Todo comenzó el jueves 17 de octubre del 2019 cuando una mujer wayúu de la parte alta de La Guajira almorzaba incauta en un restaurante de la ciudad de Riohacha. La muerte la sorprendió cuando sicarios en moto llegaron disparando de manera indiscriminada en contra de ella y de su esposo, contra quien muy probablemente estaba dirigido el atentado.
El suceso conmocionó al departamento de La Guajira, en especial al pueblo wayúu, ya que no es normal dentro de los usos y costumbres de este pueblo que una mujer sea asesinada. Sin embargo, acababa de suceder.
No se completaban muy bien las veinticuatro horas de este lamentable suceso cuando otra mujer wayúu fue víctima de un atentado en contra de su vida, pero a Dios gracias los criminales fallaron en su objetivo.
Irama Movil, líder indígena, activista y defensora de los derechos humanos, se desplazaba en su vehículo en compañía de su conductor cuando fueron sorprendidos por sicarios que se le atravesaron y abrieron fuego de manera indiscriminada. No obstante, gracias a la agilidad y pericia del conductor, salieron ilesos de este atentado.
Nuevamente atentaban en contra de la vida de una mujer wayúu.
No se completaban veinticuatro horas del atentado en contra de la vida de Irama Movil cuando sicarios en moto nuevamente atentaron contra la vida de otro líder indígena, pero desafortunadamente este no corrió con la misma suerte de Movil Gámez. Fue acribillado a bala en su residencia delante de su mujer y sus hijos.
El líder indígena asesinado en la noche del sábado era hermano del reconocido dirigente indígena Tom Larrada Palacios, miembro activo del Movimiento Indígena Nación Wayúu, quien en días anteriores habría sido amenazado de muerte junto con Irama Movil Gamez y otros líderes indígenas.
Cabe resaltar que las autoridades tradicionales y líderes indígenas del Movimiento Nación Wayúu vienen siendo objeto de una persecución sistemática desde el año 2016. Esto se ha materializado en amenazas de muerte, atentados terroristas y secuestros, simplemente por su convicción de defensores de los derechos humanos y sus constantes denuncias en contra de la corrupción que carcome a la etnia más grande del país.
En nombre de nuestras autoridades tradicionales, líderes indígenas, afros y profesionales voluntarios que conforman el movimiento, solicitamos ante el Estado colombiano, a la comunidad nacional e internacional, y a los organismos de control y de seguridad más garantías de pervivencia para los líderes sociales y defensores de los derechos humanos.
Condenamos y rechazamos todo atentado de muerte en contra de la vida de quienes se atreven a denunciar la corrupción sistémica en nuestro país.
