De entrada y en días consecutivos, el sistema falla por horas enteras, lo que significa que en algunas oportunidades tenga que esperarse hasta cuatro horas para poder reclamar los medicamentos. Esto viene sucediendo de varios meses atrás y aún hoy no han solucionado dicho problema.
Al llegar a las ventanillas, el usuario se encuentra con empleados sin la actitud ni la aptitud requerida para atender público. La frase “ese medicamento está agotado” es la que continuamente se recibe, sin que colaboren en la búsqueda de soluciones para encontrarlos en otros establecimientos. Lo curioso del caso es que ese medicamento está agotado para entregar a los usuarios, pero no para la venta al público. Es el caso, entre otros, del Propanolol, del Metoprolol y del Tegretol Retard, medicamentos que, mientras son negados en Cuz Verde Morato, son vendidos en ese mismo establecimiento y en otras sucursales en Bogotá.
Pareciera que en Cruz Verde se tuviera la idea de que el usuario acude allí a que le regalen los medicamentos, sin tener en cuenta que estos son pagados por anticipado por los trabajadores y pensionados mediante el descuento del 12% que se hace de su nómina mensual para salud; descuento que se considera excesivamente alto si se tiene en cuenta que la gran cantidad de medicamentos que se entregan son genéricos, de poco valor en el mercado.
Además, los protocolos para el mantenimiento de medicamentos no se cumplen en su totalidad. Algunos medicamentos son sacados de cajas rotas, abiertas previamente o deterioradas. Se trata, entre otros, del Levetiracetam de 1000 mg. No se entiende cómo, si el medicamento es formulado por 60 tabletas al mes, se pretenda entregar en este tipo de cajas rotas y no en cajas cerradas de 30 tabletas como lo indican los protocolos para el manejo de medicamentos.
Comunicarse con el supervisor o supervisora a cargo es otro problema. Debe solicitarse en forma de ruego y repetitivamente a un funcionario del primer piso para que suba al segundo, donde generalmente permanecen, para manifestarle si puede bajar a atender los reclamos del usuario que pretende lograr de él una solución. No existe supervisión del quehacer de los funcionarios que atienden las ventanillas, dejando a su criterio la toma de decisiones que debieran corresponderles a ellos como supervisores.
Nacen entonces preguntas obligatorias:
¿Quién vigila que estas irregularidades no se sigan presentando?
¿Quién defiende a los usuarios de este tipo de atropellos?
¿Qué entidad es competente para aplicar las sanciones a que hubiere lugar por este tipo de irregularidades?
¿Quién responde por el tiempo de los usuarios perdido por efecto de las demoras en las entregas de los medicamentos?
