Los dueños de la economía y la política antioqueñas sufrieron un duro golpe a manos de las Ciudadanías Libres con la elección de Daniel Quintero como alcalde de Medellín, pero esa élite no ha desaparecido ni mucho menos. Ahí está, agazapada, esperando los “papayazos” que aparezcan, provengan de donde provengan.
El primer “papayazo” lo dio Quintero al autorizar con recursos públicos un pequeño concierto en el parque de El Poblado, al cierre de la marcha del 21 de enero, que se malogró tanto por un aguacero como por el saboteo de algunos encapuchados, que no faltaron a su ritual de provocar la intervención represiva del ESMAD.
Hay claros indicios que circulan en los medios alternativos, sobre la infiltración de policías encapuchados en las marchas que hoy se cumplen como desarrollos del paro nacional. Es parte de la guerra sucia que practica el Estado contra todas las expresiones de oposición, especialmente cuando ellas tienen un potencial transformador tan alto como las actuales tomas callejeras.
El alcalde por su parte, hizo lo que tenía qué hacer como mandatario elegido por los jóvenes de la ciudad, autorizar la libre movilización y expresión de una fuerza social que mayoritariamente lo puso en el cargo de burgomaestre, proteger además el ejercicio de un derecho constitucional, promover la participación ciudadana y democrática en la ciudad que lo nombró como primera autoridad política y administrativa.
El resultado electoral pasado calmó las aguas, pero desde este martes 21 las derechas de la región han vuelto a la carga, no le perdonan al alcalde el gesto implícito en el concierto y le endilgan las agresiones a algunos bienes públicos o privados, hasta el extremo de desatar subrepticiamente una campaña por su revocatoria.
La campaña uribista contra Quintero, compromete al conjunto de las Ciudadanías Libres de Medellín, hayan votado o no por él; reabre el debate de fondo Uribismo vs. Democracia en esta región, que estuvo desdibujado en la campaña electoral por el ruido de numerosas candidaturas mal llamadas “de centro”. El ataque a Quintero no es personal, es un ataque frontal a la movilización ciudadana y su programa de reformas, es una declaración de guerra al movimiento del paro nacional.
Lo que quieren revocar los nostálgicos del poder no es otra cosa que el paro nacional y su fuerza de convocatoria en Medellín. Quieren regresar a los cuatrenios pasados, en los que hicieron arrodillar los movimientos ciudadanos y someterlos a un viacrucis de requisitos burocráticos cuando fueron a la Alpujarra a anunciar expresiones callejeras.
Los jóvenes entienden qué es lo que está en juego. Por ello la protesta en Medellín debe tomar mayores bríos. El uribismo busca sacar de las calles a los jóvenes; estos a su vez ampliarán su proyecto, y reafirmarán su determinación de luchar contra el gobierno y su política de arrasar con los derechos de la gente. Ampliar el movimiento exige reafirmar el carácter vitalmente festivo de las marchas y concentraciones, convertirlas en exhibiciones de ingenio, fuerza y convicción de objetivos. No de otra manera podrá crecer. Responder con militarismos al militarismo del régimen político, es más de lo mismo, es resignación regresiva, es renunciar a los métodos surgidos del interior de la masa popular para imponer los propios. Los supuestos asaltos a la fortaleza enemiga que algunos inventan al concluir las manifestaciones, terminan siendo asaltos a la credibilidad de quienes hacemos el grueso de la movilización.
El contexto de brutalidad policial y guerra sucia en Colombia es innegable, está documentado nacional e internacionalmente, solamente los negacionistas del uribismo y los más ignorantes se atreven a negarlo. Pero convertir esa verdad en argumento a favor de acciones intrépidas contra terceros, es equivocado, es una partida de defunción para el actual levantamiento popular, que se ha dotado de objetivos y métodos propios, ajenos y contrarios a la acción violenta.
En la jornada de este 21 de enero el ESMAD se volvió a “lucir” con sus arremetidas “a todo lo que se mueva”, dejando un saldo lamentable de lesionados que no hacían parte de ningún disturbio. Esa fuerza fuera de control, ha demostrado que actúa bajo la doctrina militar del régimen, y no bajo los parámetros de la Constitución Política ni de las directrices de las autoridades municipales. Es el ESMAD y la doctrina militar los que deben ser revocados; son los derechos de los ciudadanos los que deben ser respetados: sus derechos a elegir y ser elegidos, a expresarse, movilizarse y reclamar sus derechos en el tono de voz que ellos quieran.
