No se necesita ser economista para entender que la crisis económica que nos deja el COVID-19 es desastrosa para todos los países del mundo. El informe Dimensionar los efectos del COVID-19 para pensar en la reactivación”, hecho por la CEPAL y publicado el 21 de abril de 2020, nos dice que para la región se prevé una contracción del 5,3%, lo que es comparado a la gran depresión (-5%) de 1930.
Por otro lado, el DANE reveló que para marzo habían ya 2,9 millones de desempleados en el país. Esto es lo que dicen las cifras actuales, pero si juntamos las proyecciones del Ministerio de Hacienda (donde encontramos que Colombia tendrá un crecimiento negativo del 5,5%) con las Fedesarrollo (que calcula que si el crecimiento se contrae al 5%, la tasa será del 18,2%), tenemos que habrá alrededor de seis millones de desempleados en Colombia.
Así mismo, la OIT, en su último informe, revela que en América Latina y el Caribe existen alrededor de 140 millones de personas que se encuentran trabajando en la informalidad. Si esto lo trasladamos a términos porcentuales, encontramos que son el 54% de los trabajadores de la región. Si luego nos vamos a nuestro vecino, Estados Unidos, la Oficina de Estadísticas Laborales dijo que la tasa de desempleo aumentó a 14,7%, con 20.5 millones de puestos de trabajo que se perdieron en solo el mes de abril.
De otro lado, una nota publicada por la British Broadcasting Corporation (BBC, por sus siglas en ingles), el 1 de mayo, con el titular Las largas y sorprendentes colas ante los bancos de alimentos en el país más rico del mundo, puntualiza: “Presume [EE. UU.] de ser el país más próspero del planeta, pero millones de sus habitantes pasan hambre”. Como vemos, esta crisis no es solo de países pobres sino que ha afectado el mundo entero, hasta en lo más necesario para subsistir que es la alimentación.
Actualmente, se encuentra vigente la Resolución 10617 del 7 de octubre de 2019 del Ministerio de Educación Nacional, donde se establece el incremento que se debe aplicar a las tarifas de matrículas y pensiones de los establecimientos educativos privados de preescolar, básica y media del país que se aplicará en el año escolar 2020. Allí la base del incremento es el IPC (Indice de Precios al Consumidor) con corte a agosto de 2019, que se ubicó en 3.75%. A partir de ahí se accede a unos puntos básicos extras, cuyo máximo porcentaje (para los colegios con mas puntaje a nivel nacional en el indice ISCE, para los que tienen estrategias de educación inclusiva o para los que apliquen el escalafón docente del año 1979) de manera acumulativa llegaría hasta un tope del 6,65%.
Es de anotar que cuando se realiza una norma, en muchas ocasiones se intenta legislar o regular sobre hechos pasados. A la fecha de dicha resolución no se sabía nada de la pandemia mundial, de la afectación tanto social como económica que iba a tener en el mundo, ni que los colegios cerrarían y realizarían todas sus actividades a través de internet y plataformas digitales. En este nuevo panorama, se deben considerar todos los costos, tanto los que han aumentado como los que han disminuido (servicios públicos), al igual que la afectación en la capacidad de generación de ingresos.
La única salida a la crisis que ha dado el gobierno nacional es la expedición del Decreto 662 del 14 de mayo de 2020, en el que creó un fondo que administrará Icetex de recursos no ejecutados de otros fondos, hasta por 217 mil millones de pesos, para que las instituciones puedan generar mecanismos de financiación a los padres que tengan hijos en la educación básica primaria, secundaria, media y superior, y su manutención.
Es decir, la salida solidaria que propone el gobierno es que los colombianos nos endeudemos con el Icetex y no controlar los aumentos desmedidos e injustificables de instituciones como el Colegio Bilingüe de Santa Marta (calendario B), que en plena recesión económica ha decidido para el mes de junio aumentar en un 27% los costos de matrícula y los de pensión en un 7.65%, muy a pesar de los comunicados de la asociación de padres solicitando por el contrario una disminución del 20%.
La mayoría de los padres que tienen a sus hijos en los colegios privados pertenecen a la clase media (que en este país está desapareciendo). Aunado a esto, lo que se espera es un incremento en la deserción escolar por no poder afrontar los costos educativos tal y como lo dijo a principios del mes de mayo, Luz Karime Abadía, codirectora del Laboratorio de Economía de la Educación de la Universidad Javeriana.
Nos preguntamos, ¿quién regula esto?, ya que a la fecha el gobierno nacional no se ha pronunciado ante esta problemática. ¿Por qué no se establecen mecanismos de control como mesas técnicas entre el Ministerio de Educación Nacional, las Secretarías de Educación de todo el país y los colegios privados? Así se podría lograr que este tipo de abusos no sigan sucediendo en nuestras regiones. Recordemos que esta es una situación global atípica, donde se espera una desaceleración y en la que todos los sectores debemos contribuir para amortigüar los golpes, por lo que se necesita de una visión solidaria y adecuada ante una situación de crisis mundial como la que vivimos.
