Tras la firma del acuerdo final de paz el pasado 24 de agosto entre las delegaciones del Gobierno Nacional y las Farc, lo que más inquieta al vendedor de tintos, al cotero, a la modista, al zapatero, a la que vende productos de catálogo, a la enfermera, al celador, al pensionado, a ese vago de plaza de Bolívar, es que “con tanto desempleo que hay en Colombia, ¿cómo es posible que se les pague a unos guerrilleros por haber delinquido?”
Y es que con tantas urgencias de inversión social que tiene el país, no les cabe en la cabeza que el plebiscito, por ejemplo, según el Registrador nos costará cerca de 117 millones de dólares, un poco más de lo que le deben las EPS a la red pública hospitalaria del Valle.
Sin embargo, hay una premisa lógica que por lo visto no se tuvo en cuenta en el “proceso de desmovilización” con los paramilitares del gobierno Uribe: la idea es que los excombatientes, luego del desarme, no recurran a la delincuencia como forma de vida. Su reinserción a la vida laboral es un tema delicado si tenemos en cuenta sus antecedentes y rol en el conflicto armado, muchos no saben hacer otra cosa que empuñar un fusil. Por eso es necesario e ineludible brindarles oportunidades, que reciban un subsidio temporal “para prevenir la metástasis de la violencia en las ciudades.” ¿Hay otra opción?
El acuerdo contempla en las páginas 66, 67 y 68 todo lo relacionado con el proceso de reincorporación económica y social de los excombatientes. Tendrán derecho, por una vez, a un apoyo económico de 8 millones de pesos para emprender un proyecto productivo individual o colectivo, montar un negocio, comprar vivienda o sostenerse mientras emprenden proyectos asignados por el Gobierno.
Luego de la terminación de las Zonas Veredales Transitorias de Normalización (ZVTN) recibirán una asignación única de normalización de 2 millones de pesos y durante 24 meses el equivalente al 90% de un salario mínimo, 620.500 pesos mensuales siempre y cuando “no tengan un vínculo contractual que les genere ingresos”, es decir, si un desmovilizado se emplea antes de los 24 meses, dejará de recibir ese beneficio.
Los amigos de la guerra, en su desespero y empeño desinformador rotan en redes sociales una ‘infografía’ que dice “Yo quiero ser guerrillero, ¿Se preguntará por qué?”, y en la misma pieza manipulan al ciudadano con este argumento falaz y ligero: “¿Y la gente de bien que no ha matado, robado, secuestrado qué le dan?”. En el Gobierno Uribe “la plata que recibieron los guerrilleros por reintegrarse a la vida civil (más de 18 mil) fue mayor al que se entregará esta vez y sin el compromiso de estudiar o recibir ayuda psicosocial”, explicó el pasado miércoles el plenipotenciario Frank Pearl.
No es cierto que el Estado no dé; da y de más. Ejemplo: Los subsidios de Familias en Acción, política asistencialista bandera del Gobierno Uribe, da de comer a los que llaman los politólogos “parásitos sociales” que sostienen la democracia representativa. Familias que jamás saldrán de la pobreza porque en la informalidad hallan la manera de vivir vitaliciamente de las migas del Estado. Asimismo, los aprendices del Sena, unos 123 mil jóvenes de todo el país, reciben un apoyo de sostenimiento de un salario mínimo. O sea, lo de los subsidios no es nada nuevo.
La guerra cuesta más
En los últimos 15 años Colombia se ha gastado más de 330 billones de pesos en el conflicto interno armado, unos 22 billones anuales. El presupuesto General de la Nación para 2016 fue de $215,9 billones de los cuales 30 billones se priorizaron para la guerra, el equivalente al 3,5% del PIB nacional. Según cifras del Banco Mundial, Colombia es el país latinoamericano que mayor gasto militar tiene en proporción al PIB correspondiente. ¿Queremos seguir así?
Según los cálculos que ha realizado el Congreso de la República, el posconflicto costaría 90 billones de pesos en diez años, 9 de los 22 anuales que se gastan en guerra. La Comisión de Paz del Congreso calcula que de ese monto, 16 billones se invertirán entre el 2017 y el 2018. Entre otras fuentes de financiación para el posconflicto, el país anda pasando el sombrero entre la comunidad internacional. Rafael Pardo, ministro del Posconflicto, se planteó la meta de conseguir en cinco años 3.000 millones de dólares. Vale la pena. Por eso es necesario entender las razones del conflicto para querer acabarlo.Las teorías del origen del conflicto armado en Colombia.
El Centro de Recursos para Análisis de Conflictos(Cercac) explica con mucha claridad en su informe “¿Qué ganará Colombia con la paz?” los beneficios económicos que traería el cese del conflicto armado en el país.
En términos generales, con la consolidación del proceso, se mejorará y dinamizará la productividad de la economía nacional y será fundamental para acelerar el país hacia lo que el ministro de Hacienda Mauricio Cárdenas llama la Nueva Economía, donde los motores de crecimiento son la producción industrial, el sector agrario y el turismo.
La “fortuna” de las Farc
¿Y la reparación a las víctimas? Una de los reparos del Centro Democrático frente al proceso de paz es que las Farc tienen una fortuna oculta, recursos que deberían servir para reparar a las víctimas. El propio presidente Santos reconoce que ellas están guardando dinero en caletas. Fuentes oficiales señalan que desde que entraron en los años 90 al narcotráfico, se estima que son dueñas del 20% de un negocio que mueve más de 4.500 millones de dólares al año. Es claro, no obstante, que a partir de la firma del acuerdo final, todos los bienes que les sean encontrados producto del narcotráfico serán expropiados.
Si el Gobierno Nacional no actúa con celeridad en el rastreo de esa “fortuna”, le estaría dando la razón al procurador Alejandro Ordoñez quien dice que “con el proceso de paz se le permitirá a la guerrilla realizar una gigantesca operación de lavado de activos”. Según la revista Forbes, las Farc cuentan con una fortuna de 600 millones de dólares.
Paz estable y duradera
Ahora, no es menos cierto que hay sectores que el Gobierno Nacional olvidó. El gobernador de Antioquia Luis Pérez, afirmó que aunque la paz debe ser una prioridad, “el presidente está descuidando los compromisos con otros sectores, especialmente el de salud”.
Pero avanzamos. El cese del conflicto es inminente, esa plataforma ideal que necesitábamos para intervenir los verdaderos problemas que aquejan al país. Cambiar por fin la miserable agenda de la guerra y retomar la social.
La consolidación de una paz “estable y duradera” de aquí en adelante, depende de reordenar las prioridades del lema de Gobierno “Paz, equidad y educación”: que a nuestros derechos les asista la posibilidad, salud y educación que generen equidad para lograr la paz. Combatir la corrupción, ese cáncer que hace metástasis en los órganos del Estado, 9 billones anuales ROBADOS del erario, justo lo necesario para financiar el posconflicto.
ADENDA: el que vote No en el plebiscito del 2 de octubre con el argumento de que a las Farc hay que acabarlas con “bala”, lo invito a que se enliste conmigo al día siguiente a la Infantería de Marina. Aunque quizá no lo(a) reciban porque, o pagó para ser oficial de la reserva (para tomarse la foto con el camuflado solo los fines de semana) o la mayoría compró la libreta militar. Cobardes, guerreristas de sofá. Qué fácil es hacer la guerra con hijos ajenos…
*Artículo retomado de la Revista Metro publicado el 29 de agosto de 2016
