Hace tres días se conoció que las pruebas que se usaron en la Fiscalía para sacar del cargo a Rafael Martínez e imputar cargos contra Carlos Caicedo no eran veraces, más bien eran ilegibles y no constituían razón de peso para proceder de la forma en que lo hizo la justicia
Recordemos que el pasado 21 de marzo la Fiscalía dictó orden de aseguramiento contra Rafael Martínez, que apeló a la segunda instancia y que luego de cuatro meses tuvo que recurrir a una tutela para que el juez se le diera la gana de sentenciar lo que ya toda Santa Marta sabía: no había razón para encarcelar al alcalde.
Pero lo grave de esta situación fue que durante estos cuatros meses en que Rafael Martínez estuvo retirado de su cargo, las familias políticas tradicionales de Santa Marta aprovecharon para hacer de las suyas con la alcaldía.
Pese a que el movimiento Fuerza Ciudadana envió al día siguiente de la sanción en contra del alcalde la terna para que fuese elegido el alcalde encargado, otra cosa era la que se cocinaba por parte de los políticos tradicionales locales en conjunto con sus aliados en el gobierno nacional.
Obviando la ley que dice que el alcalde encargado debe ser elegido de una terna que presente el movimiento o partido al cual pertenece el alcalde elegido, la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez aliada de los clanes del Magdalena envió a Andrés Rugeles, funcionario del gobierno nacional, para que se hiciera con la administración distrital.
La llegada de Rugeles a Santa Marta no solo significó el desconocimiento por parte del gobierno nacional de la voluntad popular de los samarios, sino que se tradujo en un caos institucional, cuyo resultado fue el desgobierno.
El señor llegó allanando ilegalmente el despacho del alcalde, revisando equipos tecnológicos, extrayendo información y documentos públicos, caso que fue rechazado por la comunidad.
Durante el tiempo que estuvo a cargo Santa Marta volvió a ser una ciudad violenta e insegura, el desorden reinó en las calles, el mercado público quedó hecho un desastre, se paralizaron todas las obras del plan de desarrollo y, por si fuera poco, Rugeles removió a todo el equipo de trabajo de Martínez, nombrando en las secretarías a cuotas políticas de los Cotes y Diazgranados, incluso a personas con nexos con el narcotráfico.
Esta oposición al gobierno de Fuerza Ciudadana se encargó de sabotear desde dentro grandes proyectos de la ciudad como la solución del problema del agua, cuando se tomaron la empresa de servicios públicos Essmar y no permitieron que esta ejecutara los recursos previstos para la crisis de abastecimiento que vive el distrito por cerca de un billón de pesos, dinero que pensaban repartirse.
Cuatro meses después el alcalde retomó su cargo, luego de que la justicia vacilara en darle la razón de que contrario a lo que se había dicho él no representaba un peligro para la sociedad y que podía hacerle frente a la justicia sin necesidad de ser separado de su cargo.
Sin embargo, ahí no acabó el dilema. Hoy el alcalde está secuestrado en su despacho al no tener un equipo de confianza, dado que el gabinete que está actualmente es el impuesto por Rugeles. Rafael Martínez se ve limitado para ejecutar los proyectos del plan de desarrollo, proyecto por el cual votaron más de noventa mil samarios
Hace tres días la misma Fiscalía dio a conocer que las pruebas con las que enjuiciaron al alcalde e imputaron cargos contra Carlos Caicedo, candidato que lidera las encuestas a la gobernación del Magdalena, no eran válidas, ni constituían razón suficiente para el proceso que se levantó en contra de ellos. Empezando porque los puestos de salud por los que los investigan están terminados y en perfecto funcionamiento. El mismo viceministro de Salud dio fe de ello.
Lo que significa claramente que la separación del cargo de Rafael Martínez obedeció única y exclusivamente a una jugada política por parte de las familias tradicionales en contra de Fuerza Ciudadana y su líder Carlos Caicedo, a quien le han llovido acusaciones y procesos luego de que propusiera su nombre para la gobernación del Magdalena y de que las encuestas lo ratificaran como el más opcionado a quedarse con el cargo.
Sin embargo, lo que muchos samarios se preguntan es: ¿quién le responde a Santa Marta?, ¿quién repara a los samarios por la parálisis del plan de desarrollo? Fueron muchas las obras y proyectos que se detuvieron, muchos los indicadores que se tornaron negativos y muchos procesos en los que se había avanzado que terminaron nuevamente en cero. El mayor afectado aquí fue el pueblo de Santa Marta, que en cuatro meses perdió todo lo que había ganado en siete años de gobierno ciudadano
