El cruce de estratégicos caminos en su vasto territorio que por distintos pasos intercomunica las regiones pacífica, andina y la Amazonía, en especial el ubicado sobre las faldas de la cordillera central y el Nevado del Huila, limítrofe con el Valle, Tolima y Huila, fue escenario de operaciones de las guerrillas liberales surgidas para enfrentar a los pájaros y chulavitas conservadores desbocados a partir del gobierno de Laureano Gómez y los cuales también incursionaron en municipios como Puerto Tejada, Caloto en la parte plana habitada por campesinos negros que en sus fincas cultivaban cacao, café, plátano, yuca, frutales y animales domésticos y algunos pequeños ingenios azucareros empezaban su expansión.
Con el Frente Nacional, Alberto Lleras Camargo implementó un proceso de desmovilización de las guerrillas liberales impulsando el Plan de Rehabilitación basado en la construcción de carreteras que reemplazaran los caminos de herradura vinculando como trabajadores a guerrilleros desmovilizados, incluido Tirofijo, quien se desempeñó como inspector de una de las obras.
Cuando este proceso de paz se deterioró y reorganizaron las guerrillas surgieron dos tendencias: la de los “limpios” o liberales y la de los “sucios”, que empezaron a simpatizar y recibir formación marxista, estimulados por el reciente triunfo de la revolución cubana.
Precisamente, en el área de Tierradentro y Riochiquito (límites de Cauca y Huila) y Marquetalia (Tolima) se ubicaron las guerrillas de campesinos liderados por Manuel Marulanda Vélez, a las que Álvaro Gómez Hurtado en el Senado, denunció como “repúblicas independientes” bastiones del comunismo, antes que el segundo presidente del Frente Nacional, el conservador payanés, amante de la caza y representante de los terratenientes, Guillermo León Valencia, ordenara bombardearlas y ocupar el territorio con el batallón Colombia al mando del entonces coronel Matallana, entrenado en contraguerrillas en la guerra de Corea, propiciando que los guerrilleros, abandonando sus pertenencias y las “gallinitas y marranitos”, que tanto le dolieron a Tirofijo, se regaran como avispero toreado de un caucherazo, al Caquetá, Putumayo, Meta y otras regiones, convirtiéndose en la semilla de las Farc.
El nororiente del Cauca, donde nació el VI Frente, fue centro importante del accionar de las Farc, principalmente en el área montañosa de municipios como Miranda, Corinto, Toribio, Caloto, Jambaló, Santander de Quilichao, Caldono, Silvia, Inzá, Puracé, Totoró y Belalcázar.
A la par que se consolidaban las Farc en la cordillera central y áreas de influencia, durante el gobierno de Carlos Lleras Restrepo, con el impulso que le dio a la Reforma Agraria y la organización campesina a través de la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos, ANUC, en el Cauca sembró raíces el movimiento indígena, que desempolvando antiguos títulos coloniales del territorio de sus resguardos que habían sido delimitados por la corona española, inició una intensa campaña de “recuperación” de sus tierras, o de “invasión”, según los terratenientes y ganaderos que las ocupaban después de la Independencia y sucesivas guerras civiles del siglo XIX.
En esta campaña por “desalambrar”, hace 50 años, en febrero de 1971, fue fundado el Consejo Regional Indígena del Cauca, CRIC, que lideró la lucha por la recuperación de la Tierra y la Cultura, enfrentando organizados y sin ceder, los frecuentes desalojos intentados por la Policía y el Ejército, acciones legales, detenciones y enjuiciamiento de sus dirigentes y la acción de los ‘pájaros’, que al servicio de terratenientes, desde entonces empezaron a “pavear” a sus líderes, al igual que las Farc, pues los indígenas no aceptaron su línea política de orientación marxista ortodoxa, el reclutamiento de jóvenes y los campamentos en sus territorios.
Después del robo de la elección a Rojas Pinilla y en 1974 subió a la presidencia Misael Pastrana Borrero, surgió el M-19, del que hacían parte exguerrilleros de las Farc, como Jaime Batemán y Carlos Pizarro. El nororiente caucano fue importante campo de operaciones de este grupo.
Igual sucedió a mediados de los 80, después del asesinato del Padre Ulcué, el abogado Oscar López y varios líderes del Cric cuando los indígenas organizaron su guerrilla de autodefensa Manuel Quintín Lame, recordando a este líder pionero a inicios del siglo XX en la lucha por la recuperación de la tierra.
Paralelamente, escindido de las Farc y liderado por José Fedor Rey, alias Javier Delgado, con operaciones en el norte del Cauca, surgió el grupo armado Ricardo Franco, con células urbanas y vinculado al narcotráfico y protagonistas de la masacre de Tacueyó, cuando sus líderes, paranoicos por el basuco que se fumaban, a garrote y machete mataron a más de un centenar de sus compañeros acusándolos de ser infiltrados del ejército.
Corinto y Santo Domingo, en Toribio, y Pueblo Nuevo, en Caldono, fueron puntos de encuentro entre delegados de los gobiernos de Betancur y Barco para iniciar negociaciones con las guerrillas del M-19 y el Quintín Lame, que después de varios años de rupturas de diálogos y reanudación de enfrentamientos cuajaron en el proceso de paz que durante el gobierno de Gaviria se concretó con la desmovilización del M-19 y el Quintín Lame y la participación como organizaciones políticas en el proceso de la Constituyente.
En diciembre de 1991, con apoyo de integrantes de la Policía y planeada por Fidel Castaño, narcotraficantes, que para lavar sus dineros empezaron a comprar tierra en la región, financiaron la masacre de 21 indígenas en la hacienda El Nilo, en Caloto, mientras abril del mismo año, en la vereda “Los Uvos”, en el municipio de La Vega, al sur del Cauca, un grupo de 8 militares pertenecientes al batallón José Hilario López, asesinó a 17 campesinos, la mayoría de los cuales viajaban en una “chiva” y para despistar pintaron consignas en las que la guerrilla se adjudicaba la masacre.
Desmovilizadas las guerrillas del M-19 y el Quintin Lame y desaparecido el Ricardo Franco, las Farc continuaron su expansión abriendo frentes hacia la cordillera occidental, especialmente en municipios como, Buenos Aires, Suárez, El Tambo y Argelia con acceso al Pacífico; hacia el sur en municipios ubicados en el Macizo Colombiano vecinos al departamento de Nariño y en la bota caucana limítrofe con el Huila, Caquetá y Putumayo, mientras el ELN abrió operaciones en la cordillera en límites entre Valle y Cauca y con caminos hacía el Naya y las selvas del Pacífico, mientras en el sur, también se instaló influyendo en municipios del Macizo.
En el 2000, tal como está documentado en el informe sobre el Bloque Calima de las AUC, publicado por el Centro Nacional de Memoria Histórica, llamados y patrocinados por una alianza de políticos, empresarios de ingenios azucareros y de la industria en expansión gracias a las exenciones tributarias de la ley Paez y mafiosos como Gordo Lindo y Don Diego, con el apoyo logístico y en dotación de la 3ª Brigada del ejército y complicidad de Policías y autoridades regionales y locales, desde Urabá y Córdoba, fueron importados los paramilitares de las AUC, que primero llegaron cerca a Tuluá y después del secuestro masivo de fieles perpetrado por el ELN, en la iglesia La María, en el barrio Ciudad Jardín de Cali, abrieron operaciones en el sur del Valle y norte del Cauca, con el propósito de desalojar a la guerrilla de su área de influencia y apoderarse del negocio del cultivo y procesamiento de la coca.
Después de numerosas matanzas y desplazamiento de campesinos y habitantes urbanos en municipios como Jamundí (Valle) Buenos Aires, Suárez, Caloto, Santander de Quilichao, Morales, Cajibio, Piendamó, Popayán y otros del sur, y perpetrar la masacre del Naya y seguir hacía el Pacífico sur por López del Micay, Guapi y Timbiquí, el Bloque Calima de las AUC, oficialmente cesó operaciones entre 2004 y 2005, cuando Álvaro Uribe, en su primer período de gobierno, promovió la desmovilización durante el proceso de Justicia y Paz.
Continuaron las Farc, como principal grupo armado con diversos frentes y cuadrillas operando en casi todo el departamento, hasta que con el proceso de paz iniciado durante el segundo período de Santos y su desmovilización en los primeros meses del asentamiento de sus hombres en los campamentos instalados en Buenos Aires, Corinto y Caldono, durante varios meses se sintió ambiente de tranquilidad, sin el temor a las tomas de poblaciones y enfrentamientos entre la fuerza pública y los guerrilleros con afectación en vidas y bienes de la población civil.
Desmovilizados los guerrilleros de las Farc, no se sabe por qué motivos, el ejército no controló el acceso a los territorios despejados y con su ausencia facilitó la consolidación de las disidencias en zonas vinculadas a los cultivos de marihuana, coca y la minería ilegal, mientras el ELN abrió operaciones en el nororiente del Cauca y hasta de norte de Santander llegaron “Caparrapos” del EPL y se fortalecieron las Autodefensas Gaitanistas o antiguo clan del Golfo extendiéndose como remanente reciclado del paramilitarismo también vinculado al narcotráfico, la minería ilegal y la extorsión, entre otros delitos.
Cuando estos grupos se fortalecieron con aumento del pie de fuerza el ejército hizo presencia en el territorio, pero sin mayor efectividad en el desmantelamiento de todas estas cuadrillas armadas, que se mueven sin problemas cerca de sus retenes y campamentos, según han denunciado habitantes de Argelia.
Lo más preocupante es que en medio de tanto actor armado tirando la piedra y escondiendo la mano, para achacarse la culpa entre ellos, los más afectados han sido líderes amenazados y asesinados de organizaciones defensoras de los derechos humanos, juntas de acción comunal, grupos de ambientalistas, asociaciones indígenas, campesinas y de Consejos comunitarios de las comunidades negras fortalecidas después de la ley de 1993, que les asignó importantes territorios donde los ingenios azucareros buscan expandirse, han sido otorgadas licencias mineras y proyectan construir hidroeléctricas, incrementar cultivos de pinos y eucaliptos para la industria del cartón y en la costa estimular la siembra de palma aceitera.
Ante la inoperancia de los Consejos de Seguridad que citan las autoridades cada que matan a un líder de renombre, en febrero de 2021 el gobierno departamental del Cauca propuso un Pacto por la Defensa de la Vida, la Paz y el Territorio, convocando a las organizaciones comunitarias rurales y urbanas, de mujeres, a la Asamblea Departamental, la Asociación de Personeros del Cauca, varias universidades encabezadas por la del Cauca y gremios productivos del comercio, agricultores, la industria.
Hasta ahora, de los gremios empresariales se ha vinculado al pacto la Cámara del Comercio del Cauca, mientras representantes de la SAC, la ANDI y los ganaderos han expresado críticas al acuerdo firmado por considerar que favorece a las organizaciones indígenas, de comunidades afrodescendientes y de campesinos.
También critican al Pacto como inoperante, dirigentes políticos y personajes como el exgobernador Cesar Negret Mosquera, afines al gobierno nacional y ligados a los partidos políticos quienes sucesivamente han sido derrotados en las elecciones por el grupo que encabeza el actual senador Temistocles Ortega, quien después de volver a ser gobernador hace doce años y matricularse con reservas en Cambio Radical, gracias a una coalición logró que sus pupilos Rodrigo Campo y Elías Larrahondo Carabalí, fueran electos como gobernadores derrotando a los liberales y a grupos cercanos al gobierno nacional.
Con seis años de retraso en el inicio a obras como la doble calzada Santander de Quilichao-Popayán, ya adjudicada; con el continuo acoso y atentados contra líderes de diferentes organizaciones comunitarias; en vísperas del reinicio de la fumigación aérea en municipios cocaleros como Argelia y El Tambo; a un año de las elecciones para renovar Cámara y Senado, en un departamento donde en el partido liberal ganó dos de las cuatro curules a la Cámara y para las presidenciales por gran margen Petro derrotó a Duque, a grandes rasgos este es un panorama del departamento del Cauca.
