Una vez más se aprueba en primer debate el proyecto de ley sobre el presupuesto nacional, en donde se evidencia como siempre nuestro sistema presidencialista ―el Ejecutivo tiene preponderancia sobre el legislativo―, en donde el gobierno nacional formula, estructura y radica esta iniciativa legislativa, mientras que el Congreso de la República se limita a aprobar o improbar, convirtiéndose este en un convidado de piedra.
De hecho ―como lo ordena la ley orgánica de presupuesto―, se aprobó previamente el monto total del presupuesto del año entrante (313,9 billones), en donde el legislativo lo acata o no, sin ninguna posibilidad de modificarlo ―incrementarlo o reducirlo―, a excepción del extraño intento de la “oposición” con el primer presupuesto del presidente Iván Duque; en donde hizo el oso al intentar “aumentar” ese monto, ante la actitud silenciosa y tranquila del ministro Hacienda Alberto Carrasquilla, quien sabía que esa modificación era inconstitucional.
La discusión y aprobación del presupuesto demuestra la impotencia del legislativo colombiano ―el congreso estadounidense tiene la facultad de crear el presupuesto―, que proviene de una reforma constitucional en el gobierno de Carlos Lleras Restrepo (1968), en donde se le quitó la iniciativa del gasto, que paradójicamente reafirmó la liberal constitución de 1991, lo que desbordó el poder del Ejecutivo sobre el Congreso, que en casi nada admite modificación a su esquema anual de presupuesto.
Las comisiones económicas conjuntas de Cámara y Senado ―que convoca el presidente para darle primer debate― son el único escenario en donde se tiene “chance” de intervenir en este proyecto ―lo que de entrada deja por fuera a los congresistas que no pertenecen a estas comisiones―, porque se da una concertación entre los ponentes y los equipos técnicos del Ministerio de Hacienda y posteriormente se logran algunos ajustes al ser discutido y aprobado por estas células legislativas.
Al pasar a las plenarias de Cámara y Senado ―para darle segundo debate― son casi nulas las posibilidades de hacerle un cambio o modificación, porque, palabras más, palabras menos ―respondiendo a la pregunta de esta columna―, el presupuesto se aprueba realmente en las comisiones económicas; mientras que en plenarias se ratifica los aprobado en aquellas. En consecuencia, no deja de ser preocupante que hace más de diez años ningún congresista de Casanare hace parte de la Comisión Tercera de Cámara o Senado ―la más importante de las comisiones económicas―, por lo que hemos estado casi que por fuera de esta discusión (los últimos miembros fueron los entonces representantes casanareños Oscar Wilchez y Violeta Niño), siendo de vital importancia que los congresistas electos del próximo cuatrienio legislativo tengan como prioridad integrar esta comisión sobre los asuntos económicos del país.
Y es que una costumbre cuando se discute el presupuesto en la plenarias de Cámara y Senado ―como sucede con el Plan Nacional de Desarrollo y el Presunto Bienal de Regalías― es retirar y dejar como constancia las miles proposiciones de aquellos congresistas que no son miembros de las comisiones económicas ―incluidas las de nuestros pupilos casanareños― porque de antemano no cuentan con el aval del gobierno ni de los ponentes, que evidencia además una triste realidad que se ratifica cada año, en donde nada tiene que ver con la postura ideológica o partidista de los congresistas.
¿Qué debemos hacer? El próximo cuatrienio Casanare debe volver a la Comisión Tercera de la Cámara, siendo una exigencia que los electores deben formular a los eventuales candidatos a la Cámara ―que por lo menos uno conforme esta comisión―. Si queremos iniciar una ardua tarea para reactivar la economía del departamento, esto es lo que hay que hace, sin que esto signifique cuestionar ―ni más faltaba― el valioso trabajo legislativo de los actuales legisladores de Casanare, que entre otros aspectos están ubicados en comisiones importantes: Amanda González en la Sexta (Senado), César Ortiz Zorro en la Quinta, Jairo Cristancho en la Séptima (Cámara) y José Vicente Carreño en la Segunda (Cámara); quien se acaba de destacar como coordinador ponente del proyecto de estatuto fronterizo (que una vez aprobado en Cámara, pasa ahora al Senado).
Una muestra del enorme poder de las comisiones económicas ―aun con las limitantes del sistema presidencialista― fue este presupuesto que se aprobó la semana pasada en primer debate, donde una activa participación de los ponentes permitió ―con respecto al proyecto inicial― incrementar en 3,6 billones el rubro de inversión, para un monto total de 53,08; y en el mismo sentido se redujo el servicio de la deuda de 75,8 a 71, 5 billones, que entre otros aspectos se ha convertido en un aporte que anualmente hace el Congreso a la mencionada discusión, que se debe reconocer y destacar ante las muchas veces inamovible posición del Gobierno.
Coletilla. En la probable reforma tributaria ―ante la recesión económica por el COVID-19―, que se radicaría el año entrante en el Congreso, es necesario incluir la declaratoria de Casanare como Zona Económica y Social Especial (ZESE) ―como lo logró Carreño para el departamento Arauca―. Esto sentaría las bases de la reactivación económica del nuestro departamento, incluida la consolidación comercial y turística de Yopal.
Nos espera entonces un arduo trabajo con los ponentes de esta eventual reforma tributaria, que se discutirá en las comisiones terceras de Cámara y Senado, por supuesto.
