Lo que está ocurriendo en Medellín con la Revocatoria del Alcalde Daniel Quintero es exactamente la réplica de la metodología y los procedimientos utilizados por la ultraderecha en todos los lugares del planeta para sabotear y colapsar los gobiernos que no son de sus simpatías y los antagonizan en sus plataformas programáticas y visiones ideológicas.
Es cierto, la revocatoria de los mandatos está consagrada como una herramienta democrática en la Constitución de 1991 y en las leyes reglamentarias respectivas, y hasta ahí todo ok.
La inquietud surge cuando se observa en detalle este caso. En Colombia, durante 30 años apenas unas pocas revocatorias han prosperado (2 o 3), el resto han sido sometidas al sabotaje, bloqueo y anulación por parte de las roscas minoritarias que controlan los gobiernos municipales. Los promotores de esos procesos son grupos minoritarios y sectores independientes con poca capacidad e incidencia en el tejido institucional electoral. Hay que ver lo que ha sido nuestra experiencia en Armenia (Quindío) con el intento de revocar el actual Alcalde José Manuel Ríos, una ficha de las mafias de los carteles narcos del Norte del Valle (Cartago).
Con la revocatoria de Quintero, sus promotores y artífices, el camino lo han tenido absolutamente despejado. Todo se ha dado con mucha agilidad, eficiencia y de manera expedita. Ya tienen las firmas que la Ley exige, aunque el Alcalde y su equipo han apelado ante la Registraduria porque hay evidentes irregularidades en los formularios con nombres alterados y cedulas de fuera de la ciudad.
La revocatoria a Quintero Palacio en manos de la ultraderecha fascista, parapolítica y corrupta adquiere los alcances de una potente arma de guerra para destruir un adversario político que ha roto la hegemonía de poderosas roscas enquistadas por décadas en la infraestructura política de la capital de Antioquia. Se trata de facciones políticas que expresan los intereses de gigantescos conglomerados empresariales como el GEA (Grupo Empresarial Antioqueño), del comercio, del mundo de la ilegalidad de las redes criminales que ejercen un dominio del territorio en que las bandas paramilitares han sido muy activas.
La campaña para destituir y destruir políticamente a Quintero es homologable a las campañas utilizadas en Bolivia, Perú, Honduras, Venezuela, España, Argentina y seguramente en Chile, en los próximos meses, por las bandas que han sido desplazadas electoralmente del poder pero que no se resignan con su nueva ubicación, sin los privilegios y recursos de poder que han manipulado durante muchos años.
En Medellín los organizadores y operadores de esta arremetida política son camarillas vinculadas al señor Álvaro Uribe Vélez, entre las que sobresalen la del ex Senador Luis Alfredo Ramos (1948), quien fue condenado hace pocos meses por parapolítica (pactos con Carlos Castaño, Don Berna y las AUC) y por organizar grupos paramilitares de Antioquia, con varios años de cárcel, una inhabilidad vitalicia y una multa cercana a los 8 mil millones de pesos. Ramos recibió financiación del Bloque Metro para apoyar sus campañas electorales a la Gobernación de Antioquia y al Congreso de la Republica.
Ramos hace todas sus movidas a través de sus seguidores y fichas conservadoras y del Opus dei, entre las que sobresale su hijo Alfredo Ramos Maya, subalterno de Uribe a quien represento como Senador desde 2014, para posteriormente ser el su candidato a la Alcaldía de Medellín, empeño en el que fue derrotado por el actual burgomaestre, el 27 de octubre del 2019.
El triunfo de Daniel Quintero fue respaldado por casi 310 mil electores obteniendo una de las votaciones más altas en la historia política de la ciudad que acogió su candidatura y propuesta independiente para descartar el representante de la extrema derecha uribista.
Al día de hoy, Quintero acumula un gran prestigio como el mejor alcalde de Colombia, gracias a que tiene el mejor Plan de desarrollo, el mejor desempeño fiscal, el mejor índice de desempeño, un premio nacional de alta gerencia y una decidida acción contra la corrupción de las mafias clientelistas tradicionales responsables del saqueo de las Empresas Públicas de Medellín/EPM y del proyecto de la represa de Hidroituango, donde gracias a sus denuncias y acciones judiciales se ha recuperado más de 4 billones y medio de pesos.
Quintero ha logrado identificar la red delincuencial que por años ha despojados los dineros de estas entidades, que han estado en manos de los recomendados de Uribe, incluido el señor Sergio Fajardo, actual candidato a la Presidencia de la República.
La revocatoria de Quintero será sin duda una descomunal batalla entre las nuevas fuerzas sociales y políticas y el viejo régimen del paramilitarismo violento y corrupto.
Estamos con el Alcalde y aceptamos el reto planteado por el campo transgresor que quiere bloquear los grandes cambios que se adelantan en Medellín.
