El país está absorto ante la avalancha de casos de corrupción, no sorprende que esta haya permeado a la política desde hace mucho tiempo. El "cartel" de magistrados de la Corte Suprema de Justicia, de fiscales y abogados evidencia la crisis ética y moral de todos los estamentos de la sociedad colombiana. En nuestro país hizo carrera la teoría deleznable expresada públicamente hace poco por el abogado Abelardo de la Espriella, "La ética no tiene que ver con el derecho" y justamente, fue el fracaso estructural de la ética el que llevó al fracaso también estructural no solo de la justicia y la política, sino de la sociedad.
Boyacá no es ajena a este fenómeno, aquí también llegaron los tentáculos de ese círculo perverso. Juan Carlos Granados, exgobernador de nuestro departamento y hoy contralor de Bogotá, puesto ahí por Cambio Radical, es decir por Germán Vargas Lleras, padrino no solo político de Granados sino de uno de sus hijos, cuestionado por casos de corrupción durante su administración, contrató como abogada defensora ante la Fiscalía en manos del exfiscal anticorrupción Gustavo Moreno a la esposa del conocido Leonidas Bustos. Como si fuera poco, el otro exmagistrado investigado por los mismos hechos, Camilo Humberto Tarquino también fue contratado por la gobernación de Granados a través de su firma Abogados Consultores S.A.S, (de la cual Tarquino es representante legal) por la suma de $43.381.800 cuyo objeto fue "Prestación de servicios profesionales para el servicio de la dirección jurídica del departamento de Boyacá", contrato número 001456 de 2015. Hasta el día de hoy, nada se sabe de las denuncias interpuestas en la Fiscalia General de la Nación en cabeza de Néstor Humberto Mártinez, de Cambio Radical, contra Granados.
En este orden de acontecimientos que vinculan al exgobernador con el "cartel" de la corrupción de la justicia es legítimo pensar que el silencio ante las investigaciones sea el resultado de sus relaciones contractuales con los exmagistrados corruptos y con Vargas Lleras. Exigimos que el fiscal Martínez se pronuncie ante los boyacenses sobre estas investigaciones, exigimos el respeto a nuestro derecho fundamental a conocer la verdad y a la justicia.
