Colombia, como el resto de países de Latinoamérica, ha sido una nación que ha dependido de la explotación, producción y exportación de los llamados “commodities”, o aquellos bienes del sector primario denominados materias primas, los cuales son exportados para su transformación e inclusión de valor agregado. Nosotros somos dependientes de las reservas de petróleo, carbón, esmeraldas, café, plata, oro, etc., pero no hemos podido migrar hacia un campo tecnificado ni hacia un sector industrial fortalecido. Mucho menos hacia modelos de producción sostenibles.
Prueba de esto son los ataques frontales que han hecho daños irremediables a nuestros ecosistemas como la ganadería intensiva, las llamadas locomotoras energéticas y mineras, las licencias ambientales “exprés” y la producción masiva de combustibles como el etanol o la siembra de la palma africana.
No hemos podido conciliar la búsqueda del desarrollo económico, social y cultural del país con las necesidades de proteger la megadiversidad en nuestro territorio. Esto es fundamental si queremos consolidar una ruta de construcción de paz en nuestra sociedad tan fraccionada.
La reciente polémica y movilización masiva de los colombianos en defensa del Valle del Cocorá y el municipio quindiano de Salento, son pruebas claras que los ciudadanos de nuestro país están buscando defender las riquezas naturales ante los embates de las multinacionales. Muchas veces pareciera que estas están apoyadas por el gobierno nacional. Una segunda lección que nos dejó esta marcha es que la movilización social, colectiva y organizada puede traer consecuencias relevantes. En este caso, la empresa multinacional renunció a los títulos mineros y permisos ambientales de explotación que se les habían otorgado desde la ANLA y el Ministerio de Minas y energía. ¿A quién en su sano juicio se le ocurre permitir la explotación de recursos naturales en esta zona? Solo hay que recordar que esa zona hace parte del Paisaje cultural cafetero, protegido por la UNESCO, además en esta es uno de los pocos ecosistemas en la que se encuentra la Palma de cera del Quindío, el árbol nacional de nuestro país, actualmente en vía de extinción.
La debilidad institucional del Estado colombiano, ha sido puesta en relieve cuando la Agencia Nacional de Licencias Ambientales (ANLA), entidad adscrita al Ministerio de Medio Ambiente, encargada de expedir las licencias y permisos ambientales para cualquier tipo de exploración o explotación minera, había concedido la posibilidad de explotar petróleo en la Serranía de la Macarena, en el departamento del Meta, muy cerca al emblemático río Caño Cristales, más conocido como el “río de los sietes colores”. La noticia generó indignación en diferentes sectores de la sociedad colombiana y se puso en la mesa el debate sobre el modelo de desarrollo.
Colombia, junto a Ecuador, Venezuela y Perú, algunas zonas de Centroamérica, Nueva Guinea y zonas de África oriental, son las únicas zonas del mundo donde se encuentra el ecosistema denominado Páramo. Este es fundamental para la vida del planeta y de los seres humanos que habitan en sus alrededores porque es una gran fábrica de agua potable; es el hábitat de muchas especies en vía de extinción pero también es una reserva enorme de recursos naturales como el oro, petróleo y otros recursos minerales. Por lo tanto, estos espacios son codiciados por las grandes multinacionales, como Golden Ashanti, que buscaban a costa de la destrucción de estos grandes ecosistemas, tan golpeados por el cambio climático, la explotación de los recursos mineros sin medir las consecuencias estructurales.
En este sentido, la sociedad colombiana en cabeza de grupos de ambientalistas y los congresistas del partido Polo Democrático Alternativo demandaron, ante la Corte Constitucional, el Plan de Desarrollo y los títulos mineros que habían sido concedidos a las mineras para explotar estas zonas. Este alto tribunal dio veredicto dictaminando y reafirmó lo dicho hace más de seis años: que la minería en los páramos está prohibida por las consecuencias tan graves que genera en el medio ambiente y por pone en riesgo derechos fundamentales y otros derechos tutelados por conexidad.
Ahora mismo Colombia está en un momento histórico. Las negociaciones entre el gobierno y las FARC, sumado a las conversaciones exploratorias con el ELN, abren una esperanza de trasformación para el país, azotado por la miseria, la desigualdad estructural y la falta de institucionalidad que responda a las necesidades de su población. En este sentido, es necesario que el Estado colombiano establezca estrategias de políticas públicas y otros mecanismos subsidiarios y complementarios que permitan un desarrollo sostenible, donde se busque el desarrollo económico, social, político, pero prestando especial cuidado a la protección del medio ambiente y su utilización responsable. Es de vital importancia que la construcción de paz y de cultura de la no violencia también tenga en cuenta el tema ambiental, como elemento que permitirá la subsistencia de la humanidad unos años más. ¿Será qué seremos capaces de cumplir los Objetivos de Desarrollo sostenible? ¿O nos rajaremos como pasó con los Objetivos del Milenio? ¿Podrá haber paz sin pensar en un medio ambiente sano y limpio para todos los colombianos?
@joshfersalcedom
