Aunque nacida en Pereira, la hoy congresista Cámara Carolina Giraldo, al igual que la aguerrida Katherine Miranda, se inició en la actividad pública al lado de Antanas Mockus, ya que fue asesoraen su segunda Alcaldía en Bogotá. Picada por la política, regresó a su ciudad donde fue Concejal y hasta precandidata a la Alcaldía, pero el mayor salto lo dio en 2022 con su llegada a la Cámara de Representantes por Risaralda en representación del Partido Verde. Los temas ambientales han estado en su agenda, lo que la llevó a formar parte de la Comisión Accidental de Seguimiento a la COP16.
A Giraldo, una orgullosa risaraldense, se le recuerda especialmente por haber estado detrás de la famosa ley ¡Chao marcas de gobierno!, la cual impide que cada gobierno de turno modifique las imágenes institucionales a su gusto. De igual manera, le ha metido la ficha a lograr la prohibición de las cuestionadas terapias de conversión, habiéndolo presentado ya en tres ocasiones. También presentó un proyecto para proteger a los hijos de víctimas de feminicidios, otro para aumentarle los impuestos a los vapeadores y fue la coordinadora ponente de la ley que ratificó el Acuerdo de Escazú.
La dura lucha contra la infiltración del Clan del Golfo que le quitó la tranquilidad
Hace tres meses se conoció una grave denuncia que le pasó directamente a la fiscal general Luz Adriana Camargo y que involucra al Clan del Golfo, grupo armado que se autodenomina Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) y que es uno de los seis que tienen azotado al país y con los que el presidente Gustavo Petro quiere negociar. De acuerdo con la congresista, esta organización estaría detrás de una empresa con millonarios contratos en varios departamentos del país. Sin embargo, también asegura que no le han parado bolas y que a día de hoy no se ha avanzado con la investigación.
La empresa sería Proicom S.A.S., la cual tendría como socios a Hipólito Mendoza Zea y a César Augusto Rincón González, habiendo sido el primero parte de la UTL del exrepresentante a la Cámara, Cristóbal Rodríguez y contratista de la primera vicepresidencia de la Cámara de Representantes, presuntamente por recomendación del santandereano Óscar Villamizar, representante a la Cámara del Centro Democrático. Además, habría visitado el Congreso hasta en otras 10 ocasiones según la denuncia de Giraldo.
Todo esto llevó a que la Corte Suprema de Justicia comenzara a adelantar indagaciones para determinar si existen o no méritos para abrirle una investigación a Villamizar. Además, su abogado Rodrigo Javier Parada consideró como inaceptable el hecho de que Giraldo haya hecho públicos detalles de su denuncia, puesto que se trata de información reservada, lo que le podría acarrear consecuencias legales a la congresista. De igual manera, su nombre apareció en un panfleto del Clan del Golfo, lo que la pereirana entendió como una amenaza.
Está denuncia la puso en el radar, pero la representante Giraldo ha sido una juiciosa congresista, con criterio independiente y empeñada en responderle con trasparencia a sus electores, quien realiza registros permanentes en videos de sus actuaciones en el Congreso y su comportamiento en cada una de las votaciones. De seguro esta última amenaza no la va a amedrentar.
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