Días más que difíciles están pasando las personas que habitan los asentamientos del Valle de Aburrá: como la Nueva Jerusalén, la vereda Granizal, El Ajizal en Itagüí y Vallejuelos en Medellín. Más aún, las cerca de 196 familias que desalojaron a la fuerza entre la Alcaldía de Medellín y la Alcaldía de Bello en el año 2017.
Con el fallo de un juez en una acción popular, las administraciones municipales deben pagarles el arriendo temporal a estas familias, hasta que encuentren solución definitiva de vivienda, pero ya van a ajustar cuatro meses sin que les den la cuota para este 2020, sumado a la medida de encierro por la contingencia del coronavirus.
“Soy madre cabeza de hogar de cuatro niños, están hablando de muchas ayudas, pero los desalojados no hemos tenido beneficio de ningunas de ellas. Sé que llegaron los mercados para el Alberto Díaz (institución educativa), pero a nosotros no nos tuvieron en cuenta. Soy trabajadora informal, vendo bolsas de puerta en puerta, en este momento tengo una situación difícil porque ando sin comida en mi casa, estamos pasando mis hijas y yo muchas necesidades”, aseguró Bibiana Marcela Villada Soto, desalojada en 2017.
En este momento, las familias están regadas porque les están pagando un subsidio de arrendamiento, a partir de 334 mil pesos en adelante dependiendo del núcleo familiar, por este motivo cada quien buscó donde le sea más favorable. Las personas se ven obligadas a salir al rebusque en plena cuarentena.
Luz Saldarriaga, desalojada también por ambas alcaldías, asevera: “En enero nos dijeron que con el cambio de alcaldía no había un contrato, la alcaldía de Medellín dio el dinero, la de Bello no. Luego cuando la de Bello tuvo los recursos, ya hacía falta un documento en la de Medellín. A las familias nos tienen yendo de un lugar a otro, ellos se tiran la pelota, pero nadie asume el compromiso”.
El juez ordenó que les debían dar una solución de vivienda, aunque sea con créditos blandos, las alcaldías han hecho propuestas pero ninguna las ha aceptado el juez. Las administraciones municipales hicieron unos avalúos, pero no son equitativos y no fueron avalados por el juez, ya que a algunos les quedó en 16 millones, a otros en 4 y a otros en 32.
“Si la alcaldía nos da esto, ¿qué vamos a hacer con este dinero? Como mínimo sería aunque sea viviendas de interés social, aunque la alcaldía de Bello dice que no tiene lotes, ni recursos, por eso el juez no permitió que pagaron por esos avalúos tan bajos”, asegura Saldarriaga.
A esto se suma la situación de la pandemia y la inestabilidad económica que no permite laborar o que se vuelven más duras las ventas como en el caso de Martha Cecilia Ramírez Henao, quien luego del desalojo, vendía ropa en la calle. Ahora es enferma terminal, no tiene dinero y vive donde una hija que tampoco tiene empleo.
“Estamos sobreviviendo como Dios nos ayude, porque las dos alcaldías no se han puesto la mano en el corazón. No tengo ayuda de ninguna calidad, ni del adulto mayor, ni de familias en acción y lo pueden verificar en el Sisbén o donde quieran. Estamos preocupados y necesitamos que paguen estos arriendos, así están la mayoría de las familias”, manifestó Ramírez, adulta mayor.
Paradójicamente, en la parte donde los desalojaron está poblado otra vez, como lo cuenta Nubia Gómez: “Están reconstruyendo otras casas, lo de nosotros ha sido muy difícil. Soy madre cabeza de familia, éramos ocho en este entonces, pero aún estamos seis y tengo a cargo dos menores de edad. Mi trabajo es en taller y en este momento está suspendido por la pandemia, debo cuatro meses de arriendo y ya me echaron de donde vivo”.
Aunque contacté a los comunicadores de la Alcaldía de Bello, no nos quisieron dar el contacto de Ana María Madrid, quien es la directora de vivienda y me respondieron que tal vez mañana habría respuesta, pero no fue posible obtener su versión.
En un audio que les envía Juan David Casas, el secretario de medio ambiente, vivienda y desarrollo de la Alcaldía de Bello, les manifestó el 16 de abril: "Les cuento que el 16 de abril la Alcaldía de Medellín terminó de hacer el desembolso de los dineros que debía hacer a Bello para adelantar el pago de los subsidios del cortado (La Nueva Jerusalén), de las personas que fueron desalojados. Como se acordó con ellas se van a cancelar los meses de enero, febrero, marzo y abril del presente año para el día de mañana (17 de abril)".
El funcionario acusa las demoras por el cierre financiero del 2019 y el inicio de esta nueva alcaldía, pero, pese a lo dicho, han venido dilatando este tema desde principios de este mes de abril y quién sabe hasta cuándo, porque hoy tampoco les consignaron.
Situación actual del asentamiento la Nueva Jerusalén
Se presume que en este asentamiento en jurisdicción de Bello, hay cerca de 27 mil personas, de las cuales la mayoría son desplazadas y viven en la informalidad. Hay alrededor de 4.500 casas, según un censo de EPM, en las cuales hay de 5 a 6 personas por vivienda; no tienen centro de salud, ni servicio de acueducto garantizado por Empresas públicas y tampoco tienen acceso a internet en su gran mayoría.
“Acá hay personas desplazadas de todas partes: hay un grupo indígena, afros, migrantes venezolanos, desplazados del Bajo Cauca, personas de diferentes barrios que llegaron a este sitio por desplazamiento intraurbano”, como lo cuenta Erika Johana Restrepo, de la Junta de Acción Comunal.
Manifiestan los habitantes que la preocupación por manejar una comunidad grande con hambre es complejo, porque hay casos donde en una sola casa pequeña viven 10 personas, ellos son venezolanos, y se encuentran en el dilema de darles comida a ellos o a los que son colombianos, sin saber cómo proceder ante esta problemática.
“La preocupación ahorita es para las personas que no clasifican a las ayudas del gobierno porque no pertenecen a familias en acción, jóvenes en acción o los adultos mayores. Si usted le agrega que no tienen el Sisbén de Bello, quedarán por fuera, teniendo en cuenta que no ha sido actualizado como en otros municipios del Valle de Aburrá, porque cada vez crece más la población, pero cada vez es menos la atención. ¿Qué hacer con el tema de quienes no tienen Sisbén?”, inquirió Erika Jhoana Restrepo, de la Junta de Acción Comunal.
Durante la pandemia, en la Nueva Jerusalén, nunca ha subido un motorizado. Hay algunos vecinos de la cancha que siguen jugando durante esta época y hasta los fines de semana las cantinas están abiertas.
Adicional al cierre del restaurante escolar y los tres comedores en la institución educativa, desde la junta aseguran que tienen casos como el de una familia que no trabaja y que tienen 7 integrantes que se dedican a pedir, hacen el recorrido a la minorista y luego llegan caminando en las tardes. De por sí los menores son delgados, ahora imagínese con esta situación…
