Cuando Carlos Castaño, con apenas 25 años, y su hermano Vicente, vieron aquella extensa zona fértil, cerca de Montería en la que a lo lejos veían humildes y pequeñas fincas, se obsesionaron con esas tierras. Estaba en la ruta a Tierralta que se convertiría en uno de los bastiones del poder paramilitar en Córdoba desde controlaron la estrategia electoral del 2002 llevando raizales al senado como Eleonora Pineda.
Los Castaño se estrenaban por aquellos inicios de los años 90 como cabezas de las nacientes Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá, el grupo paramilitar que su hermano Fidel fundó para defender a los ganaderos de Córdoba y del Urabá Antioqueño de las guerrillas. El mayor del clan Castaño murió en San Pedro de Urabá 1994 antes de que la guerra comenzará con toda su crudeza.
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No pasó mucho tiempo desde que divisaron las tierras para que empezaran las amenazas para los campesinos y a sus familias. El rumor empezó a causar estragos y se empezaron a abandonar parcelas y pequeñas fincas. Decenas de hombres armados que se identificaron con el brazalete de las Autodefensas campesinas concluían la tarea del despojo, quemando ranchos, matando a quien se encontraban en el camino y el éxodo de la vereda Tres Piedras empezó al mismo ritmo que la posesión de las tierras por parte de los hermanos Castaño. Notarías y la Oficina de instrumentos públicos de Montería estaba a su disposición y el recién creado ejército estaba para defender las fincas que se iban escriturando a nombre de testaferros.
La mente criminal detrás del destierro de toda la vereda Tres Piedras, la cual convirtieron en una sola hacienda de más de 1500 hectáreas, fue Jesús Ignacio Roldán, alias Monoleche, un lugarteniente paramilitar nacido en Guadalupe, en Antioquia, que empezó siendo escolta y mano derecha de Fidel Castaño y quien, tras la muerte en combate con el EPL de su patrón, pasó a servirle a Vicente y a Carlos. La crueldad de Monoleche llevó a asesinar a Carlos Castaño en abril de 2004 por orden del propio hermano Vicente Castaño.
El despojo a plomo y bajo amenazas de los campesinos de Tres Piedras
Los paramilitares bajo el mando de Monoleche terminaron de desocupar toda la vereda en dos años. Algunos campesinos que no intentaron defender su pedazo de tierra salieron con $ 5 millones de pesos, mientras que otros que se resistieron a abandonar las parcelas terminaron con familiares asesinados. En 1994 las tierras ya tenían nuevos dueños: los Castaño, quienes se hacían más y más poderosos gracias a la protección de algunos miembros del Ejército y de instituciones locales y también con el apoyo de propietarios que habían padecido durante décadas a la guerrilla, sus extorsiones, sus secuestros, su robo de ganado, su quema de predios.
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Salvatore Mancuso era ya referencia en Córdoba como un ganadero arriesgado y aventurero, casado con Martha Dereix, proveniente de una familia acomodada, quien había organizado grupos de defensa en su momento autorizados por el gobierno como las Convivir. Desesperados por la ausencia del estado buscaban defenderse de los guerrilleros de EPL y las Farc que los tenían asediados a ganaderos y comerciantes.
Salvatore Mancuso, apoyado por los hermanos Castaño y amparado bajo la Ley 356 de 1994, firmada por César Gaviria y su ministro de Defensa Rafael Pardo pocos meses antes de dejar el gobierno, fundó la Convivir Horizonte Limitada que fue financiada por los ganaderos de Córdoba quienes pusieron las esperanzas de tranquilidad en el “Mono” de casi dos metros de alto.
Pronto las Convivir se transformaron en organizaciones armadas ya no grupos defensivos sino estructuras ofensivas, génesis de las Autodefensas de Córdoba y Urabá pero que se multiplicaron en el país armando feroces organizaciones. Mancuso pasó a ser el jefe de los bloques Norte, Córdoba, Montes de María y Catatumbo y lideró, como él ha confesado, sangrientas tomas y masacres donde mandos militares estuvieron vinculados, como el entonces comandante del Batallón de Contraguerrilla n°46, teniente Luis Fernando Campuzano, condenado a 40 años por la muerte de 45 campesinos en La Gabarra (1999); el general Alfonso Manosalva Flórez, acusado por Mancuso de organizar la masacre de El Aro (1997) y el general Rito Alejo del Río, condenado a 25 años por homicidio e investigado por su presunta participación en la masacre de Mapiripán, ocurrida a mitad de 1997.
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Por aquellos años de intensa guerra y derramamiento de sangre fue cuando la enorme hacienda que habían logrado construir los Castaño con el despojo de más de 100 familias campesinas pasó a manos de Salvatore Mancuso, quien la llamó hacienda Costa de Oro. La sembró del mejor pasto para alimentar 1500 cabezas de ganado cebú y con sombríos de grandes ceibas y árboles nativos hizo de está hacienda su favorita y ejemplo de lo que decía debía convertirse todo el departamento.
Cuando Mancuso se desmovilizó bajo la Ley de Justicia y paz, durante el gobierno de Álvaro Uribe, en 2004, no incluyó a Costa Oro en la relación de bienes que debía entregar como parte del acuerdo firmado en San José de Ralito. Se supo de su existencia cuando los campesinos que habían sido desplazados a sangre y fuego una década atrás empezaron a reclamar aquellas tierras. El gobierno Uribe, en 2008, por la vía de la Unidad de restitución de tierras le hizo entrega de 15 hectáreas a cada una de las 58 familias que demostraron haber sido dueñas.
Los campesinos y finqueros originales han recuperado 870 hectáreas, la mitad de la hacienda, la cual estuvo valorada en casi 20 mil millones de pesos. Así las cosas, Costa de Oro no forma parte de las 380 propiedades que Mancuso dice haber entregadas, que están perdidas y él se ha propuesto, de la mano de la Unidad de Víctimas, en cabeza de Lilia Solano y de la Agencia de tierras, que lidera Felipe Harman recuperarlas.
Investigadores que le han seguido los pasos al proceso de Justicia y paz como el portal Verdad Abierta argumentan que la versión de Mancuso no es cierta y que la mayoría de sus propiedades han sido devueltas a víctimas suyas como lo relatan en este artículo titulado Bienes de Mancuso no están “perdidos”, la mayoría fueron devueltos a víctimas de despojo.
