Carlos Caicedo y su equipo han librado en el Magdalena una férrea lucha contra partidos y clanes tradicionales de la costa y contra el grupo político más poderoso del país, como lo es el uribismo. Constantemente se le ve al gobernador involucrado en procesos ante órganos judiciales y de control que a la larga terminan resolviendo a favor de Caicedo y declarando su inocencia.
Lo anterior es un ciclo de ataques y montajes que se vienen repitiendo desde que Caicedo era rector de la Universidad del Magdalena y que se intensifican cada vez que él inicia un nuevo capítulo político, como sucedió cuando fue alcalde, cuando fue candidato a la presidencia y hoy que es gobernador del Magdalena. Lo que lo ha mantenido en una constante pelea por la defensa de su nombre y de su proyecto.
El caso más reciente tiene que ver con uno de los miembros de su movimiento Fuerza Ciudadana, Rafael Martínez, quien le sucedió como alcalde de Santa Marta a Caicedo y que en 2017 fue retirado del cargo por 3 meses por supuesta participación en política, caso que acaba de resolver la procuraduría a favor de Martínez.
La sanción fue interpuesta por un vídeo en donde se le ve a exalcalde pronunciando un discurso en apoyo a Caicedo en el 2016 y que la oposición usó como si fuera material probatorio del 2017 diciendo que el entonces alcalde de Santa Marta le estaba haciendo campaña a Caicedo, quien era candidato presidencial, por lo que la procuraduría lo acusó de participar en política. Dicha prueba fue estimada como falsa en un fallo el 4 de junio del 2021, cuatro años después.
Por otro lado, a Carlos Caicedo lo inhabilitaron en primera instancia por doce años, previo a su candidatura a la gobernación del Magdalena en un caso sin sustento jurídico en el cual Caicedo demostró su inocencia, asimismo le han intentado aplicar extinción de dominio y le han saboteado su gestión como gobernador, en donde le han abierto cualquier cantidad de procesos en órganos de control.
En todos ha salido librado y ha demostrado siempre que se tratan de montajes o ataques políticos, como sucedió con la intervención del Hospital central del Magdalena, Julio Méndez Barreneche o todo el bloqueo sistemático a su gestión en el que concurren asambleístas, congresistas y hasta ministros, toda una treta para impedir que como gobernador ejecute sus programas y proyectos.
Pero si bien la justicia termina siempre dándole la razón a Caicedo y evidenciando los montajes, ¿quién responde entonces? Estamos hablando de que cuando se saca a un mandatario de su cargo o se sabotea su gestión, la institucionalidad se ve gravemente afectada, porque logran concentrar al funcionario en defenderse mientras los proyectos de su gobierno se detienen o se aplazan.
¿Quién les responde entonces a los ciudadanos cuando se dejan de construir hospitales?, ¿cuando no se ejecutan los planes de alimentación a tiempo?, ¿cuando no se lleva agua potable o se dejan de garantizar los derechos de la población? Todo porque el gobierno está siendo saboteado. ¿Quién responde? ¿Quién le da la cara a la gente?
Es una pregunta valida, porque si se mantiene la impunidad de quienes se dedican a hacer montajes como arma de oposición, terminan estos sintiéndose libres de hacerlo cada vez que se les antoje. Y se pasan los cuatro años del mandatario y son más las falsas investigaciones de las que se tiene que defender que los proyectos que ejecuta porque no lo dejan gobernar.
