Cuando Daniel Rojas se sentó en la Presidencia de la SAE en agosto del 2022, lo primero que hizo fue revisar el inventario de bienes incautados a narcotraficantes y también los nombres de quienes los beneficiarios en la mayoría de casos, entregados discrecionalmente, casi a dedo por las administraciones de la SAE, anteriormente Dirección Nacional de Estupefacientes.
Entre los predios saltaba a la vista un megalote avaluado en 70 millones de dólares ($ 300 mil millones) localizado en el corazón de la zona industrial de Cartagena –Mamonal- una de las zonas más valorizadas de la región y donde están localizados grandes proyectos como la Refinería de Cartagena –Reficar- y empresas pesqueras como la polémica Vancamps que sigue en la mira del Ministerio del trabajo por irregularidades con los trabajadores. Su historial de ilegalidad estaba claro de cara a la incautación realizada por la Fiscalia en el 2018 al narcotraficante Javier García, alias Maracuyá, señalado incluso por Estados Unidos.
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Conseguirle comprador no resultaba fácil pero tal el valor que la SAE decidió hacer público que éste pertenecía al portafolio de bienes que alcanzan los 35.000 y cuya tarea era rematar, subastar, en fin, vender para cumplir con las metas trazadas por el Presidente Petro quien siempre tuvo claro el potencial de recursos dormidos que debían aprovecharse o bien en especie o bien en dinero. Por ello, nombró a un funcionario de su entera confianza como presidente de la entidad, Daniel Rojas, quien había sido el director programático de su campaña. Rojas quien acaba de ser encargado de la dirección de Planeación Nacional.
en reemplaza de Jorge Iván González, se rodeó a su vez de un grupo profesionales comprometidos con la causa de poner a disposición del Estado la mayor cantidad de bienes del cuantioso inventario que recibieron.
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Con mucha cautela recibieron la oferta de un gran comprador el Grupo Puerto de Cartagena cuyo origen fue la Sociedad Portuaria de Cartagena, a quien le interesaba el predio como parte de su expansión estratégica hacia Mamonal hacia donde avanzaron una vez superaron la capacidad del terminal portuario de Manga donde comenzaron en 1993. El lote era perfecto para los planes del Capitán Alfonso Salas, el presidente de la compañía, quien además es un socio de peso. Consiguió el apoyo de la junta directiva que el también preside y en la que tienen asiento Aníbal Octavio Ochoa representante de su papá Aníbal Ochoa Escobar fallecido quien hizo fortuna con una naviera, Gerardo Francisco Rummie, Luis Genaro Muñoz y Manuel Parody.
Cerraron el negocio en julio del año pasado y aunque la SAE mantuvo en reserva el nombre del comprador, la cuantioso venta sirvió para poder presentar el exitosos resultado de ingresos por $ 806 mil millones en 2023, producto de ventas y recuperación de cartera con cuyos excedentes el gobierno financia buena parte de la política antidrogas y los programas de sustitución de cultivos que en el caso de Petro está orientada a la reorientación de la vida de los cocaleros y no a su persecución que está focalizada en los grandes capos exportadores que lidera la Armada Nacional. Casi la tercera parte de los ingresos de la SAE los puso el lote de Mamonal.
Maracuyá el propietario del mega lote y su relación con el famoso José Piedrahita
Javier García Rojas, alias Maracuyá, hizo su fortuna al lado del narcotraficante José Byron Piedrahíta quien operaba desde Caucasia y se hizo famoso por haberse sabido camuflar durante años en negocios legales y hacer pasar como un gran ganadero de la Costa Caribe, hasta que finalmente fue detenido en el 2017 en una de sus fincas en Antioquia.
El proceso judicial contra Maracuyá empezó en las cortes de Estados Unidos. Algunos capos del narcotráfico y paramilitares capturados mencionaron su nombre en sus declaraciones y los asociaron frontalmente al poderoso José Piedrahíta, de quien sabían sus relaciones de negocios con el Cartel de Cali en los años 90.
Las investigaciones llevaron al Departamento del Tesoro de Estados Unidos a incluir a García Rojas en la Lista Clinton y también en su lista de narcotraficantes. Meses después la Fiscalía pudo rastrear algunos de sus bienes. Así empezó la carrera por la incautación de sus propiedades, casi todas a nombre de terceros.
El narco Maracuyá es tan misterioso como el origen de su fortuna. Las investigaciones de la DEA y de la Fiscalía local dicen que nació en Caquetá y que junto a Piedrahíta era uno de los que mandaban en la oficina de Envigado, una de las estructuras más peligrosas que inició como agencia de sicarios de Pablo Escobar.
Tras la muerte del capo paisa, la Oficina se convirtió en una poderosa organización mafiosa que quedó en manos del paramilitar de Diego Fernando Murillo, alias “Don Berna”, quien desde 2008 fue extraditado a Estados Unidos tras incumplir el acuerdo de paz firmado entre paramilitares y el gobierno de Álvaro Uribe.
Dentro de las declaraciones hechas por narcotraficantes en las cortes norteamericanas a cambio de beneficios, contaron que el historial narco de García Rojas arrancó en los años 90 consiguiendo cocaína en Perú, Llanos orientales, y en otros departamentos del sur del país, que luego transportarla en pequeños aviones hasta una pista clandestina en Cartago, en el Valle, para luego hacerla llegar a Estados Unidos.
Maracuyá intentó recuperar sus millonarios predios a través de sus abogados y con una red de corrupción creada entre fiscales de extinción de dominio y agentes norteamericanos, no lo logró por la evidencia de sus grandes transacciones detrás de los valiosos predios. La SAE, entonces Dirección Nacional de estupefacientes en cabeza de Juan Carlos Restrepo en el gobierno de Juan Manuel Santos logró en el 2018 incautar este predio.
