Ever de la Rosa ha tenido una causa central en su vida y es el compromiso con su territorio, Isla Grande y el archipiélago más conocido como Islas del Rosario. Ese compromiso se refleja en su historial: líder de la lucha por la titulación colectiva, la misma que los afrodescendientes ganaron a pulso con la Ley 70 de 1993. Fue representante legal del Consejo Comunitario y lleva décadas trabajando en el cuidado ambiental de esa región insular, en un sin número de iniciativas que abarcan también la preservación de la cultura. Por esas y otras tantas razones es Consejero Mayor.
Lo conocí hace varios años. De sus conversaciones, me queda la historia de los cimarrones que poblaron Barú y la forma como a través del mar, se tejían tantas filiaciones por ese largo corredor de agua salada que va desde Cartagena hasta San Onofre, donde está inscrita mi historia ancestral. Hoy, volvemos a conversar sobre Islas del Rosario, pero en el marco de una nueva lucha de la comunidad por hacer respetar la consulta previa que debe hacerse a los pobladores en torno a las decisiones de la Agencia Nacional de Tierras sobre su territorio.
Ever de la Rosa, representante legal del Consejo Comunitario de Islas del Rosario, interviene en la ceremonia de entrega del Título Colectivo de los territorios a los isleños, el 8 de septiembre de 2015, después de muchos años de lucha por el reconocimiento de sus derechos
Rosa Chamorro. Recientemente, los medios de comunicación dieron gran despliegue a la acción de desalojo que la Agencia Nacional de Tierras practicó en el Hotel Gente de Mar en Isla Grande sacando con apoyo de la fuerza pública a los huéspedes, empleados y directivos de este conocido sitio turístico. ¿Cuál fue la reacción de la comunidad frente a este hecho?
Ever de la Rosa. Frente a ese despliegue informativo hay que señalar la mala interpretación que se hace de la oposición de algunos isleños, la cual se debe a la falta de garantías para la participación de la comunidad en ese proceso. La visión que tiene la Agencia Nacional de Tierras frente a estos predios, no solamente de Gente de Mar, parte de una modificación en el Manual de Contrataciones que viene gestando esta Agencia estatal para todo el tema de recuperación de los baldíos y la nueva entrega a terceros. Frente a ese nuevo Manual, en la Isla se vienen generando una serie de críticas y oposiciones a la Agencia Nacional de Tierras porque no hay participación de la comunidad en el marco del derecho a la consulta previa frente a esas medidas que se están tomando. Se van a seguir haciendo desalojos para entregar predios a terceros, sin que la comunidad tenga pleno conocimiento de quiénes son los que vienen, cómo va a ser el sistema de relacionamiento con los nuevos terceros que van a venir en calidad de arrendatarios -algunos piensan que más vale un malo conocido que un bueno por conocer-; valdría la pena que se tuviera en cuenta cuál va a ser realmente nuestro papel en materia de interlocución con los nuevos arrendatarios, de lo cual no se habla, de ahí la inconformidad de la comunidad.
En las modificaciones del Manual de Contrataciones no hemos participado nosotros, que venimos de una larga lucha, en anteriores administraciones, con la Agencia Nacional de Tierras frente a la actividad turística que se desarrolla en las Islas del Rosario, sus afectaciones ambientales, sociales, culturales y la poca participación que tiene la comunidad frente a toda esta explotación de nuestros recursos. Hoy, muy a pesar de que se viene dando esta lucha, se impone esa reforma al sistema de contratación y no participa la comunidad que está en su territorio. La ANT traerá nuevos operadores turísticos y hoy, nuestra gente está expectante, no sabe qué va a pasar.
R.Ch. Se afirma que Álvaro Navia, quien estuvo por muchos años al frente del hotel Gente de Mar fue condenado por el Tribunal de Bolívar por desplazamiento de los ocupantes originales de esos terrenos ¿Cuál es la realidad histórica de la propiedad de este predio?
E.D.L.R. La historia es que el señor Álvaro Navia inicialmente compró un pedazo de tierra. No me acuerdo exactamente a qué familia, creo que fue al señor Santiago Julio. Puso a funcionar ahí un centro de buceo. Estuvo preso por algún tiempo por tráfico de drogas y cuando salió de prisión, la escuela de buceo ya no existía, parte de los equipos se habían deteriorado, otra parte se la habían robado, la habían vendido, total, no funcionaba porque estaba en deterioro. El señor Álvaro, con una mano adelante y otra atrás, se aguantó ahí, viviendo de la ayuda de los vecinos porque supuestamente no tenía ni para mantenerse y así pasó un tiempo hasta cuando resultó que se ganó dizque un Baloto de 35 mil millones de pesos -es lo que se dice- y ya entonces con mucha plata, empezó a demoler toda una serie de casas y negocios que estaban alrededor. Se dice que a muchos de ellos les iba pagando, pero también que sacó a algunos de manera agresiva, que inclusive hubo personas a las que él les disparó y bueno, tuvo sus procesos jurídicos por eso.
Algunas versiones dicen que hubo una presión psicológica y la gente cogió la plata y entregó el predio. Las acciones concretas de cómo se hizo definitivamente al terreno, no las puedo precisar porque no estaba en el lugar de los hechos. De cualquier forma, Álvaro Navia recuperó todo ese terreno, que quedó a su nombre.
R.Ch. ¿Cuál es la posición del Consejo Comunitario sobre la administración de los hoteles a los que se les ordene devolver las propiedades al Gobierno Nacional?
E.D.L.R. A la ANT, le venimos proponiendo la construcción participativa del plan de acción para la recuperación de los baldíos y no ha sido posible crear esa mesa. Hay acercamientos, pero hasta el momento nada de eso se ha concretado. Precisamente, a eso obedece nuestra preocupación porque en muchos de esos baldíos hay personas de la comunidad y no sabemos cómo va a ser el procedimiento después de la recuperación. La ANT viene manifestando que la relación de los miembros de la comunidad con esos baldíos es estrictamente laboral, pero sucede que para mucha de esta gente, la relación con los territorios que hoy están bajo administración de la ANT, no es de carácter laboral. Hay gente tiene 40 años, 50 años de estar viviendo ahí, pues forman parte del territorio nuestro. Entonces, sobre esta situación debe construirse el plan de acción, el plan de contingencia, ese tipo de coordinación debe hacerse. Pero en la ANT manifiestan que ellos son autónomos en las decisiones que tomen frente al tema de recuperación de baldíos. Eso no conduce a una buena relación por parte de esta Agencia y el Consejo Comunitario. La comunidad de Islas del Rosario está litigando porque se le garantice el derecho a la consulta y al señor director de la ANT no le quiere quedar claro o lo tiene claro y quiere distorsionar la conversación.
Al interior de la isla, por iniciativa de la misma comunidad, ya tenemos 16 ecohoteles y queremos armar toda una propuesta en materia de turismo que se pueda ejecutar teniendo en cuenta la existencia de nuestro grupo étnico para poner en marcha este proceso de etnoturismo comunitario y turismo de naturaleza que nosotros podemos direccionar hacia esa ruta, haciendo una alianza con los que hoy están ahí o con los terceros que vengan, pero que entre realmente la comunidad a participar como socios y no con la visión de empleados que es la que hasta hoy se tiene. Podemos desarrollar un proyecto integral de tal magnitud que recoja todas esas necesidades en materia ambiental, en materia cultural, en materia de empleabilidad y en materia de derecho con el tema de la participación. A eso, básicamente, es a lo que nosotros le estamos apuntando, pero el Gobierno lo único que ha hecho hasta ahora es sentarse con la Junta del Consejo a imponer o socializar vamos a hacer esto, vamos a hacer aquello, sin tener en cuenta las propuestas de la comunidad como tal. Tenemos ese tipo de choque a partir del no reconocimiento a la participación y la opción propia de desarrollo.
R.Ch. ¿Ustedes van a defender que se permita a la comunidad tomar la decisión acerca del manejo de estos hoteles?
E.D.L.R. Nosotros no queremos imponer una decisión, lo que queremos es construir una ruta que nos permita un desarrollo en el marco de lo que se requiere para las Islas. Para eso, hay que hacer un diagnóstico, identificar cuáles son los impactos que está generando el actual turismo y reconducirlo al turismo que resulte compatible con la protección ambiental de la Isla y de los derechos de quienes la habitamos.
Eso lo queremos hacer de manera participativa con toda la institucionalidad, crear una mesa permanente de diálogo con los diferentes actores institucionales que de una u otra manera tienen injerencia en la Isla para ver todo el tema de gobernabilidad o de gobernanza, que actualmente se encuentra un poco deteriorada, pues no hay una coordinación interinstitucional de todos los actores. Se trata entonces de sentarse y mirar todo ese panorama de necesidades que tiene la Isla y a partir de ahí determinar las líneas de acción para realmente generar unos cambios positivos.
Pero lo que vemos hoy es que la Agencia Nacional de Tierras está diciéndoles a los actuales operadores turísticos y a los isleños “quítate tú, para ponerme yo” y no se ha hecho ningún tipo de análisis, ni diagnóstico ni nada por el estilo, sólo se repite la figura de que va a haber una participación hacia la comunidad en materia económica, que va a haber unos porcentajes económicos que ni siquiera se sabe cuáles son, y el tema de empleabilidad, que consiste en que la comunidad siga participando con sus integrantes como empleados de los hoteles, en fin… Pero nosotros lo que realmente queremos es construir, mientras la Agencia Nacional de Tierras insiste en el “quítate tú, pa’ ponerme yo”.
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