¡Quíteme estos terroristas de atrás mío!- gritó con asco Hernán Prada, representante del Centro Democrático por el Huila, cuando percibió una presencia ajena a la de sus compañeros de Cámara.
Se trataba de Imelda Daza, Jairo Rivera y Francisco Tolosa, tres miembros del recién creado movimiento Voces de paz, que defenderá en el congreso las leyes asociadas al Acuerdo de paz. El politólogo Rivera, el más joven de los voceros, le extendió la mano y lo desarmó con cortesía: “señor, yo no soy un terrorista”. Prada le dio la espalda y continuó ofendiéndolos sin darles la cara, dirigiéndose siempre a Miguel Ángel Pinto, el Presidente de la Cámara, el interlocutor que le interesaba tener de su lado.
Nada ha sido fácil para los seis representantes de Voces de paz, el movimiento ciudadano que se constituyó, el pasado 14 de diciembre, para participar con voz pero sin voto en el Congreso y vigilar el desarrollo legislativo de los Acuerdos de paz con las Farc. Aunque nadie ha sido tan áspero como el representante Prada, la desconfianza es una constante entre muchos de los miembros del Congreso, especialmente la Cámara de representantes. Los prejuicios a pesar del Acuerdo de paz firmado y el camino de reconciliación que Colombia tiene por delante siguen vivos.
En el senado, a donde asisten Jairo Estrada Álvarez, Pablo Cruz y Judith Maldonado, las cosas han sido distintas, empezando por el trato recibido por Álvaro Uribe, el líder de la bancada del Centro Democrático, quien los ha tratado con cordialidad y respeto. Pero la estigmatización y la prevención es lo que menos les preocupa.
Lo grave de la situación es que ellos son fundamentales para asegurar que el contenido de las leyes esté acorde a lo firmado en el Teatro Colón. A un mes de haber llegado al Congreso, con voz pero sin voto, los voceros de las Farc no tienen un espacio físico para poder trabajar. Para asistir a las plenarias deben aprovechar las sillas que los congresistas ausentes dejan disponibles. Están a la espera de contar con un espacio desde el cual puedan deliberar pero también reunirse.
En un primer momento el Presidente del Congreso pensó asignarles la Biblioteca del Congreso, la misma donde se reunieron incluso los comandantes de las Farc con parlamentarios de distintas bancadas y donde vio la luz el movimiento Voces de paz, pero las reformas arquitectónicas a las que está sometido tiene restringido su uso.
El trabajo hasta el momento es ad-honorem. No han recibido ingreso alguno y no se habla del tema. Quienes viven fuera de Bogotá, como las voceras Imelda Daza y Judith Maldonado, deben asumir el transporte por su cuenta y han tenido que pagar los desplazamientos desde Valledupar y Cúcuta respectivamente. Maldonado, ex candidata a la gobernación de Norte de Santander, optó por pagar un modestísimo apartamento en Bosa, muy lejos del Congreso, porque también debe asumirlo de su bolsillo. Jairo Rivera, hasta hace unos meses formaba parte del equipo asesor de la ministra del trabajo Clara López, rol al que renunció para asumir la tarea en el proyecto político de Voces de paz, sobrevive de sus ahorros.
Los voceros están convencidos que la situación va a mejorar, tal como se lo han asegurado los ministros del interior Juan Fernando Cristo y el post- conflicto Rafael Pardo. Según el Acuerdo de paz se les deben dar las garantías mínimas que requiere el ejercicio parlamentario. Un sueldo, un subsidio de transporte, y una silla para estar en las plenarias. El próximo 16 de enero vivirán un momento crucial. Ese día se presentará un paquete legislativo con tres reformas, allí estará la modificación de la Ley 5 que les permitiría participar del parlamento. Si no pasa la labor de los seis voceros sería prácticamente decorativa y sería una prueba más de la improvisación con la que ha empezado el Gobierno Santos la implementación de los acuerdos de paz con las Farc, de la que no escapan y es tal vez la más clara expresión de ello: las zonas veredales de transición donde la guerrilla se concentrará para la entrega de armas. La seguridad, otorgada a través de la Unidad Nacional de Protección, es el único compromiso que ha cumplido seriamente y con responsabilidad el gobierno porque sabe que la vida de estos voceros vale oro.
