En Santander de Quilichao, como no existe planeación desde hace varios años, entendida como el proceso técnico-administrativo para tomar las decisiones que garanticen un futuro deseado, el problema de la acumulación de los desechos sólidos en Quitapereza, que comenzó como un problema ecológico, por ser foco de contaminación, y que pudo ser controlado oportunamente, se transformó en un acumulado de conflictos de la mayor gravedad, dejando los problemas vigentes a la próxima generación administrativa.
Y sostengo que no existe planeación porque no hay prioridades definidas en torno a la solución de los problemas básicos que padece la comunidad quilichagueña, entre ellos, la disposición final y definitiva de las basuras con tecnologías limpias, con optimización de los procesos para garantizar el mantenimiento de un ambiente que permita proporcionar a la población una calidad de vida digna y saludable. En esta Administración municipal de Santander de Quilichao primero han sido los “negocios”, que no solucionan necesidades urgentes como sí sería una planta de tratamiento de lixiviados, con tecnologías de punta, en el relleno de sanitario. Aquí primero se compra un lote para un supuesto terminal de transportes, por 2.465 millones, obtenidos de un crédito, cuando en el predio de La Samaria se tenía destinada un área de 70.000 m2 para esa construcción desde el 2002 cuando se adoptó el Plan de Ordenamiento Territorial (POT); ese lote que se compró está a menos de 300 metros del que se tenía y esta Administración no tiene ninguna propuesta clara de cómo se construirá el terminal, es decir, se compró por el negocio que representaba hacer una transacción de esta magnitud. Por otra parte, se compró por cerca de 1.500 millones el lote para el hospital, teniendo hace más de 40 años el lote del coliseo de ferias destinado para ello; esta plata también fue de un crédito que tomó el municipio. Es más, se compró otro lote para el proyecto de vivienda San Luis, por cerca de 800 millones, cuando en el predio de La Samaria todavía había área disponible para seguir construyendo; además, se compró este lote a precio de suelo urbano, cuando era completamente rural, y fue el actual alcalde que lo volvió urbano mediante un Acuerdo que para esta exclusividad le aprobó el Concejo; este lote además era de una fundación que había sido creada por la esposa del actual secretario de hacienda. Hay más: se compró una finca en el barrio El Mirador por 780 millones con recursos de la estampilla del adulto mayor, que antes pertenecía a una sociedad del actual alcalde con el señor Ferney Daza y que se disolvió convenientemente antes de comprarla. Esta finca en el mercado la estaban ofreciendo por menos de 300 millones.
En esta alteración de prioridades, entonces, la solución a los problemas de fondo se fueron aplazando al punto que, como una bola de nieve, entre más rueda más grande se vuelve. Ahora al problema de los lixiviados, por no existir una planta de tratamiento, lo cual produce la contaminación de los suelos en un proceso irreversible y que además tiene la desventaja de facilitar la introducción de tóxicos en la cadena alimentaria, debe aumentársele la construcción, no prevista aún, de una nueva celda de contingencia pues la actual está a punto de llenarse completamente y en pocos meses el problema adicional será que no se tendrá el espacio adecuado para el depósito de basuras. Bueno, habrá que improvisar algo de emergencia llegado el momento en que la población víctima de la ineficiencia y la falta de planeación tenga que salir a protestar para exigir las soluciones no previstas. Al parecer esto tampoco fue problema para la actual administración, porque será otro legado para el gobierno local que inicia el próximo año.
A los problemas anteriores súmenle que el relleno no cuenta con un vibrocompactador, que garantice la vida útil calculada para la celda de disposición final de basuras, únicamente se trabaja con el bulldozer esparcidor. Tampoco se cuenta con un sistema de captación de biogás (al gas se lo puede usar tanto como biogás, como combustible para transportes y como gas domiciliario), ni cerramiento perimetral, ni una adecuada barrera de amortiguamiento.
Lo grave del asunto es que el cierre definitivo del relleno de Quitapereza, como lo piden algunos vecinos e invasores de predios cercanos y comunidades indígenas, luego de 33 años de funcionamiento, no soluciona el problema de los lixiviados y la contaminación. Si se trasladara a otro sitio, debe instalarse de todas maneras una planta de tratamiento con tecnología de punta pues una vez que los residuos llenaron el cupo inundable se deben esperar 10 años para forestar la zona y para poder edificar hay que esperar 20 años, y habría que equipar simultáneamente otra planta de tratamiento en el nuevo sitio.
Pero los problemas descritos, no atendidos oportunamente, desembocaron en uno nuevo. Sin haberse solucionado el problema de la disposición final de basuras que produce el municipio de Santander de Quilichao, la Empresa Caucana de Servicios Públicos Emcaservicios S.A. E.S.P., encargada de ejecutar el “Plan Departamental de Agua – Programa Agua para la Prosperidad”, decidió, a mediados del año pasado, contratar por $400’000.000 una consultoría con la empresa Análisis Ambiental Ltda., cuyo representante legal es Hugo Durán Pérez, para la elaboración de los estudios y diseños para la construcción del relleno sanitario regional con aprovechamiento de Quitapereza. Igualmente contrató la interventoría técnica, administrativa, financiera, social y ambiental, por $40’000.000, con Rodrigo Alfredo Carreño García, sin haberse realizado anticipadamente la consulta previa que dispone el ordenamiento legal como derecho fundamental que tiene el pueblo indígena del resguardo de Canoas, en cuya jurisdicción se encuentra el relleno sanitario, decisión administrativa que fue interpretada como vulneración de su integridad cultural, social y económica y negación del derecho a la participación. Esta circunstancia impulsó casi un enfrentamiento interétnico pues algunos dirigentes indígenas impidieron el normal funcionamiento del relleno Quitapereza, afectando a la comunidad urbana de Santander de Quilichao, situación que confluyó en una marcha de protesta que inclusive se trasladó hasta las oficinas de la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca, y la ciudad no tuvo recolección de basuras por unos días. Pero en varias ocasiones anteriores hubo enfrentamientos entre los vecinos del basurero y dirigentes indígenas con la fuerza pública. Ni así se ha podido superar el problema acumulado.
A lo anterior se suma otra complicación no solucionada por el Gobierno Nacional ni el Legislativo en lo que hace referencia a las Entidades Territoriales Indígenas que por no estar debidamente delimitadas los títulos legales y posesión sobre cualquier propiedad fácilmente se ponen en duda y mediante vías de hecho se asumen como presuntos territorios ancestrales que deben ser desocupados por los propietarios. La cuestión se ha evidenciado en Quitapereza, donde inclusive se le niega propiedad de los terrenos en los cuales funciona el relleno sanitario a la empresa Emquilichao E.S.P. y de donde fue desalojado forzosamente el Cuerpo de Bomberos de Santander de Quilichao que había recibido en comodato 10 hectáreas para establecer allí la Escuela Regional de Bomberos.
En estas circunstancias, el martes 31 de marzo un grupo de personas, especialmente funcionarios de la empresa operadora del relleno, realizó un plantón ante la URI, Unidad de Reacción Inmediata de la Fiscalía General de la Nación, con el fin de denunciar la inoperancia judicial frente a una serie de denuncias interpuestas por los daños y robos presentados en días anteriores para no permitir el funcionamiento del depósito de basuras, y para convocar a una marcha para notificar rechazo cívico a los actos vandálicos que se presentaron en contra de la Empresa de Servicios Públicos, Emquilichao, administradora del basurero local. Al día siguiente en la hacienda Gualanday, las comunidades indígenas, la Alcaldía Municipal, la Gobernación del Cauca, la CRC y la Defensoría del Pueblo, acordaron abrir paso a los carros recolectores de basura para reiniciar desde el día jueves 02 de abril, durante 15 días, el depósito de residuos sólidos en la celda de contingencia.
Una vez certificado el correcto funcionamiento de la celda de disposición final, las comunidades indígenas continuarán con el proceso de la consulta previa liderado por Ministerio del Interior.
Leer más en contexto en [http://www.proclamadelcauca.com/2015/04/quitapereza-de-estrago-ambiental-a-conflicto-interetnico-y-mas.html]
