A pesar de la multa de 526 millones de pesos impuesta por el Ministerio del Trabajo a Emcali por entregar labores misionales de la empresa a terceros, las cuales deben ser cubiertas por personal directo de la misma, la administración actual de las empresas municipales continúa con la nefasta política de tercerizar estas actividades.
Sin dar explicaciones sobre la multa y por supuesto sin corregir el problema el 22 de octubre del año en curso, Emcali celebró un contrato interadministrativo bajo la modalidad de contratación directa con la Empresa de Recursos Tecnológicos (ERT S.A. E.S.P.) para la prestación de actividades comerciales y de contact center.
Al respecto, llama la atención que se contrató una empresa que no tiene cómo cumplir con el objeto del contrato, pues subcontrató a otra empresa privada para la ejecución del mismo. Un verdadero trío contractual donde ganaría el privado subcontratado y perdería Emcali, los trabajadores y la ciudadanía caleña.
Además de lo grave que es lo anterior, en esta ocasión se trata de otorgar información sensible de los usuarios de Emcali (es decir, sus clientes), lo que pone en riesgo la confidencialidad y el adecuado tratamiento de la información.
Le terminamos entregando al gratín uno de los activos más importantes de la empresa a un privado, lo que se constituiría en una ventaja enorme para la competencia de Emcali, que como hemos visto recurre a todo tipo de maniobras legales y otras no tanto para tratar de quebrar el patrimonio público de los caleños.
Para colmo de males, el contrato de la discordia no fue suscrito por el gerente de la empresa, sino por un mando medio. ¿Dicho contrato cuenta con el aval de la gerencia? Esta es una pregunta que debe ser contestada, más aún sabiendo que existe un concepto jurídico que da cuenta de la inconveniencia del contrato y de las irregularidades del mismo, que fue puesto en conocimiento a la dirección de Emcali. ¿Por qué fue entonces firmado el contrato a pesar de existir dicho concepto?
Para completar, genera mucha más suspicacia que el contrato haya sido otorgado a la ERT, empresa cuya máxima autoridad es la gobernadora Clara Luz Roldán, y que su hijo, Jairo Prado Roldán, sea miembro de la junta directiva de Emcali como supuesto representante de los usuarios de Emcali. ¿Existe un conflicto de intereses en la celebración de dicho contrato?
Estas son preguntas que el alcalde Jorge Iván Ospina y el gerente de Emcali Juan Diego Flórez deben responder a la ciudad. Por lo pronto, Sintraemcali, junto a los usuarios, debemos seguir vigilantes y alerta ante las prácticas que condenan nuestra empresa a la desaparición, prácticas donde ganan determinados círculos políticos, pero que generan grandes pérdidas a los trabajadores y los usuarios.
En últimas, quienes pagaremos la multa seremos los usuarios, quienes a través de la tarifa tenemos que responder por los platos rotos de una práctica que sería ilegal; usada para, entre otros motivos, burlar los derechos elementales de los trabajadores. Entre más se tercericen actividades propias de la empresa, la planta de cargos de Emcali se pone en riesgo y, hay que decirlo, el carácter público de la empresa también.
⚠️Denuncia pública ⚠️
No sigamos permitiendo la tercerización laboral en EMCALI, esta vez, fue un contrato a dedo con la ERT
¿Quiénes ganan y quiénes pierden con estos contratos?
Denuncia pública realizada por Jhoni Trejos, Secretario Jurídico .@sintraemcali
.@JorgeIvanOspina pic.twitter.com/CNxzpDX6gC
— Jhoni Trejos (@Jhonitrejos) November 13, 2020
