Tengo malos recuerdos de las EPS, y en especial de la cerrada Coomeva, pues largo tiempo me tocó gestionar citas, exámenes de laboratorio, cirugías y medicamentos para mi madre; y además de prolongadas colas tempraneras, debí soportar pésima atención al público, originada en directrices de las directivas de la institución (y otras EPS), para minimizar inversiones en el paciente y que gran parte de la cuota mensual descontada de sus salarios o subsidiada por él gobierno, engrosara su capital privado.
Después de la Ley 100, el personal de salud, además de ser contratado a destajo por cortas temporadas, bajos sueldos y sometidos a atender pacientes al por mayor, fue conminado a recetar drogas de bajo costo y a economizar al máximo con los pacientes. Fue la época del reinado del acetaminofén y el diclofenaco -convertidas en drogas mágicas para todos los males- y de la tutelas, último recurso, cuando enfermos graves debían ser formulados con medicamentos costosos o programados para cirugías complejas y en oficinas de las EPS debían someterse a exasperantes gestiones y papeleos, que muchas veces eran aprobados después de las exequias.
“70 formas de corrupción en el sector había detectado el anterior superintendente de Salud, un récord en agallas. Para el analista Iván Jaramillo, el neoliberalismo creyó conjurarlas privatizando el sector pero, antes bien, estas se dispararon, por una razón principal: mientras los recursos están en la entidad oficial ADRES, sufren vigilancia permanente de los organismos de control, son recursos públicos. Cuando pasan a las EPS devienen recursos semipúblicos y el control de su ejecución desaparece. Llegados a clínicas y hospitales, donde se contrata a discreción sin auditoria profesional independiente, se vuelven privados. Las auditorías, cuando las hay, proceden yo-con-yo, el gato cuidando el queso. Se comprenderán, pues, estropicios como el de Carlos Palacino, presidente de Saludcoop, que terminó desfalcando $1,4 billones que su EPS sólo podía gastar en médicos, drogas, procedimientos y administración”. Escribe en El Espectador, Cristina de la Torre, en su columna “Freno a la salud como negocio”.
No hay que desconocer que en el papel, todos los colombianos, del régimen contributivo o subsidiado, tenemos derecho a la atención en salud, cuya administración y manejo de recursos corresponde a las EPS; pero en la práctica el sistema no ha sido tan eficiente por las talanqueras en los trámites para acceder a los servicios y debido a la falta de controles efectivos a los recursos asignados, pues desde sus orígenes estas entidades y directivos ventajosos manejaron alegremente billones entregados por el gobierno invirtiéndolos en condominios, hoteles, canchas de golf, equipos de fútbol, etc, y apoderándose de sus ganancias, mientras a hospitales públicos y clínicas que no fueran de su propiedad, no les pagaban a tiempo impidiéndoles funcionar a plenitud.
Sin duda que el nuevo gobierno con una visión social, va a reformar el sistema de salud, para que las EPS y las mafias políticas que se han apoderado de los hospitales públicos, no sigan apropiándose y despilfarrando los presupuestos.
Las Secretarias departamentales y municipales de Salud, y los hospitales públicos también deben ser intervenidos para que las maquinarias politiqueras que se adueñaron de su administración, dejen de llenarlos de burocracia y adquieran con sobrecostos medicamentos, equipos y dotación.
Hay que fortalecer la prevención, mediante campañas de vacunación y promoción de hábitos saludables de alimentación y vida. Además, en asocio con los gobiernos: nacional, departamentales y municipales, construir y administrar acueductos, alcantarillados y sistemas de tratamiento de residuos orgánicos y sólidos.
“En armonía con la Constitución, la ministra Corcho se propone avanzar hacia un sistema público, no estatizado, de salud, donde la prestación siga siendo pública y privada, con trabajadores formalizados, programas de atención primaria y medicina preventiva, y canales eficientes de información interna. Sistema centralizado apoyado en una red de hospitales públicos con financiación directa del Estado, de donde resulta innecesaria la intermediación financiera de las EPS, que ha sido fuente de abusos sin nombre. La ley reglamentaria en ciernes no elimina el sector privado, pues casi todas las clínicas son particulares y deben seguir funcionando, pero fortalece los hospitales públicos, únicos que llegan a los sectores discriminados”.
“Los grandes usufructuarios del sistema no quieren soltar la presa. Invocan la ideológica asepsia de la técnica para pedirle a la ministra “no ideologizar el debate”. Pero postular la salud como negocio, o bien como derecho fundamental, confronta ideologías sociales divergentes que se resuelven en modelos contrapuestos de salud”, agrega Cristina de la Torre.
