Con la promesa de construir las 51.134 aulas en todo el país, necesarias para implementar la jornada única, propósito incluido en el Plan Nacional de Infraestructura Educativa (PNIE) en 2015, el entonces presidente Juan Manuel Santos y su ministra de educación Gina Parody proyectaron una inversión a precios constantes de 2014 de 7,3 billones de pesos a la creación del Fondo de Financiación de la Infraestructura Educativa (FFIE) que se ejecutaría por medio de una alianza fiduciaria con el grupo BBVA, del que hace parte la organización Delima, uno de los principales aliados de Advent International, empresa de capital riesgo norteamericana recordada por estar involucrada en el escándalo de los bonos de agua o bonos carrasquilla que arruinaron a 117 municipios. Santos, muy ambicioso, proyectó construir y entregar funcionando, para el final de su mandato en 2018, 30.680 aulas más del 60% del total de las requeridas, entre estas más de 5000 aulas en el Valle del Cauca en los municipios de Buga, Tuluá, Palmira, Jamundí, Yumbo y Cali.
En 2016 se adjudicó a 5 contratistas la implementación de las obras de PNIE en 8 grupos. El que sería el contratista encargado del municipio de Cali fue la constructora multinacional portuguesa Mota-Engil que fue la firma con mayor cantidad de contratos adjudicados en el fondo, con 248.
Las ambiciosas estimaciones del gobierno Santos en ejecución y entrega de aulas para 2018, como era de esperarse, no se cumplieron: en el informe Cuentas Claras de 2018 para el FFIE del Ministerio de Educación detalla que 7 de cada 10 contratos están en alto riesgo de incumplimiento, alrededor de 180 mil niñas, niños y jóvenes, se ven afectados en su derecho a la educación por las demoras, retrasos y suspensiones, que presentan los proyectos.
Pero lo más alarmante no es esto, sino que se haya contratado con dos empresas cuya cercanía con la corrupta Odebrecht está más que comprobada: Mota Engil y Graña y Montero. La primera, Mota Engil, encargada de los 25 proyectos necesarios en el municipio de Cali con un presupuesto, entre el fondo y la ETC de 103 mil millones para su ejecución. Mota Engil tiene varias investigaciones a nivel internacional por incumplimientos y presuntos casos de corrupción en megaproyectos en países como Perú, México, Paraguay y Colombia. En Perú, por ejemplo, según testimonios del exjefe de Odebrecht Jorge Barata, esta hacía parte del "El Club de la Construcción" junto a Odebrecht. La segunda, Graña y Montero, sociedad peruana en la que servía como lobista Eleuberto Martorelli que resultó investigado por el escándalo de Odebrecht en Colombia, como lo explica el senador Jorge Robledo, aún sigue ejerciendo como contratista de obra en el FFIE.
Argumentando “abandono de las obras por parte del Estado” la firma portuguesa Mota Engil renunció el pasado 16 de septiembre de este año luego de haber desacatado durante dos meses la recomendación de abandonar el proyecto por parte del contratista interventor Consorcio Sedes Educativas, habiendo entregado solamente 17 de los 248 proyectos que se le adjudicaron. En Cali la situación es particularmente alarmante, puesto que, según datos de la Secretaría de Educación Municipal, 16 de los 25 proyectos que se adelantan presentan graves retrasos, algunos de más de un año, 7 de estos están aún en fase de diseño, y solo 2 han sido entregados. Situación que impacta 10 comunas de la ciudad. Están en juego más de 68 mil millones del bolsillo de los colombianos por cuenta de estos megarretrasos.
Este caso y su falta de veeduría por parte del alcalde Armitage y el silencio del Concejo Municipal no solo reflejan una actitud de desinterés por parte de los políticos de turno por resolver la crisis educativa en la ciudad, que hoy tiene a uno de cada tres niños, niñas o jóvenes por fuera del sistema educativo, y una implementación del menos del 10% de la jornada única (de las más bajas en Colombia), sino que también evidencia la falta de protección del presupuesto proveniente del bolsillos de los caleños y caleñas.
