El domingo 27 de diciembre, a las 3:00 p.m., bajo un sol canicular y en medio de las festividades de fin de año, más de un centenar de habitantes de varios conjuntos residenciales de La Mesa, Cundinamarca, se congregaron en la vía Bogotá-Girardot, en la salida hacia Anapoima, con ollas, cacerolas, botellones de plástico y vuvuzelas. Gritaban: ¡Queremos agua! ¡Queremos agua! ¡Queremos agua!
Este grito se hace cada día más fuerte en muchas poblaciones de Colombia y el mundo. En Colombia, el problema se agravó y se viene agudizando desde la Constitución de 1991, cuyo artículo 365 dio vía libre a la privatización de los servicios públicos. Desde entonces dejamos de ser usuarios para convertirnos en clientes. Los grandes beneficiarios del negocio son principalmente el capital financiero y sus trasnacionales.
Lo más preocupante es la respuesta clientelista de Santos: hacer casas sin tener resuelto del todo el problema de los servicios públicos. Brilla, además, por su ausencia, una verdadera política pública de defensa del ciclo hidrológico y de encima Santos acaba de vender a Isagén, la gallina de los huevos de oro. El impacto de esta venta en el tema del agua es preocupante. Por ejemplo Abdón Espinosa Valderrama con "cierto dolor de patria” dice: "en esta venta cabe suponer que incluye las aguas de sus hidroeléctricas y, en esta hipótesis, preguntar si es por toda la eternidad”.
Para colmo, el gobernador de Cundinamarca, Jorge Rey, se conforma con continuar “con la contratación de carro-tanques y la solicitud de un préstamo de 350.000 millones de pesos” para atender la crisis actual.
Recordemos que en el 2008 el mismo Rey, como alcalde de Funza, respaldó el Plan Departamental de Agua. Así, 107 municipios comprometieron vigencias futuras en la creación de la Empresa Pública de Cundinamarca que prometía garantizar el abastecimiento de agua potable para el departamento, lo cual, obviamente, esta aún por verse.
¿Qué hacer? Debemos retomar los puntos del referendo: “1. Que el acceso al agua sea un derecho fundamental. 2. Que se garantice un mínimo vital gratuito para los hogares colombianos. 3. Que los servicios públicos de acueducto y alcantarillado no se privaticen y sean prestados por entidades públicas o por acueductos comunitarios sin ánimo de lucro con participación y control social. 4. Que se garantice la efectiva conservación del medio ambiente necesario para que haya agua abundante y limpia”.
Para este referendo recogimos más de dos millones de firmas, pero infortunadamente la mayoría de congresistas no las tuvo en cuenta. Lo anterior reafirma que solo cuando la población se organice en ligas y comités de usuarios y en toda Colombia se escuche el grito: !QUEREMOS AGUA!, con la contundencia con que lo hacen los habitantes de La Mesa, Facatativá, Ibagué y muchas otras localidades, seremos escuchados y acatados.
