El próximo 9 de abril se cumplirán 71 años del magnicidio de mi padre, Jorge Eliécer Gaitán, asesinato que no fue un hecho aislado, sino parte integral del genocidio al gaitanismo, ejecutado por las autoridades.
A partir de 1946, en forma premeditada, sistemática y generalizada, por orden y mando del gobierno de Unión Nacional que presidía Mariano Ospina Pérez, se gestó este genocidio exclusivamente para detener el vigoroso avance del gaitanismo cuando era un movimiento independiente y autónomo. Luego, cuando el gaitanismo secuestró al liberalismo con su avasalladora victoria electoral de 1947, se vieron obligados a proclamar a Gaitán como jefe único del Partido Liberal. Entonces, el genocidio se generalizó contra el liberalismo porque, a partir de ese momento y hasta el asesinato de Gaitán, el Partido Liberal estuvo orientado y dirigido por el gaitanismo.
Para encubrir su origen, los políticos, académicos y comunicadores apodaron este genocidio como La Violencia con mayúsculas, porque las palabras, como lo dice Alex Grijelmo en su libro La seducción de las palabras: “Según qué palabras utilicemos así formaremos nuestros pensamientos. Por eso los vocablos que se emplean en la política constituyen un elemento de poder, porque moldean la mente de quien los recibe”.
No es lo mismo hablar de La Violencia con mayúsculas —término vago que no designa culpables— que señalar este crimen como lo que es: un genocidio al gaitanismo para impedir que, con su triunfo, el pueblo llegara al poder. Tampoco fue una guerra bipartidista, como nos lo han hecho creer. ¡No! Fue una guerra de clases generada y planificada por la llamada Unión Nacional bajo el gobierno de Ospina Pérez.
Por ello Gaitán recorrerá el país diciendo: “Pueblo de todos los partidos: ¡os están engañando las oligarquías! Ellas crean deliberadamente el odio y el rencor a través de sus agentes, asesinando y persiguiendo a los humildes, mientras la sangre del pueblo les facilita la repartición de los beneficios económicos y políticos que genera tan monstruosa política”. Y por ello, en la Oración por la Paz dirigiéndose al presidente Ospina y hablando a nombre del pueblo dirá: “Os pedimos que cese la persecución de las autoridades”.
Basta leer en el periódico Jornada del 7 de febrero de 1948, vocero del gaitanismo, las palabras de mi padre pronunciadas en el Teatro Municipal de Bogotá: “el examen del clima de violencia, creado en varias secciones del país, ha venido a demostrar que han sido los hombres de la policía, los agentes de la provocación. No ha habido choques entre las masas liberales y las masas conservadoras. En los ataques siempre ha estado presente el resguardo, el alcalde, el policía”.
Con el memoricidio le borraron su carácter de guerra de clases, siendo que se trataba de un enfrentamiento de la Unión Nacional que se enfrentó violentamente al pueblo unido en el gaitanismo. Porque el gaitanismo no era exclusivamente liberal, como con el paso del tiempo se lo han hecho creer a la gente. ¡No! Era un movimiento que no sólo contaba con liberales sino con socialistas, comunistas y conservadores. Precisamente, en el libro La llama y el hielo, de Plinio Apuleyo Mendoza, se lee que Gaitán decía: “… en los pueblos conservadores hemos tenido por primera vez muchos votos. Eso tiene importancia. Es lo que estamos buscando: que el pueblo, todo el pueblo, se identifique con el partido liberal y que los oligarcas se queden con el partido conservador. Así estaremos claros”. Este genocidio se gestó y se desarrolló como una herramienta de la clase oligárquica para impedir la toma del poder por el pueblo. No fue otra cosa que una barbarie para impedir la alternancia en el poder. Fue una clara lucha de clases.
El asesinato de mi padre quedó impune, como el de las más de 300.000 víctimas de esta criminal política gestada y ejecutado por los altos mandos del frente bipartidista, que en 1958 conformaron el Frente Nacional para hacer borrón y cuenta nueva de aquel genocidio, con lo cual se dieron a la tarea de gestar el memoricidio, ocultando así a los culpables. La Unión Nacional fue la autora del genocidio y años más tarde el Frente Nacional fue gestor del memoricidio. Cualquiera que, como yo, haya sido víctima de esta violencia estatal, conoce la tortura que se padece por causa del memoricidio.
La que fuera mi casa natal la convirtieron en monumento nacional para que las autoridades, a finales de abril de 1948, pudieran entrar violentamente enterrando a la fuerza a mi padre en la sala de nuestra casa, sin ceremonia y en tumba improvisada, sin que ni a mi madre, ni a mí, ni a sus amigos y seguidores nos hubieran permitido estar presentes.
Este acto de barbarie lo ordenó el gobierno porque mi madre había jurado que mantendría a mi padre en velación mientras no cayera el gobierno de Ospina Pérez, a quien señalaba como autor intelectual del crimen. No se trató de crear un sitio de memoria sino de olvido, propósito que en el año 2002 retomó con violencia Álvaro Uribe Vélez, cuando se posesionó como presidente, entregándole ilegalmente mi casa natal a las directivas de la Universidad Nacional, incluyendo todos mis haberes y recuerdos de infancia, que hasta ese momento habían estado en mi poder. Confiscaron las cartas que me escribió mi padre, las cartas de amor entre mi papá y mi mamá, mis muñecas y demás juguetes de niñez, como también el último regalo que mi papá me dio y todos los objetos que me lo recuerdan.
De inmediato y hasta el día de hoy las directivas de la Universidad Nacional, a mí y a mi familia nos prohibieron volver a entrar. Se apoderaron de los muebles de la familia que, con apoyo de la Fiscalía, sacaron de un depósito privado. Son todos enseres de mi propiedad, tal como lo atestiguan las muchas pruebas documentales de que dispongo, que me señalan como dueña y señora de lo que ahora las directivas de la Universidad Nacional han usurpado y manejan a su antojo y capricho, con total carencia de profesionalismo museológico, sin respetar la historia y tergiversando la verdad.
Las directivas de la Universidad Nacional han hecho desaparecer muebles y objetos aduciendo que “no son auténticos”, cuando lo cierto es que le pertenecieron siempre a la casa y a la familia. Por ejemplo, tengo una fotografía donde estamos sentados mi papá y yo. Se ve claramente la silla que las directivas de la Universidad Nacional dicen que la quitaron de la sala porque “no es original de la casa”. Por eso la sala ahora está vacía. Lo más paradójico es que el sofá que dejaron —que les pareció “auténtico”— fue comprado en 1958 por mi mamá. También tengo pruebas.
Los restos de mi padre están en los predios que rodean la casa. Solicité que me los entregaran, para que mi familia pueda acercarse a su tumba, porque este ritual humano nos está vedado.
Me respondieron textualmente y por escrito: “es pertinente dejar en claro que a la Universidad Nacional de Colombia no se le hizo entrega ni le consta la existencia de los restos mortales a los que usted alude en su petición”. Me remiten al Presidente de la República para que me los entregue porque dicen que “corresponde a la Presidencia de la República tomar la decisión”.
El presidente no ha respondido a mis derechos de petición. Me han aplicado lo que he calificado “el carrusel de la contestación”. De la presidencia me remitieron al Ministerio de Educación, que me remitió al Ministerio de Cultura, que me mandó a la alcaldía, que respondió que a ellos no les correspondía… y el asunto quedó en el aire.
Como mi padre había sido embalsamado, para su conservación se guardaron su corazón y su cerebro en una urna, ante la cual me fotografiaron hace varios años en respetuoso recogimiento. Le he pedido a las directivas de la Universidad Nacional que, en pública ceremonia ecuménica que tendrá lugar el domingo 7 de abril a partir de las 5.00 p.m. de la tarde en la calle 42 # 15-52, en las afueras de la Casa-Museo —ya que a nuestra familia no le permiten ingresar a los predios de la Casa-Museo—, nos entreguen la urna. No se han pronunciado. Veremos.
Me han escrito, igualmente, que no dan fe de que el revólver, del que ilegalmente se apropiaron, sea el arma con que mataron a mi papá… Es una prueba más de que no tienen la capacidad ni el respeto, ni la dignidad, ni la información necesarias para manejar esta casa con decoro y menos con afecto. De su pasado todo lo ignoran, cometiendo memoricidio con la más perversa de las acciones: la dolosa usurpación.
