En Macondo todo puede suceder. Luego de las infames imágenes de la policía disparando a diestra y siniestra a manifestantes en las jornadas del paro nacional y encubriendo a civiles en acciones criminales, el presidente Duque anuncia —como parte de lo que califica como reforma a la institución policial— el cambio de color de los uniformes de dotación, convirtiendo el verde ahora en azul. Como es obvio, el contrato para concretar este cambio cosmético de la imagen de los agentes será de varios millones de dólares. Seguramente tendrá que incluir más de una muda para un pie de fuerza que involucra cerca de 158.000 hombres y mujeres.
Podría pensarse que es una oportunidad para la industria nacional de la confección. Sin embargo, luego de 2012, año en el que inició la operación el Tratado de Libre Comercio suscrito con el gobierno norteamericano y que escaló a una fase superior el daño ocasionado a nuestra economía por la apertura de nuestras fronteras a las mercancías provenientes de esa potencia desarrollada con el gobierno de Cesar Gaviria, las ilusiones se esfuman.
La lista de artículos que entran incluye una amplia canasta de productos del agro y la manufactura que podemos producir, pero que nuestra nociva dirigencia política prefiere importar, sacrificando a los productores del agro y el empleo nacional. Desde el arranque del tratado en mención se ampliaron los perjuicios a todas las actividades sociales y económicas de la nación, de tal manera que por ejemplo en el capítulo 9 del documento se incluyen compras públicas, cláusulas que garantizan a las empresas norteamericanas y a sus ciudadanos un trato nacional, se les considera en igualdad de condiciones a los nacidos en nuestro país.
Así renunciamos a disponer para los colombianos de nuestro propio mercado con la argucia falaz de que vamos a quedarnos con una tajada jugosa de la voluminosa contratación pública del gobierno gringo; para disimular, se establece que ellos solo podrán participar en convocatorias que superen los 250.000 dólares, al cambio actual aproximadamente 900 millones de pesos, se les permite ofertar en los negocios grandes y para ello se prohíbe explícitamente el fraccionamiento de los contratos que eluda la aplicación de lo estipulado en este capítulo del tratado.
En este contexto fácilmente el encargo de los uniformes, así como la mayor parte de la contratación de la Policía Nacional y en general de las fuerzas militares termina haciéndose con empresas extranjeras o sus fachadas nacionales, recurriendo a productos y personal foráneo.
La concentración en pocos proveedores es un hecho notorio, tal y como lo develara Cuestión Pública en relación con la compra de tanquetas y armas “no letales”, lo que garantiza que las coimas que corren son suculentas.
Amanecerá y veremos, esta es una de esas ocasiones en que apostando doble sobre sencillo preferiría perder si así se beneficiara la alicaída industria de la confección nacional que en los últimos años ha visto desvanecer buena parte del mercado interno y ha reducido en un 75% las ventas que logró hacer en mejores épocas en el exterior.
