La resignación es el vil pretexto de los espíritus cobardes, nos enseñó J. E. Gaitán. Y, E. Galeano, nos notificó que, “hemos guardado un silencio parecido a la estupidez”, frene a la caricatura de democracia a la que fueron sometidas naciones del Tercer Mundo y entre ellas las Latinoamérica, mediante el régimen colonial y su transición a remedos de democracias, con condiciones socioeconómicas y políticas que determina y condicionan el desarrollo nacional de naciones.
Colombia requiere que sus ciudadanos sean conscientes de semejante realidad y de la conciencia social de sumisión e indiferencia política, que facilita el acceso y permanencia en el poder, de representantes incondicionales defensores del régimen, que impide el desarrollo nacional integral y favorece las clientelas de la politiquería y la corrupción.
El caos institucional, económico y social colombiano, es inocultable. Y es imposible revertirlo y superarlo, bajo el marco institucional legal vigente, la estructura de poder impuesta y el marco legal, que lo sustenta.
El cúmulo de hechos y acontecimientos que impiden el desarrollo socioeconómico, técnico, industrial y comercial, son consecuencia del mediocre crecimiento económico nacional integral, determinantes de las condiciones socioeconómicas, de sus ciudadanos. Son la consecuencia del degradante ejercicio del poder, de desgobiernos sucesivos, en todos los aspectos y sentidos.
Las instituciones públicas y órganos de poder, están cooptados por la politiquería, el clientelismo y la corrupción y bajo esas condiciones, al servicio exclusivo de los usufructuarios del poder público, político y de los gremios económicos.
Son hechos que explican, por qué cada gobernante resulta peor que el anterior, en todas las instancias del poder y por qué, ninguna reforma socioeconómica realmente equitativa y progresiva, logra aprobación en el congreso y por qué, el precario desarrollo de la nación y por qué los altos índices de inseguridad y criminalidad, pobreza y desempleo.
Basta observar el diabólico festín de mezquindades, intereses y apetitos, que exhibe en las campañas políticas y los resultados de las mismas y la degradante actitud y posición de los congresistas, representantes de las organizaciones de derecha y de los gremios económicos dominantes, frente a los proyectos de reformas económico-sociales del actual gobierno.
Colombia esta, socioeconómicamente, entre las seis naciones más inequitativas del planeta y de mayor concentración del capital y la riqueza, mayores índices de pobreza, subempleo, desempleo y criminalidad.
Las reformas positivas en lo económico, social, político y jurídico, que requieren urgente aprobación, para garantizar desarrollo integral nacional, son negadas o desvirtuadas o modificadas por el congreso, según personales conveniencias de la oposición. Con la condición previsible, que después de aprobadas, pueden ser desaprobadas o condicionadas por la Corte constitucional.
¿Y cómo eligen a los congresistas, magistrados y altos cargos del poder público?
Por votación “popular”, por nominación y designación de poder superior, procesos en los que se imponen, intrigas, clientelismo, politiquería, corrupción y conveniencias. Contrario al sano criterio democrático, que debe prevalecer.
El acceso a esas posiciones, debe ser únicamente por méritos académicos, perfiles éticos y morales, conocimientos académicos, capacidad de liderazgo, resultado de análisis de antecedentes y vocación de servicio demostradas.
Entre otros, deberían establecer institucionalmente que, los magistrados, en todos los niveles del poder judicial, deben ser totalmente ajenos, a las tendencias del poder político de turno y en todos los casos, deben ser seleccionados por concursos de méritos.
Pero ocurre lo contrario. En la burocracia colombiana, el tráfico de influencias se institucionalizó. Esta realidad entronizó la mediocridad en la burocracia oficial.
Observamos cómo las Cortes reflejan cada día mejor, el perfil y estatura intelectual del régimen gobernante.
Es tendencia acentuada desde el plan de desprestigio y persecución que les declaró a las Altas Cortes el gobierno de Uribe, hoy, máximo beneficiario de la impunidad judicial.
Sin duda son efectos de la penetración de la politiquería, el clientelismo, la inmoralidad, corrupción y la mediocridad, en el poder. Objetivo del Régimen: apoderarse del poder público, para ponerlo al servicio de sus personales intereses.
Los diabólicos hechos de inmoralidad, irresponsabilidad política y social, corrupción y festín de recursos públicos, en que están incursos funcionarios, exfuncionarios e individuos como el exfiscal general de la nación (Martínez), magistrados, jueces, fiscales, contratistas nacionales y extranjeros, militares, ministros, jefes de gobierno, entre otros, tipifican la debacle, el caos y la anarquía institucional, moral, económico y social, cuyos efectos llegan a todos los sectores sociales, pero con mayor dureza a los más pobres e impiden elo desarrollo nacional integral de la nación.
Lo que se conoce como clase política, prefiere guardar silencio cómplice calculado, desde el mismo Presidente de la República, a la espera de que los beneficios de la impunidad institucional, protejan, absuelvan y reivindiquen al sindicado.
La entrega del patrimonio público a particulares, se da a través de ferias de privatizaciones a favor de particulares y de endeudamiento público confiscatorio. De esta manera, la deuda pública externa e interna, la deuda contingente y por vigencias futuras, ya supera con creces el 100% del PIB.
De esa manera la apropiación presupuestal, para responder por el servicio de la deuda pública interna y externa, superó los $100 billones anuales 2023, y la deuda pública externa, a final del tercer trimestre superó los 126.000 millones de dólares, con lo que se acerca al 100% del PIB.
El endeudamiento de los gobiernos es frenético, mientras las exportaciones nacionales, caen consecutivamente, cada mes y los gremios económicos y financieros, en alianza con la extrema derecha y el uribismo se oponen y niegan toda reforma que, social, política y económicamente, que demanda el desarrollo nacional.
Así responden al clamor y reclamos justos de las mayorías nacionales, mientras festina el patrimonio y presupuesto público, sin solucionar nada concretamente.
Las naciones solo tienen una vía para superarse económica, social, técnica, científica y socialmente: consiste acabar con la pobreza y esto exige impulsar el conocimiento técnico-industrial y el crecimiento económico nacional, para generar empleo.
Los gobiernos hacen oídos sordos a la problemática socioeconómica nacional, por proteger el negocio privado y la acumulación de capital y riqueza, en pocas manos.
La educación, la salud, y todo tipo de servicio público, el modelo económico imperante, los convirtió en mercancías, entregadas a las dinámicas del mercado y del poder económico dominante, para que las exploten y aseguren la concentración del capital y la riqueza.
La educación es un negocio al servicio de la especulación económico-social, bajo el espejismo del festín de títulos de posgrado.
El conocimiento técnico-científico debe ser protegido por el poder público y debe ser pertinente con el desarrollo nacional y global. Son condiciones que demandan planeación racional responsable, a corto, mediano y largo plazo e inversión estatal, en calidad y redistribución del ingreso.
El pueblo sometido y segregado debe reaccionar. Debe liberarse de compromisos politiqueros. Debe dudar de sus dirigentes y exigirles cumplimiento de responsabilidades. Debe evitar volver a equivocándose, al elegir a sus gobernantes. Esto es válido en todos los niveles del poder público.
