A pesar de que las bancadas parlamentarias han sido claras en no apoyar la reforma tributaria tramitada por el ejecutivo ante el Congreso de la República, el país se ha visto inmerso en protestas producto del descontento de la opinión pública con la llamada “ley de solidaridad sostenible”.
Algunos de los artículos más impopulares dejan la puerta abierta a la implementación de peajes en las ciudades o directamente decretan impuestos a las pensiones, al patrimonio, a los dividendos o la anulación de exenciones a algunos bienes de la canasta básica familiar.
Por otro lado, la reforma plantea otros artículos que no se aplauden, pero tampoco se analizan debidamente como es el caso de la creación del comité para la regla fiscal o algunos programas sociales como la creación de Fonclima, la renta básica, la matricula cero o la devolución del IVA.
La gran mayoría de los protestantes estaba a favor de estos programas sociales y en contra de los impuestos que afecten a la clase baja y media. Por ende, la gente que se manifestó aclama que estos programas sociales se implementen o permanezcan sin que sus bolsillos se vean afectados, por lo que sugieren que sea otro sector de la población quien pague la fiesta.
Lo anterior inexorablemente desemboca en que sean los más ricos sobre quienes recae el peso económico de dicha reforma. Según la revista Forbes, en Colombia solo seis personas son consideradas megarricas, pues su patrimonio supera los 1000 millones de dólares. Si incluimos el patrimonio de las diez familias más ricas del país, sumaría aproximadamente 90 billones de pesos.
El presupuesto general de la nación para el 2021 es de 313,9 billones de pesos, la nueva reforma plantea recaudar 25 billones por lo que el presupuesto para el próximo año no sería inferior a los 340 billones de pesos. Si decidiéramos cobrar a los más ricos para financiar el presupuesto nacional, tendríamos que quitar el total de su patrimonio para financiar los rubros de salud y educación de un solo año. Aun así tendríamos que recaudar entre los demás colombianos los 260 billones de pesos restantes para financiar solo el presupuesto general de la nación del 2022.
Por lo tanto, no es tan fácil decir que se quiere un Estado que nos otorgue programas sociales y los beneficios de ley, pero que sean los ricos los que paguen, porque ni aplicando un exprópiese chavista podríamos financiar el costoso aparato estatal que tenemos.
Moraleja: cuando en una casa no alcanza para la fiesta, no se hace la fiesta.
