Dos polémicas decisiones de Gustavo Petro como alcalde de Bogotá para intentar modificar las estructuras en el esquema privatizado de recolección de basuras y la implementación del Sistema Integrado de Transporte Público le han significado una multa por más de $ 300.000 millones por parte del Contralor de Bogotá Juan Carlos Granado, quien llegó al cargo en 2016 después de ejercer como gobernador de Boyacá con el aval de Cambio Radical.
En diciembre de 2012, Petro decretó que el 52% del sistema de basuras debería ser administrado por la empresa Aguas Bogotá, filial del Acueducto. Esto implicó que el negocio, que antes estaba administrado por 4 empresas privadas —Aseo Capital, de Alberto Ríos; Atesa, de William Vélez; Lime, una empresa de dueños argentinos que tiene su mayor operación en Bogotá; y Ciudad Limpia, propiedad de dos familias caleñas, los Herrera Barona y los Losada Salcedo—, pasó a manos del distrito. Sin embargo, por esta decisión, el exalcalde fue destituido e inhabilitado por el entonces Procurador Alejandro Ordóñez, pero gracias a unas medidas cautelares dictadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en Washington, Petro pudo concluir su período hasta el 2014.
Petro se enfrentó a la Procuraduría General de la Nación y la Contraloría General y Distrital y salió engrandecido después de una defensa pública con unos discursos encendidos desde el balcón del Palacio Liávano y con la Plaza de Bolívar a reventar que pedían su permanencia en el cargo.
Aun no hay un fallo de fondo que haya cerrado definitivamente el proceso que tomó un rumbo nuevo ya como exalcalde. Desde que el Concejo, con Roberto Hinestroza de Cambio Radical como presidente, eligió a su copartidario Juan Carlos Granado Contralor distrital, las investigaciones se aceleraron. De hecho, fue Granados, investigado por posiblemente haber recibido $ 200 millones de Odebrecht cuando hizo campaña a la Gobernación, quien desarchivó las investigaciones contra Petro justo después de posesionarse en el cargo. El resultado: una primera multa por $ 217.000 millones y en octubre de 2017 una segunda por $ 92.000 millones. El peso de estas multas, que no lograron frenarle el impulso en la pasada campaña presidencial, le dañarían sus planes llegar a Palacio en 2022.
Seis juristas lo defienden y trabajan, sin cobrarle un peso, para lograr despejarle el camino jurídico. Dos de ellos, Dagoberto Quiroga y Luis Eduardo Parra fueron guerrilleros del M 19 y ahora comparten la causa de Petro. Quiroga, abogado de la Universidad Libre, lo conoce hace más de 25 años. Se acercó a él luego de haber pasado por la ANAPO socialista junto a Carlos Toledo Plata. Después de que la guerrilla se desmovilizó en 1990, Dagoberto Quiroga decidió hacerse a un lado en la política. Fundó su oficina de abogados y se dedicó a trabajar como particular. “Pero nunca perdí contacto con Gustavo. A él me une una gran amistad y sé de su transparencia. Lo busqué y le dije que lo defendería porque había mucha arbitrariedad contra él”.
Por su lado, Parra, quien también estuvo en la guerrilla y es abogado de la Universidad Sergio Arboleda, solo conoció a Petro cuando aspiró a la Alcaldía de Bogotá en 2011. El vínculo fue Guillermo Asprilla, una de las personas más cercanas al entonces alcalde, también ex Eme y quien lo acompañó en la Secretaría de gobierno hasta su prematura muerte en 2014. Parra, quien se había alejado de la política después de la desmovilización, regresó a acompañar la causa de Gustavo Petro y fue asesor de seguridad en la secretaría de gobierno de Asprilla. Desde el momento en el que surgió el litigio alrededor de las basuras empezó a asesorar directamente al alcalde.
Para el abogado Parra, las multas que impuso la Contraloría Distrital son exageradas. En este momento Petro ya está debiendo hasta $300.000 millones por la implementación de un nuevo modelo de basuras, semi-público, que dejó a Bogotá paralizada por 2 días sin el servicio de recolección. Según la Contraloría, el exalcalde incurrió en competencia desleal y le entregó a la empresa Aguas de Bogotá el 52% de la recolección de las basuras para poder sacar del negocio a los operadores privados que tenía la ciudad.
Julio César Ortiz, abogado de la Universidad Externado y ex presidente del Consejo Superior de la Judicatura, y Héctor Carvajal, fundador de la firma de abogados Carvajal Lodoño S en C y quien ha tenido bajo su defensa a personas como el ex senador Carlos Merlano o la ex gobernadora de la Guajira Oneida Pinto, también hacen parte de la defensa frente a los procesos en la Contraloría. Sin afinidades políticas, ninguno de los dos apoyó a Gustavo Petro cuando era candidato a la alcaldía. Sin embargo, terminaron trabajando con él y Ortiz fue el cerebro de los tutelatones que en 2013 lograron movilizar más de 800 tutelas contra el fallo del entonces Procurador Alejandro Ordóñez. Con la estrategia, Ortiz logró dilatar el proceso durante un tiempo hasta que la misma Corte Constitucional dijo que solo Petro podía interponer una tutela por ser él el implicado directamente en el caso.
Según los dos abogados, las multas no le impiden a Petro ser candidato en el futuro, pero ningún servidor público puede posesionarse en algún cargo teniendo deudas fiscales con el Estado, como lo acaba de ratificar la Corte Constitucional.
Los abogados Daniel Prado y Gabriel Parra llevan otros procesos. Prado, penalista y especialista en derechos humanos, conoce a Petro desde hace más de 30 años y empezó a trabajar con él hace 15 cuando el ex alcalde fue senador de la República y denunció los vínculos entre paramilitares y varios políticos de la Costa Caribe. Según Prado, ningún funcionario como el Procurador puede destituir a personas que hayan sido elegidas a través del voto popular, y cree que Alejandro Ordóñez se extralimitó en sus funciones. El proceso, que en este momento está en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, no solo podría definir el futuro de Gustavo Petro, sino también el de una figura como lo es la del Procurador de la Nación. Con la demanda se pretende limitar las funciones del Procurador, modificando la Constitución Política.
En noviembre de 2017, Petro denunció a través de su cuenta de Twitter que el Fiscal Néstor Humberto Martínez y Germán Vargas Lleras habían armado un complot para expedir una orden de captura en su contra. Esto se daría por la recompra de las acciones de TGI (Transportadora de Gas Internacional). Sin embargo, el exalcalde asegura que no hubo ninguna irregularidad en este proceso y tiene las pruebas para demostrarlo. Por el proceso que se adelanta en la Fiscalía, Petro ha declarado en dos interrogatorios y en noviembre su defensa, a través de una recusación al contralor distrital, pidió nombrar otro contralor en el caso, argumentando que Granados no ofrecía las garantías suficientes. El proceso contra Petro fue encontrado en el carro del ex Director anticorrupción Luis Gustavo Moreno cuando fue capturado por la red de corrupción en la que está involucrado.
Gustavo Petro todavía tiene planes de ser Presidente en 2022, pero no la tiene fácil. Las demandas y los procesos por sus actuaciones son sin duda un obstáculo que pende sobre su carrera política. Aunque para él y sus seguidores se trata de una persecución, tipificarlos como tal no es tarea fácil y por el momento tiene que dar la pelea en los distintos estrados confiado en la agudeza de sus seis defensores.
*Este artículo, publicado originalmente en noviembre de 2017, fue actualizado el 25 de octubre de 2018.
