El pasado martes, en las horas de la noche, fueron asesinados cinco jóvenes en el barrio Llano Verde de la Comuna 15 de Cali (con 135.000 habitantes). Los hechos ocurrieron a la altura del puente que conduce al antiguo relleno sanitario de Navarro; territorio localizado en el suroriente de la ciudad y uno de los espacios más golpeados por la violencia urbana, que en lo corrido del 2020 se ha cobrado casi 630 víctimas.
Los nombres de los fallecidos, jóvenes y afros, son Jean Paul Perlaza (de 16 años), Juan Manuel Montaño y Leyder Cárdenas (de 15 años), Jair Andrés Cortez y Álvaro José Caicedo (de 14 años), miembros de hogares que han sido víctimas del desplazamiento.
Los jóvenes se encontraban desaparecidos desde el mediodía del martes, pero solo hasta pasadas las diez de la noche fueron encontrados sus cuerpos: cuatro de ellos en un cañaduzal y uno más en inmediaciones de un colegio del sector.
Lo que se ha podido esclarecer es que uno de ellos fue degollado y los otros presentan tiros de gracia. Las autoridades hicieron presencia en el lugar de los hechos y adelantaron el proceso de inspección de los cadáveres.
Algunas conjeturas formuladas por la Policía y la Secretaría de Seguridad de Cali están sugiriendo de manera general que en Llano Verde hay un proceso descontrolado de violencia e inseguridad, que incluye reclutamiento de menores, fronteras invisibles, limpieza social, microtráfico y amenazas.
El sistema de las masacres se ha instalado nuevamente en Colombia como uno de los repertorios privilegiados para infundir temor entre las comunidades y provocar su desplazamiento. Los recientes casos de Cúcuta, del sur de Córdoba y del Chocó así lo están indicando.
En el cuadro de la nueva violencia que se está presentando en el país, además del exterminio de líderes sociales y de los DD. HH., se ha regresado a la masacre tal como sucedió masivamente entre 1996 y 2006, cuando los paramilitares impusieron la ley del terror por todo el país.
El fenómeno de la violencia en Cali es un problema más complejo que reúne diversos tipos de tal fenómeno, muy ligado a las economías ilegales, y que se propaga por las oportunidades que ofrecen las ciudades a la violencia, especialmente en las denominadas “zonas marrones” (sin Estado). Se trata de una violencia societal mas referida a conflictos individuales que a fracturas en la comunidad política, dando pie a altas tasas de homicidios.
En el caso de la masacre ocurrida en Llano Verde todo indica que se trata de procesos de retaliación contra familias desplazadas desde el pacífico colombiano, que ahora son golpeadas nuevamente por estructuras del neoparamilitarismo de los urabeños, con fuerte presencia en Cali; cosa de la que parece no darse cuenta el gobierno de la ciudad, en cabeza del alcalde Ospina, y la propia policía. Y para empeorar se plantean estrategias completamente desfasadas como la formulada por el Secretario de paz, Danis Rentería (un militar retirado), quien ha sugerido militarizar la Comuna 15.
En Cali hay hoy casi 150.000 desplazados por la violencia, muchos de ellos ubicados en Agua Blanca y el suroriente de la ciudad. Son familias que provienen de poblaciones afro del sur del Pacífico como el Charco, Satinga, Tumaco, Llorente, Lopez de Micay, Guapi y otras localidades. Esas familias son las que golpea esta violencia neoparamilitar que el actual gobierno no quiere ver porque su diagnóstico está completamente equivocado.
