El nombre de Dorian de Jesús Coquies Maestre aparece en los medios de comunicación cada vez que alguna de las alcaldías menores de Bogotá queda vacante. Cuando eso ocurre, la alcaldesa mayor, Claudia López, suele designarlo a él como encargado.
Su registro también es obligatorio porque al asumir el encargo Coquies suele disponer la remodelación de oficinas o dependencias y contrata casi siempre para ello a firma Industrias Cruz S.A., de propiedad de Ernesto Cruz Sánchez, alguien que en el pasado estuvo casado con una tía de la senadora Angélica Lozano, esposa de la alcaldesa de Bogotá.
Esta vez el nombre de Coquies vuelve a escena por cuenta de una denuncia hecha por el presidente de la República, Gustavo Petro Urrego, sobre el extravío de 13 pistolas y 2 subametralladoras que la administración de Iván Duque le entregó a José Guillermo ‘El Ñeñe’ Hernández, un ganadero con vínculos con el narcotráfico que fue relacionado con el entonces jefe de Estado.
13 pistolas y 2 subametralladoras le entregó el gobierno al ñeñe Hernández, ahora las armas no aparecen. Las armas del estado entregadas a la mafia https://t.co/zXPgOM7vhL
— Gustavo Petro (@petrogustavo) April 9, 2023
La revista Raya encontró que Coquies fue el encargado de gestionar en 2015 ante la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad la autorización para el uso de las armas, en calidad de jefe se seguridad de una empresa de ‘el Ñeñe’.
Coquies es miembro del Partido Verde y aspiró al Concejo de Bogotá. Aunque no fue elegido siguió siendo una de las personas de mayor confianza de la alcaldesa López, que lo llevó al cargo de director del Sistema Distrital de Atención a la Ciudadanía y de allí lo ha comisionado para hacerse cargo de varias alcaldías menores, entre ellas la de Tunjuelito y la de Usme, donde se encuentra actualmente.
Coquies ha sido también objeto de denuncias por un presunto enriquecimiento no justificado, a juzgar por la manera en la que ha evolucionado su patrimonio desde 2019, cuando empezó a trabajar con el Distrito.
En la declaración juramentada de bienes y rentas que presentó al posesionarse del cargo reportó obligaciones con los bancos Davivienda e Itaú, con Seguros del Estado y con las sociedades La Macuira Inversiones e Inversiones Machiques SAS, por un monto total de cercano a los $84 millones. Las sociedades están radicadas en el departamento de La Guajira.
En esa época debía dos años de arriendo en la Ciudadela Colsubsidio y ahora es dueño de un penthouse y de vehículos de alta gama. Algunos de sus bienes figurarían a nombre de su padre, un músico de oficio. Según se encuentra en la página de antecedentes disciplinarios de la Procuraduría su esposa no puede trabajar en el sector público porque fue destituida y sancionada con una inhabilidad por 13 años.
En su tránsito de la Alcaldía menor de Tunjuelito a la de Usme llevó más de cien personas vinculadas mediante ordenes de prestación de servicios. En esta área tiene dos tipos de denuncias. Una de ellas se relaciona con la contratación de personas que tienen responsabilidades de tiempo completo con otras empresas y entidades y que en varios casos habría exigido comisiones a cambio de la renovación.
No figuran decisiones de fondo sobre alguna de esas quejas. Las denuncias reposan en la Fiscalía y en la Personería Distrital, pero hasta hoy no aparece auto alguno que disponga la apertura de indagaciones preliminares. En Control Interno de la Alcaldía tampoco se registra actuación alguna.
Coquies se pronunció a través de una declaración de prensa en la que aseguró que, en 2015, cuando se produjo de las armas, él ejercía su profesión de abogado y en esa condición asesoraba a varias empresas del sector de vigilancia y seguridad.
“En medio de esa actividad profesional, fui contratado por la empresa inversiones Hernández López S. en C. para acudir a la Superintendencia de Vigilancia y notificarme de la resolución número 20151300025587 del 6 de mayo 2015, mediante la cual esa entidad le otorgaba la Licencia de Funcionamiento del Departamento de Seguridad de Inversiones Hernández López S.”.
Según él, ese poder no le confería representación legal alguna, ni mucho menos autorización para la compra o gestión de armas ni ninguna actividad diferente a la de una notificación de un acto administrativo.
Coquies se declaró a disposición de las autoridades y prometió colaborar en todas las investigaciones a la que pueda ser sometido.
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