Dijo el presidente Petro, durante un evento realizado en un municipio caucano, que el gobierno tiene un enemigo interno.
Inmediatamente, la gran prensa bogotana, que ya conocemos, comenzó con las especulaciones buscando los chivos expiatorios y endilgando la imputación a personas individuales y hasta osaron atribuir las palabras de Petro contra el Ministro de Hacienda, con el fin, como es su estilo periodístico, de crear conflictos basados en la cizaña y distorsión de la opinión pública.
Tuvo el presidente que realizar las aclaraciones correspondientes sobre el enemigo interno, precisando que se refería a la tramitomanía y a la carga de normas administrativas, que se convierten en un obstáculo para la agilidad, la pertinencia y la oportunidad de los actos de gobierno.
Interpretado las palabra del presidente, quien se propone realizar cambios profundos orientados al desmonte de las políticas neoliberales que durante 30 años han azotado a Colombia, es fácil comprender que esos cambios necesitan creatividad, innovación, pragmatismo y agilidad en los procesos de la administración pública.
Pero las estructuras normativas existentes, son un obstáculo para responder a las expectativas y esperanza que la sociedad se ha creado y que buscan tener una respuesta pronta de parte del Estado.
En otras palabras, y siguiendo los enfoque de gestión pública que se agitan en el terreno académico, el problema del enemigo interno consiste en que, si bien es cierto que desde 1991 se viene promoviendo la transformación del modelo administrativo para abandonar el modelo burocrático con el fin de implantar el modelo gerencial, este proceso de transformación, que le llaman de modernización, pero que es más de posmodernización, marcha a un ritmo supremamente lento, a pesar de que existen las leyes y demás normas jurídicas necesarias para su realización.
Los intentos de transformación vienen desde la ley 489 de 1998 y de ahí en adelante una serie de normas tendientes a establecer el modelo gerencial en la rama administrativa; pero los esfuerzos han sido muy tímidos y lentos los pasos dentro de este proceso.
Los principales motivos, por el grado de improvisación de los organismos nacionales, que cada cierto tiempo introducen modificaciones y establece nuevas versiones, sin que se precise una ruta estratégica en la transformación con horizonte en el largo plazo.
Se inspiran en paradigmas y modelos extranjeros, que tratan de imitar sin considerar el pragmatismo necesario para su aplicación en el marco de la constitución políticas propia, el ordenamiento institucional específico y la cultura diversa existente en Colombia.
Y así mismo, con soportes conceptuales basados en el colonialismo intelectual y la dependencia frente al pensamiento extranjero.
Gran cantidad de leyes y decretos dispersos y desordenados, que no obedecen a una estrategia coherente y centrada, muestran la debilidad del proceso. Ese el el enemigo interno.
Se observa, por ejemplo, casos como la Ley 872 de 2003 y recientemente el Decreto 1499 de 2017, con los que se pretendía el estableciendo normas para regular la transformación del Estado abandonando el enfoque burocrático; pero, las situaciones resultantes se apartan de la internalización de la norma y en el establecimiento de acciones administrativas impregnadas con el espíritu del cambio.
Aplican las normas mediante nichos aparte, alejados del núcleo de la administración, que las entidades crean para cumplir la norma, pero sin que llegue a la esencia del proceso administrativo.
Se limitan a cumplir la norma mecánicamente, pero no a transformar la administración pública; así ocurrió con la NTCGP 1000:2009 y está sucediendo hoy con la MIPG:2017, que se ha limitado simplemente a diligenciar el FURAG II para satisfacer el requerimiento del DAFP.
Así que el presidente Petro ya que hizo las aclaraciones sobre a qué se refiere, también debe intervenir en los organismos competentes como son el DNP, el DAFP y la ESAP, para que desde el alto gobierno se trabaje en los cambios necesarios para que desaparezca el enemigo interno del gobierno.
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