Los rectores y vicerrectores administrativos de las 32 universidades públicas se reunieron en los últimos días y después de expresar coincidencias en sus preocupaciones expidieron una declaración conjunta con la cual buscan que el gobierno actual logre dar una solución a la grave situación por la que atraviesan las universidades públicas del país. Estas preocupaciones se profundizaron mucho más al conocer los anuncios por parte del gobierno de Iván Duque sobre sus planes para la educación superior, que se centran en el fomento de créditos con intereses onerosos a los estudiantes.
Tantos directivos administrativos como representantes estudiantiles y profesorales de cada universidad coinciden en que el gobierno hoy le debe a las universidades públicas del país 3,2 billones para su funcionamiento y 15 billones para inversión. Además, que desde 1993 a 2016 las universidades públicas han aumentado su cobertura en 284% con el mismo presupuesto en términos reales. En contravía, el Icetex ha aumentado su presupuesto en un 1700% desde el 2008 al 2016, otorgando créditos de estudio impagables a miles de jóvenes, situación que tiene al día de hoy a casi 50.000 estudiantes sin poder pagarle al Icetex (1).
Ante la pregunta, “¿en cuánto estima el Ministerio de Educación el déficit financiero de las Universidades públicas del país?” que le planteó en un cuestionario el Senador Leonidas Gómez a la ministra de Educación, la respuesta del ministerio, entre otras afirmaciones, fue: “…No es posible identificar la existencia de déficit presupuestal en alguna de las IES públicas” (2).
En una reciente nota publicada en el diario El Espectador el presidente del Icetex, Manuel Acevedo Jaramillo aseguró: “Es un falso dilema, que las universidades públicas serían más grandes y mejores si el Icetex no existiese. Si se acaba el Icetex las universidades públicas no podrían asumir la cantidad de estudiantes que están con nosotros. Colombia tiene muy buenas universidades públicas que necesitan recursos adicionales y una universidad privada que llega donde a veces la pública no. En el caso de la privada, cuando el estudiante no tiene los recursos, el Icetex le ayuda con créditos” (3).
Financiar créditos en contraposición a fortalecer la oferta publica es una pésima formula que ha tenido pésimos resultados, países como Finlandia, Noruega y Alemania han apostado por sistemas públicos con adecuado financiamiento, logrando avances importantes en el acceso al derecho universal a la educación y al conocimiento. El gobierno de Duque continuará por el penoso camino del marchitamiento de la educación superior pública, si es que el país se lo permite. La educación pública no es un negocio, es un derecho y el 10 de octubre en las calles de toda Colombia se dirá la verdad, una verdad irrefutable y a la cual el gobierno de Iván Duque no tendrá otra opción que escuchar.
