La crisis humanitaria que hay en el departamento de La Guajira podría llegar a su fin, si el Estado colombiano tuviese la voluntad de acatar las medidas cautelares dictaminadas por la CIDH en diciembre del año pasado, y también si los gobernantes y políticos de esa región hicieran algo por atender y solucionar las diversas problemáticas que tiene La Guajira con los recursos que manejan. Es un tema de gerencia, gobernabilidad y elaboración de políticas públicas, de cambio climático, de minería y de medio ambiente.
Pese a que el gobierno Santos se ha mostrado a favor de atender la crisis de La Guajira, en los últimos días el gobierno realizó una jugada sucia para no acatar las medidas cautelares de la CIDH. La cual consistió en que “el pasado 30 de diciembre del año 2015, la Cancillería le envió a la CIDH un documento con carácter de confidencial, firmado por el viceministro de Asuntos Multilaterales, Francisco Echeverri Lara, para revocar las medidas cautelares a favor de los niños wayúu en La Guajira, argumentando que supuestamente ya se adoptaron las acciones para garantizar la protección a la población”.
Pero el tema anteriormente tratado no termina allí, la Procuraduría General de la Nación le pidió al gobierno que le explicara el por qué el carácter confidencial de la revocatoria de las medidas cautelares “la procuradora delegada para la infancia, familia y adolescencia, Ilva Myriam Hoyos le solicitó a la Cancillería un pronunciamiento por lo que considera un manejo confidencial frente a las medidas cautelares expedidas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). El pasado viernes fueron convocados a una reunión en la sede de la Cancillería para tratar el tema, sin embargo el acceso al representante del órgano de control disciplinario no le fue permitido supuestamente por una confidencialidad, cuando la Procuraduría debe velar por los derechos”.
Con lo anterior, el gobierno pretende evadir su responsabilidad de garantizar las medidas cautelares a los niños wayúu en La Guajira, ya que la intervención del Estado en La Guajira y hacia los menores wayúu es nula.
¿Cómo es posible que el gobierno Santos no quiera la veeduría y control de la Procuraduría General de la Nación, si este es el único órgano capaz de enfrentarse al gobierno para garantizar que las medidas cautelares de la CIDH se cumplan y se lleven a cabo en el departamento de La Guajira?
Cada vez que el presidente Santos visita al departamento de La Guajira, o algunos de sus funcionarios lo hacen, instantáneamente sacan titulares de prensa casi que limpiando la imagen de los mismos, a sabiendas de que estos no han cumplido con su trabajo, y que por el contrario van a La Guajira a tomarse selfies, a pasear, y a gastarse la poca agua que hay, pero no a llevarles soluciones concretas a los habitantes de La Guajira, que en su mayoría son del pueblo wayúu.
Cuando se les exige a los funcionarios del Gobierno Santos que cumplan con su trabajo, estos responden con cortinas de humo y crean estrategias en medios de comunicación y redes sociales para minimizar la crisis en esa región del país, como para minimizar su falta de compromiso y de trabajo por los wayúu.
Los medios de comunicación tradicionales no cuentan por qué La Guajira es la tierra de nadie y por qué allí hay tanta corrupción. Y una posible razón del por qué los medios no hablan de Kiko Gómez, ni de Cambio Radical, ni de Oneida Pinto, ni de otras fichas del ajedrez de La Guajira, se debe presuntamente al poder que estos políticos podrían tener sobre los medios de comunicación tradicionales.
Y es que si se realizara un barrido de medios y un clipping de prensa, se podría entender que medios de comunicación y periodistas les hacen la segunda al gobierno y a los políticos de La Guajira, y cuales no se prestan para eso. Se entiende que los periodistas tienen que trabajar y tienen que recibir contratos, y ajustarse a ciertas cosas, ¿Pero a qué precio? ¿Pasando por encima de quiénes? ¿Faltando a la realidad de las noticias, de los hechos, y beneficiando a que empresarios, políticos y partidos?
Hoy en día son los medios de comunicación alternativos los que informan e investigan con ética, neutralidad, rigurosidad y veracidad.
Pero Oneida, Kiko y Cambio Radical no son los únicos que de una u otra forma han contribuido a la crisis de La Guajira, en algún momento habrá que hacer un árbol genealógico con los políticos y los partidos que han gobernado en La Guajira, pues la crisis y la corrupción tienen más de 2 años, y de seguro que más de un partido y de un político tradicional tendrá que ver con la corrupción y el atraso en que se encuentra ese departamento.
Otro actor que cumple un papel fundamental es el Congreso de la República, pues allí se eligen a los políticos con votación de todos los departamentos del país, y La Guajira no es la excepción. Habrá que realizar una evaluación e investigación acerca del trabajo legislativo de los políticos que al menos en los últimos 20 años han llegado al Congreso representando a La Guajira y con votos del mismo departamento, los cuales no hicieron nada por ayudar a esta región.
Algunas personas afirman que lo que pasa en La Guajira es culpa de todos los colombianos, lo cual a mi modo de ver es una posición un poco facilista y falsa, pues no se les puede culpar a todos los colombianos de la crisis de La Guajira, cuando esta crisis es un problema de cambio climático, de corrupción, de gobernabilidad, de legislación, de políticas públicas, de voluntad política, del medio ambiente y de la minería.
Ahora bien, no voy a desconocer que en algunos casos algunas familias wayúu dadas sus tradiciones ancestrales y culturales no acceden a ciertas plataformas y servicios que brinda el Estado a la población colombiana. Pero estas situaciones en ningún momento son porque los wayúu deliberadamente no quieran ayuda estatal, sino por el contrario porque hay un choque entre lo que son los pueblos indígenas y lo que es el Estado. Sin hablar de las eternas y largas distancias que hay entre los 15 municipios que conforman a La Guajira y sus 44 corregimientos, lo cual dificulta el acceso a las zonas del territorio, e impide a los mismos miembros del pueblo wayúu realizar desplazamientos para ir a una IPS, un hospital si es que lo hay, o realizar otro tipo de actividades.
Como dice una amiga mía líder wayúu del movimiento MAIS “a nosotros no nos gusta que nos den el pescado, nos gusta que nos enseñen a pescar”. Y esta frase puede ser una explicación en parte a la manera como se debe atender al pueblo wayúu, pues este pueblo tiene unas condiciones ancestrales y culturales, las cuales no se pueden pasar por alto, ni desconocer. En ese tipo de situaciones muchos se preguntan hasta qué punto el Estado ejerce sus funciones en todo el territorio colombiano, y hasta qué punto se les respeta a los indígenas sus derechos autonómicos.
Son temas y situaciones muy complejas, de las cuales se aprovechan los políticos y los medios de comunicación al servicio de los mismos, para informar de manera light, suave sobre la situación de La Guajira, sin denunciar y explicar lo que pasa, y las alternativas que hay para solucionar esta problemática wayúu.
Se concluye que se necesita de la voluntad política de nuestros gobernantes para que La Guajira pueda tener soluciones y avances en miras de salir de esa crisis que día a día se agudiza más. Algunos ciudadanos han hecho las veces de Estado al realizar brigadas de ayuda y atención, para el pueblo wayúu, se aplauden iniciativas como la de la Fundación Vida Para La Guajira, la de la UNICEF para donar dinero, con el fin de llevar alimentos y ayudas para los niños en la Guajira, y la de la Fundación Colombia Somos Todos de James Rodríguez, estas iniciativas han tenido éxito gracias al apoyo en redes sociales y al aporte de los colombianos que han respondido al llamado de estas fundaciones y organismos. Estas iniciativas son muy buenas y ojalá que más personas y organizaciones civiles se sumen para llevar ayudas a La Guajira, ya que el Estado colombiano no fue capaz de hacer nada por el pueblo wayúu.
@JUANCAELBROKY
