Tras conocerse este miércoles 10 de julio que serán judicializados 12 suboficiales del Ejército—quienes fueron capturados por el CTI de la Fiscalía en el marco de un escándalo de corrupción—; el ministro de Defensa, Guillermo Botero Nieto, insiste que dentro del Ejército no existe ninguna crisis. Sin embargo, en el tintero aún hay muchas preguntas alrededor de las irregularidades de corrupción de las cuales el jefe de la cartera ministerial tendrá que dar explicaciones a la opinión pública.
Botero Nieto, frente a la información que ha circulado por redes sobre las prácticas de corrupción, ha señalado con ahínco que «son hechos individuales, lamentables, por los que deben (los responsables) responder ante la justicia colombiana, bien sea la justicia penal militar cuando aplica o la Fiscalía General de la Nación».
Lo que resulta problemático de dichas declaraciones es que el ministro centre la atención sobre quienes están, materialmente, cometiendo los actos de corrupción y, de esta forma, estaría dejando a un lado revisar la polémica desde una perspectiva más estructural.
¿Nombres sin órdenes?
Un ejemplo de ello tiene que ver con que las capturas que se hicieron efectivas en Bogotá, Neiva, Nilo y Puerto Asís y que terminaron con dos cabos, dos cabos primeros, siete sargentos segundos y un sargento viceprimero detenidos. Tal como se puede constatar en el comunicado de la Fiscalía General de la Nación «se beneficiaban uniformados mediante nombramientos ilícitos por actos administrativos falsos, en especialidades como en inteligencia militar, logística, sanidad e ingenieros». Frente a ello. ¿qué tendría por decir el jefe de la cartera ministerial bajo la política de “cero tolerancia”?
A su vez, en el comunicado de la Fiscalía precisa que «La Sección de Investigaciones del CTI Cundinamarca estableció que los denominados ‘cambios de arma’ eran realizados entre oficiales y suboficiales a un precio que variaba entre los 4 y 5 millones de pesos».
La papa caliente para Botero
Sin duda, las condiciones cambiaron para el ministro Botero minutos después de que Revista Semana desenterrara un nuevo escándalo que pesaba sobre el Ejército Colombiano. Para ese momento, entre otras cosas, se conoció que la Procuraduría General de la Nación abrió tres líneas de investigación disciplinaria contra generales y oficiales del Ejército Nacional.
De esta forma, se concentraba su la atención del espectro y las agendas mediáticas sobre cuál iba a ser el proceder de Botero Nieto. No es de poca monta; el panorama que enfrenta el Ejército es por presuntos actos de corrupción relacionados con la aparente exigencia u oferta de dineros para financiar viajes, expedir salvoconductos o identificar fuentes de información de los medios de comunicación.
Ahora bien, los reflectores alumbraron a los generales Jorge Horacio Romero (Comando de Apoyo de Acción Integral y excomandante de la Cuarta Brigada), Adelmo Fajardo (Segundo Comandante del Ejército) y Eduardo Queirós (Comando de Apoyo de Contrainteligencia).
La carta que se jugó Botero
Así las cosas, con la prensa atenta, el ministro Botero dio a conocer que al general Adelmo Fajardo le fueron aceptadas unas vacaciones que había solicitado. A pesar de la polémica que desató la decisión, respondieron que se concedió el periodo vacacional para que el general Fajardo pudiese preparar su defensa por el caso de corrupción que lo salpica. Sin embargo, la polémica no cesó ahí; sobre el caso del general Quirós se decidió un traslado, del cual no se conoce a qué dependencia irá.
Tal como lo advertía el ministro Botero, “ni indulgentes, ni temerarios, pero sí diligentes en cualquier caso que esté fuera del marco de la Constitución y la ley. Nos hemos tomado el tiempo necesario para analizar cada caso de manera individual”, de los tres generales le dieron de baja a Jorge Romero. Cabe recordar que a Romero se le investiga porque mientras estuvo en la Cuarta Brigada — de 2015 a 2017— presuntamente entregó salvoconductos para el porte de armas a cambio de coimas.
El asombro del general Romero
La respuesta de Romero tras ser llamado a calificar servicios se conoció en la declaración que le dio el entonces general a el diario El Colombiano. En esta ya se evidencia malestar, pues señaló que «(…) consideré a la institución garante del derecho a la presunción de inocencia, como hasta la fecha lo había sido, pero, hasta el último día soy respetuoso de las decisiones de mis superiores y por eso acataré la orden como corresponde”.
Frente a las acusaciones que lo salpican en el escándalo de corrupción de los salvoconductos, precisó que como comandante de Brigada no tenía competencias ni para pedir o expedir salvoconductos.
Sobre el tema más espinoso que salpica a Romero, el de los salvoconductos que están relacionados con integrantes de la oficina de Envigado; insto que él ya se encontraba en la Tercera División en los departamentos del Cauca y Nariño, negando haber estado en la Cuarta Brigada en Medellín.
