Colombia es el segundo país más peligroso para los líderes ambientales. En 2016, último año del que se tiene registro, fueron asesinados 37 líderes, principalmente en el Cauca, en donde el problema son los cultivos ilícitos en zonas de protección ambiental; y en el Chocó, que sufre las consecuencias de la minería ilegal y que registra los niveles de mercurio per cápita más altos del mundo.
El caso más reciente que se tiene registrado es el de Yolanda Maturana, una mujer con alto reconocimiento en el Pacífico colombiano y Risaralda. Yolanda apoyó el proceso que derivó en la reglamentación de la cacería de sustento del territorio colectivo de Santa Cecilia.
También lideró la creación de la organización ambiental Asociación de Amigos de la Fauna y Flora (ASOAFA) en 1994. Fue asesinada por oponerse a la explotación de los recursos naturales que abastecen la zona.
Después de la firma de los acuerdos de La Habana, el país tenía la ilusión de llegar por fin a zonas que han estado vetadas por el conflicto. Sin embargo, la implementación del acuerdo obligó a varios líderes ambientales y ONG’s a escapar de los lugares. Según Camilo Prieto, médico cirujano y director del Movimiento Ambientalista Colombiano, “durante las negociaciones pudimos llegar a estas zonas aisladas y olvidadas por el Estado colombiano, pero cuando se llegó a un acuerdo, los grupos paramilitares, principalmente, nos sacaron de allá. No pudimos volver”. La lucha por el territorio entre indígenas, afrocolombianos y grupos criminales ha hecho que la situación haya empeorado drásticamente.
Aunque todavía no se tienen cifras sobre la situación en 2017, Camilo Prieto asegura que lo más seguro es que Colombia pase al primer lugar porque ya se superaron los 40 muertos, mientras que en Brasil se han hecho varios acuerdos en la Amazonía que tendría que reducir el número. “La última denuncia de la que supimos fue en Acandí, Chocó, porque varias personas se organizaron para el rescate y protección de las tortugas carey, pero los grupos que hacen presencia en la zona los tienen señalados".
De los 37 líderes asesinados, los paramilitares son responsables de 22 muertes. El problema es que el Estado ha negado la presencia de estos grupos en muchas zonas del país, incluso ha asegurado que no son paramilitares sino bandas criminales. “Un chaleco y un celular no son suficientes para proteger a estas personas porque de nada sirven cuando ya te han matado”.
Por ejemplo, el año pasado dos líderes tuvieron que irse de Timbiquí, Cauca, luego de denunciar los cultivos de coca que habían dentro de las zonas de reserva ambiental. “Hoy no sabemos dónde están, tampoco si están vivos o muertos”. Por investigación de Las2Orillas, también se supo del riesgo para los líderes sociales en Barrancabermeja por la acción del Frente Luis Alfonso Echeverría de las Autodefensas Gaitanistas, que también actúan en los municipios de Puerto Wilches en Santander; San Pablo y Cantagallo, Bolívar. Solo el año pasado la Defensoría del Pueblo en Magdalena registró 17 quejas por las amenazas contra líderes en la región, pero en todo el país las cifras de amenazados tienen que ser mucho más altas porque muchas personas no tienen cómo denunciar.
Sin embargo, el respaldo de algunas autoridades ha hecho que el trabajo no se haya perdido por completo. En Putumayo, el apoyo de la mayor Franz Valencia, de la dirección antinarcóticos, ha sido clave para la protección de varias reservas y el control de los cultivos ilícitos. Y en la Guajira, el batallón Cartagena ha acompañado a Camilo Prieto en las misiones que han adelantado, llevando hasta 9 toneladas de comida y semillas y 36 toneladas de agua para las comunidades indígenas.
Camilo Prieto asegura que el activismo ambiental no se puede quedar solo en la retórica, lo más importante son las acciones, y las redes sociales se han vuelto un vehículo para transmitir y mostrar lo que han hecho. Más de 100.000 personas siguen su página de Facebook, lugar por donde más los contactan para trabajar. “El ambientalismo sin rostro no tiene gran impacto. Por esa razón los líderes son tan importantes en las regiones, son ellos los que desarrollan políticas públicas en las regiones”. En total, el año pasado se registró el asesinato de 170 líderes asesinados, según datos del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz); y este año ya van 9 líderes asesinados, aunque el número puede ser mucho mayor.
