Se conoció el documento borrador del protocolo uribista del presidente Duque para regular la protesta social. Entre los puntos que llaman poderosamente la atención está la intención absurda de exigirles a los organizadores de las movilizaciones sociales una póliza de responsabilidad civil extracontractual para que se hagan responsables de los daños causados en bienes ajenos. ¿Entonces solo las organizaciones adineradas serán potencialmente capaces de organizar las protestas? Así mismo, el protocolo define la moda del vestir de los protestantes y prohíbe las capuchas y el uso de pinturas, y finalmente quiere quitarles a las autoridades civiles las facultades de ordenarle a la policía.
“Permitir que sea la Policía la que defina el momento de utilizar el Escuadrón Móvil Antidisturbios (...) es no entender las raíces de la desconfianza de los ciudadanos y las preocupaciones de las Cortes. Lo que necesitamos es más poder de las autoridades civiles, más pesos y contrapesos, más control y no que se deje una decisión tan importante al juicio de quienes están en la línea de fuego”, dice el editorial de El Espectador del 1 de octubre del 2020.
De verdad, el protocolo parece creado para un mundo sin ciudadanos, donde solo sea permitido el rol activo del gobierno y la Policía. Es la construcción de una ficción forzada y pretenciosa de intentar que esta se parezca a la realidad concreta de todos los días para que sea igual a la distopía de sus creadores.
Es inimaginable un mundo así, aunque ahora el gobierno uribista de Duque crea que se puede construir una tiranía en medio de la máscara de la democracia nacional a punta de decretos pandémicos. Los que observamos al presidente Duque visitar un CAI y usar el uniforme de la policía, mientras la ciudad ardía por la muerte brutal de Javier Ordóñez, concluimos que la poca democracia que nos queda se agota en estos gestos institucionales de la fuerza bruta. Este gesto presidencial nuestro nos recordó que la negativa de Trump a no defender los grupos de supremacía blanca en norteamérica está amarrada a la espada de la tiranía.
La sentencia de la Corte Suprema de Justicia busca garantizar la movilidad y la protesta social, amparándose en la Constitución Nacional y el Estado social de derecho. El uribismo desprecia este modelo de Estado y quiere montar como sea su estado de opinión.
Lo cierto es que el establecimiento viene intentando regular las protestas sociales desde 2012. Sin embargo, los eventos repetidos en el 2019, y en especial los ocurridos en plena pandemia en el mes de septiembre, han obligado a hacerle creer al régimen, en medio del aislamiento y el confinamiento, que es hora de repensar desde la ideología derechista el derecho a la protesta para torcerle el pescuezo constitucional y enderezarla a sus intereses particularísimos. En esta línea de pensamiento crearon el protocolo regulatorio de la protesta social, que la Corte Suprema y el Tribunal de Cundinamarca los obligó a revisar para la garantía de la participación de los ciudadanos en las manifestaciones públicas.
La derecha extrema que nos gobierna nos desea quietos, pasivos y más indiferentes que antes, mientras los que pertenecen a esa clase social sí pueden utilizar lo que la mayoría de los ciudadanos no percibe como actos de violencia gubernativa, simbólica o invisible del Estado neoliberal contra las gentes más desprotegidas de la sociedad: las reformas laborales y de la salud, entre otros actos administrativos pandémicos. Es más que un ensayo político de cierre de ciclos históricos, es la propuesta uribista de ahogar la sociedad pobre del país y acabar con los pobres a fuerza de hambre y represión. Es una revolución demográfica silenciosa, imperceptible, indefinible y brutal si se quiere.
¿Usted se ha preguntado si los muertos del 9S tenían capuchas?, ¿o ha logrado intuir por qué algunos de los manifestantes usan las capuchas o se pintan los rostros en las protestas sociales? Otras preguntas: ¿por qué los del Esmad usan trajes especiales y caretas?, ¿por qué la policía usa los protectores de las motos para cubrirse el rostro?, ¿por qué la policía también tiene la terrible costumbre de utilizar civiles policías en las protestas e incluso se les ha visto infiltrando las protestas sociales en las ciudades? No son santos. El problema es que mientras el poder del Estado en el mundo ha ido evolucionando hasta desacreditar la violencia física, aquí, en este país de guerras ocultas y muerte, de desapariciones y torturas, a la sociedad le aplican los castigos físicos.
Alguien dijo que en Canadá los manifestantes no usan capuchas. ¿Acaso Colombia es Canadá?, ¿allá asesinan a los líderes sociales como acá?, ¿la policía les dispara a los manifestantes como lo hizo en Bogotá?, ¿tiene los niveles de pobreza e injusticia social de nuestro país?
Los que hemos asistidos a las marchas no vamos con la intención de violentar nada, vamos simplemente a rechazar el mal gobierno en medio de la alegría, la algazara y el fuerte sol de Barranquilla, donde se ha demostrado que sí es posible realizar las protestas sociales sin la necesidad de acudir a los actos violentos, vengan de donde vengan.
A muchos colombianos les ha tocado experimentar las provocaciones y el uso indebido del Esmad y la policía. ¿A qué juega la policía cuando tiene un arma, usa la fuerza bruta y viste el uniforme verde de la civilidad? Este doble rol enmascara el verdadero rol de los cuerpos de represión del Estado: defenderle los privilegios estructurados del gobierno contra los que sobreviven en medio de un régimen histórico que vive de la bandera, el himno y se resiste a escuchar la voz de la Constitución Nacional.
