Al parecer en Colombia numerosos sectores anclados a grandes intereses del poder político y económico no están interesados en que se realice una transición hacia la paz. De hecho, numerosos hechos confirman que de una u otra forma se le están colocado grandes obstáculos a este proceso, como se deriva de los acontecimientos más recientes. Veamos:
Luego de que se presentara un fuerte pulso político-jurídico que se desató en los últimos meses en la Jurisdicción Especial para la Paz, el Congreso y la Corte Constitucional con relación a la ley estatutaria, el actual presidente de Colombia, Iván Duque, finalmente y a regañadientes tuvo que firmar la norma que le da piso legal.
De hecho y con anterioridad a esta decisión un grupo de políticos, académicos y empresarios de centro derecha le habían enviado una comunicación acerca de la inconveniencia de estas normas argumentando que daría lugar a la impunidad con el narcotráfico y el supuesto incumplimiento de obligaciones por parte de comparecientes a la JEP, la pérdida de beneficios por reincidencia en delitos como el secuestro, narcotráfico y la extradición de estos y el tratamiento que se llegue a dar a los delitos continuados y permanentes y a otras graves violaciones a los DD. HH.
Al existir la ley estatutaria, la JEP tiene todo el respaldo jurídico frente al conjunto de decisiones complejas que deben adoptar los magistrados frente a los delitos y crímenes cometidos por actores ilegales y servidores del Estado en el marco de la aplicación de la justicia transicional, lo que por supuesto, incomoda a numerosos políticos, empresarios, militares y exmilitares vinculados con crímenes de lesa humanidad ya que se revelaría el prontuario de su accionar criminal (no se puede olvidar que en la actualidad hay cerca de 15.000 personas entre guerrilleros y miembros del ejército y la policía incursos en diferentes delitos y quienes están presentando declaraciones ante la JEP).
De otro lado y como resultado de los acuerdos de la Habana, el gobierno de Iván Duque argumento su modificación, utilizando como justificación el hecho de no haber participado en la firma de los mismos, lo que a todas luces refleja el carácter político y partidista de esta clase de decisiones, lo que realmente coloca en evidente riesgo la seguridad jurídica en la aplicación de la normatividad propia de la JEP para el efectivo juzgamiento de los diferentes delitos.
En otro contexto la expansión y copamiento de territorios por parte del paramilitarismo en las zonas dejadas por las Farc y el plan de exterminio sistemático ejercido contra los líderes sociales, excombatientes de las Farc e integrantes de sus familias (de estos últimos se documentan 133 asesinatos de desmovilizados, 34 familiares y 11 más desaparecidos) y comunicadores sociales independientes; pone de manifiesto el interés del Estado de no protegerlos e ignorar la dimensión que ha adquirido el problema en Colombia y las dinámicas de violencia que, a pesar de la salida de las Farc del escenario del conflicto siguen latentes en las regiones (diversas organizaciones de derechos humanos documentan que después de la firma de los acuerdos para la paz en el 2016, han sido asesinados cerca de 702 líderes sociales en Colombia, de los cuales aproximadamente 200 se han ejecutado durante el actual gobierno).
Es tan alarmante esta situación que la Defensoría del Pueblo ha indicado que son 431 los casos registrados en lo que va corrido del año 2019, mientras que la ONG Somos Defensores documenta 341 líderes y defensores de derechos humanos asesinados, 25 de los cuales perdieron la vida solo en el primer trimestre de este año.
Es preciso aclarar que el 60% de los líderes sociales asesinados tienen tres perfiles:
- Reclamantes de tierra y esclarecimiento de la verdad.
- Líderes que quería participar en política.
- Miembros de Juntas de Acción Comunal que se oponen a economías ilegales, ya sea a cultivos de uso ilícito o minería ilegal.
La ola de amenazas, secuestros, atentados, intento de homicidio, desapariciones y asesinatos en contra de estos sectores se ha agudizado en aquellas regiones de la geografía nacional, donde los líderes sociales se oponen al desarrollo de grandes proyectos minero-energéticos, la instalación y operación de hidroeléctricas, la implementación efectiva de programas y proyectos productivos de sustitución de cultivos ilícitos y la reclamación de tierras.
Frente a este oscuro panorama cabe hacerse las siguientes preguntas.
¿Está definitivamente el Estado Colombiano en contravía de consolidar el proceso de paz en Colombia?
¿El exterminio sistemático contra los líderes sociales equiparable al ejercido en su momento contra la Unión Patriótica está vinculado con un plan dirigido a desarticular sus estructuras organizativas mediante el fomento del terror generalizado al interior de sus integrantes y evitar así que se conviertan en una poderosa fuerza alternativa que le dispute el poder a la vieja élite política dominante en el país?
¿La indiferencia del Estado y de la sociedad colombiana con relación al asesinato cada dos días de un líder social tendrá como consecuencia la incubación de nuevas formas de expresión armada de carácter insurgente en estas zonas?
A manera de conclusión se puede plantear lo siguiente.
En la medida en que las declaraciones ante la JEP o Comisión de la Verdad de exguerrilleros, exmilitares, paramilitares, parapolíticos y exservidores del Estado avancen y comiencen a evidenciar las verdades de quienes los apoyaron, las delaciones se pondrán al día y allí empresarios, terratenientes, narcotraficantes y miembros del Estado tendrán su responsabilidad histórica como beneficiarios directos de la guerra, por tanto tendrán que devolver a las víctimas lo robado lo que pondrá a estas a un mayor riesgo y peligro en sus vidas.
