicilio serán las que dominarán el mercado laboral de Colombia y el mundo.
Para cerrar, solo quiero decir que Rappi comete un error gravísimo al despreciar a esos trabajadores, que son los que hacen que funcione realmente su modelo de negocio, al no proporcionarles seguridad social integral (salud, pensión, riesgo laboral y caja de compensación familiar) ni elementos de protección y seguridad, y al cobrarles por las chaquetas, maletas y accesorios... pero, además y para colmo de males, tampoco les reconoce la publicidad que le hacen esos trabajadores 7/24 los 365 días del año. Por eso, desde mi perspectiva, de lejos, Rappi es el peor “patrono”.
