Poco después de que Juan Carlos Granados se posesionara como contralor distrital en 2016, decidió desarchivar las investigaciones contra Gustavo Petro por un posible detrimento patrimonial por la implementación del sistema de transporte y el cambio en el esquema de basuras de Bogotá cuando era alcalde de la ciudad. El resultado: una primera multa por $ 217.000 millones y en octubre de 2017 una segunda por $ 92.000 millones. Sin embargo, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca no le dio la razón a Granados —quien llegó a la Contraloría después de una negociación que hicieron en el Concejo de Bogotá, con Roberto Hinestroza de Cambio Radical como presidente, varios partidos de la coalición de gobierno de Enrique Peñalosa que acordaron que el partido de Vargas Lleras elegiría al contralor— y suspendió las multas mientras un juez define si quedan en firme o se caen por completo.
Ahora Juan Carlos Granados se encuentra ad portas de la cárcel después de que la Fiscalía anunciará que le imputará cargos el próximo 29 de octubre por haber recibido $ 200 millones de Odebrecht, quienes decidieron entregarle la plata a través de Plinio Olano —también enredado con la multinacional brasileña— para meterla en la campaña de Granados en 2011 cuando decidió lanzarse a la Gobernación de Boyacá con el aval de Cambio Radical, a cambio de favorecerlos para darles la vía Duitama – San Gil que Granados expuso como una prioridad del departamento y de su administración.
Aunque han pedido la renuncia de Granados, este no ha querido apartarse del cargo y aseguró que no tomará ninguna decisión hasta conocer la decisión del juez que podría enviarlo a la cárcel por petición de la Fiscalía, que aseguró tener las pruebas suficientes para comprobar el delito, empezando por el testimonio del condenado Federico Gaviria, quien fue el que enredó a Granados asegurando que fue testigo del acuerdo y posterior entrega del dinero. Mientras tanto, Granados sigue insistiendo en las multas a Petro, quien siente el respaldo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos cuando enviaron unas recomendaciones al Estado colombiano luego de que el senador pidiera medidas cautelares. La CIDH aseguró que ninguna entidad administrativa puede destituir ni inhabilitar a personas elegidas a través del voto popular.
