El reciente señalamiento de Vicky Dávila a la alcaldesa de Jamundí, Paola Castillo, respecto a que no gobernaba en la zona rural del municipio, sino que lo hacían las disidencias del Frente Jaime Martínez, causó polémica en la región en el marco de una compleja crisis de orden público que afecta a los departamentos de Cauca y Valle.
Esta clase de acusaciones contra las autoridades civiles elegidas democráticamente, lejos de contribuir a resolver los desafíos de seguridad y paz en los territorios, estigmatiza a los municipios condicionando el turismo y la inversión; socava la legitimidad de las autoridades e instituciones locales encargadas del cumplimiento de la ley, y aplica un reduccionismo que impide dimensionar adecuadamente el tamaño de la amenaza y reconocer que esta desborda las capacidades y el presupuesto del despacho de un mandatario local.
Colombia es el segundo país del mundo con más estructuras criminales según GITOC (2022). Es una realidad que este tipo de organizaciones como los grupos residuales de las antiguas FARC-EP tienen presencia en municipios con una posición geográfica estratégica y con varios mercados ilícitos. Según el informe de monitoreo de la ONU en el 2022 se consolidó un nuevo enclave productivo de coca entre Jamundí, Timba y Buenos Aires con 1.436 hectáreas, uno adicional a los cercanos de Argelia, El Tambo y El Naya.
Además del narcotráfico, el portafolio criminal de estas organizaciones incluye la minería ilegal, la extorsión, el secuestro, el lavado de activos, el reclutamiento forzado, los homicidios selectivos, los delitos contra el medio ambiente y el terrorismo, entre otra clase de crímenes que afectan a los miembros de la fuerza pública y a la población civil. La actividad criminal de estas estructuras pone en riesgo permanente a las comunidades indígenas, afro y campesinas.
Debido a la prolongada ausencia institucional del Estado y de economías legales que generen oportunidades de desarrollo en el área rural, las estructuras criminales han copado estos espacios vacíos y generado nuevas formas de gobernanza criminal, creando órdenes locales parciales a partir de la coerción y los poderosos incentivos económicos que generan los mercados ilícitos. Ante este desafío, los municipios cuentan con pocas herramientas de gestión territorial de la seguridad para frenar la expansión de estos actores armados y requieren la asistencia del sector defensa para desmontarlos, estabilizar el área y proteger a las comunidades.
De ahí la importancia de la sinergia y la labor coordinada por la gobernación del Valle, la Alcaldía de Jamundí y la fuerza pública para retomar gradualmente el control territorial en la zona alta del municipio mediante una política de seguridad dual, que contempla por un lado, el ejercicio de la autoridad mediante una ofensiva estratégica y la cobertura institucional del territorio, así como la puesta en marcha de proyectos de desarrollo, infraestructura y mayor oferta social para los corregimientos.
Pese a estos esfuerzos, el rol que desempeñe el gobierno nacional será determinante en la transformación del escenario de seguridad de Jamundí. Como responsable de dirigir la política de seguridad y el tablero de negociaciones de paz con los grupos armados, tiene en sus manos el poder de frenar la expansión criminal, generar los incentivos adecuados para la desmovilización, priorizar recursos, aumentar capacidades de inteligencia, prevención y control, promover programas de sustitución de cultivos ilícitos y focaliza mecanismos para atender a la población en riesgo. Al final ha quedado demostrado que sin seguridad no puede haber paz en las regiones.
